Nuevamente, una problemática sobre la Cuestión Malvinas ha copado las primeras planas de los diarios más importantes del mundo, pero esta vez, ni Argentina ni Inglaterra fueron los principales protagonistas. Por el contrario, en esta ocasión lo fueron los falklanders, y lo hicieron por medio del voto.
En un momento en que Argentina está llevando a cabo una política exterior muy activa en busca del reconocimiento de la soberanía sobre las islas Malvinas, se produjo lo que Gran Bretaña tanto esperaba: el referendum de las Islas Malvinas. Convocado por las autoridades locales, el mismo tenía por objetivo que los habitantes de las islas expresaran su posición sobre si continuar o no siendo un territorio del Reino Unido.
Lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿Cuánto tuvo que ver Gran Bretaña en todo esto? y ¿Cómo afecta el referéndum a la problemática de la soberanía?
Sin embargo, antes de empezar a desarrollar los resultados del referéndum, creo necesario presentar en detalle cuál es la situación actual de las islas “Falkland”:
Desde 1993, estos territorios están agrupados en la Ukota (United Kingdom Overseas Territories Asociation), asociación cuya finalidad es promover los intereses de sus integrantes, y fortalecer la fraternidad y las relaciones colectivas e individuales con Gran Bretaña. La misma está ligada a la Commonwealth of Nations, organización de países que comparten lazos históricos con la corona británica y que tiene por objetivo la cooperación internacional en el ámbito económico –por sobre todas las cosas- y político (más precisamente, las islas se encuadran dentro de los denominados Territorios Británicos de Ultramar, circunscripción que se encuentra bajo soberanía exclusiva del Reino Unido).
Y aunque la ONU la haya declarado en reiteradas ocasiones que Malvinas debe ser considerado uno de los tantos casos de descolonización y, por lo tanto, ha reconocido la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido por su soberanía (incluso, en 1985, las Naciones Unidas rechazó la propuesta británica de aplicar el principio de libre determinación de los pueblos), este último ha aprovechado su poderío para manejar la situación a su antojo y, por ejemplo, ha “dotado” incluso de una Constitución a los isleños. El gran problema de esta Carta Magna es que aparenta ser democrática y los fundamentos para afirmar esto son los siguientes: primero, si bien los isleños gozan un gobierno propio, la figura del gobernador es elegida por la reina Isabel II; y segundo, es el gobierno británico quien se encarga de la protección militar, las relaciones exteriores y los asuntos de negocios.
Partiendo de esta base es que analizaremos el referéndum:
Aunque en las islas residen un poco más de 2500 personas (en este número no incluimos los civiles que viven en ella pero que trabajan en la guarnición militar, ni mucho menos los miles de soldados británicos que conforman la base militar-imperial más austral del continente americano –una de las más grandes de Sudamérica-), tan sólo 1672 integran el padrón, pues para gozar de este privilegio es necesario tener siete años de residencia y toda la documentación al día. De esta forma, si bien en la votación participó el 92 % de los empadronados, la realidad es que sólo un poco más de la mitad de los habitantes de las islas pudo expresar su opinión.
En cuanto a los números que arrojó, 1513 personas (el 98,8 por ciento del padrón) votaron a favor de que las islas mantengan el estatus político actual, y tan sólo tres lo hicieron en contra (y un voto fue impugnado). Este masivo voto por el “Sí” era fácil de preverse, ya que durante la votación en ningún momento se pudo apreciar alguna manifestación contra el control británico (algo que la prensa nacionalista argentina esperaba de los 10 argentinos que habitan allí) y porque, demostrando su inclinación por el “Sí”, muchos isleños fueron a votar con todo tipo de vestimenta, paraguas y demás accesorios adornados con la bandera británica o la de las Falkland (banderas que se asemejan mucho entre sí [1].
Ante estos resultados, los gobiernos de ambos Estados dejaron en claro su posición antagónica frente a la disputa por la soberanía: el primer ministro James Cameron, cuyo objetivo es que el concierto internacional ratifique los intentos de autodeterminación de los falklanders para descartar así todo tipo de reclamo argentino por la soberanía de estos territorios insulares, declaró que "los argentinos deben respetar el principio de autodeterminación", y que "mientras los isleños quieren seguir siendo británicos, siempre vamos a estar ahí para protegerlos”. Del otro lado, basándose en su estrategia diplomática de reclamos pacíficos, y la búsqueda constante del apoyo de otros Estados, Argentina apunta a que los dos países involucrados puedan debatir un tema de vital importancia como es la soberanía (algo que el país sudamericano tuvo que resignar incluso en la firma del tratado de paz –Tratado de Madrid-, cuando el gobierno de Menem tuvo que abrir el “paraguas a la soberanía”); y por ello es que la embajadora Alicia Castro considera al referendum ilegal, una expresión de deseos que no tiene ningún valor para el Derecho Internacional pues “no está supervisado por la ONU y ni siquiera el Reino Unido pidió a la ONU que lo hiciera”.
En relación a la primera pregunta planteada debemos decir que si bien el referéndum es una medida concretada por los propios habitantes de las islas, el mismo fue impulsado por el gobierno británico, que -una vez estipulado para el mes de marzo- se encargó de promocionarlo como el medio ideal para que en el mundo se oiga la opinión de los isleños. En palabras de Cameron: "los isleños están haciendo oír su voz en un referéndum". Sin embargo, para Argentina, quienes están haciendo oír su voz son también británicos que residen en las islas (en una de las declaraciones de Castro podemos apreciar esta postura: "sólo los ciudadanos británicos -que residen en aquellos territorios insulares coloniales- participan, y es organizado por británicos, para británicos con el fin de que digan que tienen que seguir siendo británicos".
La celebración de un referendum en un territorio disputado por Gran Bretaña no es una novedad, ya que una estrategia similar aplicó en Gibraltar – territorio que disputa a España- en 1967. En este caso, invocando a la Resolución Nº 1514 (de 1960), los ingleses convocaron a que los habitantes a decidan si querían ser británicos o declararse independientes, pero los españoles lograron que la ONU desconozca sus resultados argumentando que la población del estrecho no era originaria del lugar. Llama la atención que, tanto en el caso de Malvinas como en el de Gibraltar, las opciones a votar se reducían a continuar perteneciendo al imperio o no, descartando toda posibilidad de que el otro Estado en disputa (Argentina para el primer caso y España para el segundo) pueda ser considerado una alternativa de votación.
De todas formas, si lo que se pretende con este plebiscito es brindar una solución a la disputa entre ambos países por la soberanía, Gran Bretaña se está equivocando al apartar del juego a Argentina, porque lo único que logra es convertir a este recurso en un instrumento aún más ilegítimo de lo que es. Los organismos internacionales han declarado en innumerables ocasiones que la única alternativa posible es negociación entre los dos estados, y por ello es que exigen – aunque sin lograrlo- que Gran Bretaña acepte reunirse con Argentina (algo que en la actualidad parece imposible por los constantes enfrentamientos entre los representantes de ambos países).
En fin, resulta tragicómico escuchar al primer ministro británico resaltar la importancia de escuchar la opinión de los habitantes del territorio en disputa ya que, por ejemplo, esto es algo que ni si quiera se interesaron en saber de los habitantes de Hong Kong cuando lo devolvieron a China en 1997, tras usurparlo por 99 años.
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