Reflexión sobre la paz

Columnista Carlos Herrera Rozo.

Hubiera querido tener una mayor participación en la elección del candidato a la presidencia de la república pero no siempre las cosas salen como uno desea. Comenzare por felicitar a todos los ciudadanos que votaron por la PAZ, e invitar a todos los que votaron por la GUERRA a reflexionar sobre la PAZ y el futuro de las nuevas generaciones de COLOMBIANOS. Se que quienes tuvimos la desgracia de nacer dentro del conflicto somos mas conscientes de los daños padecidos, del lastre que nos impide avanzar y, por lo mismo, de la inminente necesidad de llegar a acuerdos de PAZ que garanticen la libre convivencia.

Los pueblos Democráticos,sin excepción, cuando firmaron el contrato social lo hicieron conscientes de que sin el la libre convivencia devendría imposible. Es por ello que, la PAZ, es el mayor bien dentro de las democracias representativas, y que, sien el, todas las demás normas legales y los bienes que de ellas se desprendan desaparecerán o dejan de tener sentido practico toda vez que no podrán aplicarse en plenitud ni disfrutarse sin temor. Es por ello que, este preciado bien, la consecución de la PAZ,es una tarea que no solamente obliga al Ejecutivo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,sino a todos los ciudadanos en su conjunto. porque todos somos los titulares del deber de reconciliación entre hermanos en el convencimiento de que la relación de fuerzas sea sustituido por relaciones de colaboración y entendimiento con la vista puesta en el bien común.

De todo lo anterior se desprende que no puede haber PAZ verdadera sin JUSTICIA SOCIAL. Si queremos acabar con el conflicto tenemos la necesidad ineludible de reestructurar el estado y por consiguiente la política, con mayúsculas, sin revanchismos que hagan fracasar los mas sinceros propósitos. Si no lo hacemos así solo alcanzaremos paces de componenda, como todas las ya firmadas, en las que absurdamente se reconoce una porción de PAZ O DE JUSTICIA SOCIAL que no se corresponde con los intereses ciudadanos ni da soluciones claras a los grupos en conflicto sino que hace caso a intereses espurios mas preocupados por sus privilegios que por los intereses de la nación. La PAZ conseguida de esta forma ni es justa ni, por lo mismo, equitativa, es una PAZ impuesta por el mas fuerte.

Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no somos capaces de ver al otro como nuestro legitimo contradictor con los mismos derechos, deberes y obligaciones dentro del marco constitucional vigente, no lograremos otra cosa que anestesiar las INJUSTICIAS SOCIALES con un pacifismo ramplón donde se vayan amontonando unas encima de otras nuevas querellas y demandas por el incumplimiento de la JUSTICIA hasta que, como siempre ha ocurrido, en nuestra patria verde y herida, la falsa paz establecida sea una montaña de injusticias que vuelva a reventar en mil llagas purulentas. Tienen que entender tanto los gobernantes como los gobernados que la PAZ no es la ausencia de GUERRA, ni un equilibrio entre fuerzas adversas, sino la búsqueda de un ORDENAMIENTO LEGAL BASADO EN LA JUSTICIA SOCIAL que exige darle a cada cual lo que se merece: Castigo, dentro de la ley, al criminal, resarcimiento de las victimas y garantía de que la INJUSTICIA no podrá seguir reinando para los desaprensivos en el uso de la fuerza para garantizar sus privilegios.

Invito a todos los Colombianos, especialmente a las gentes jóvenes, a releerse la historia de los últimos setenta y cinco años del país para, con ello, tener una mejor perspectiva de lo que ha ocurrido y de la urgente necesidad de llegar no a una Pax Romana simo a una PAZ pactada por todas las fuerzas vivas de la nación con el animo siempre dispuesto al buen entendimiento entre las partes por el bien común y por una JUSTICIA SOCIAL SIN FISURAS NI REVANCHISMOS.

Citare un par de ejemplos para hacer mas comprensible esta disertación sobre la PAZ:

Terminada la segunda Guerra Mundial, la sociedad de naciones se volcó en construir un nuevo orden mundial que preservara a las generaciones venideras de la tortura de la guerra instituyendo la norma del recurso a la fuerza solo en el caso excepcional de la legitima defensa y las medidas de mantener la PAZ apelando siempre al Consejo de Seguridad. Lamentablemente las supuestas “garantías” que se exigían pendían mas, y así sigue ocurriendo, de los intereses de las potencias que se sientan en el Consejo antes que proteger el bien común. Las Grandes Potencias se han dedicado por entero a proteger sus intereses geo-estrategicos y económicos sustentados en sus principios “democráticos” inicuos a costa de la ruina de generaciones enteras y del fracaso de las naciones que padecen sus decisiones: La reciente guerra contra IRAK promovida por el grupo de las AZORES, George W. Buhs, Tony Blair y Jose María Aznar es un claro ejemplo de este proceder, pero también el mantenimiento de guerras intestinas como ha ocurrido en RUANDA, Afganistán, Israel y Palestina, Nigeria, República Centro Africana, Colombia, República del Congo, Somalía, Sudan, etc,etc. todos estos países sujetos al expolio continuado de sus recursos naturales y, para conseguirlo, manteniendo por medio de la guerra, su fragilidad interna.

Liberalismo y Seguridad democrática

Columnista Carlos Herrera Rozo.

La seguridad democrática se incluye entre esas palabras cajón de sastre a las cuales ya casi nadie prestamos atención puesto que nos son familiares y, por lo mismo, a veces, demasiado extrañas, tan acostumbrados estamos a la represión. Erigida en prioridad política desde hace unos cuarenta años, esta nueva denominación del mantenimiento del orden a menudo cambia de pretexto (LA SUVBERSIÓN POLÍTICA, EL “TERRORISMO”, EL COMUNISMO, LA IZQUIERDA, LA CRIMINALIDAD COMÚN, EL PARAMILITARISMO, ETC, ETC...), pero conserva su propósito: controlar a las poblaciones e impedir su libre y normal desarrollo de conformidad con EL PACTO SOCIAL QUE SE HA DADO PARA VIVIR EN CONVIVENCIA. Para comprender y desbaratar la razón de la seguridad del Estado, hay que entender su origen y remontarse a finales del siglo XVIII…y siguientes…

Fue George Washington, protestante convencido que dispuso que en su losa funeraria se reprodujera Juan 11:25-26, el que afirmó que “la verdadera religión proporciona al gobierno su más seguro apoyo”.

"El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen".

Samuel Adams, uno de los principales provocadores del movimiento de independencia con sus The Rights of Colonists as Subjects (Los Justos Derechos de los Colonos de su Majestad) (1772) no sólo vio con claridad que el poder tenía que estar dividido y separado a causa de la Caída sino que además indicó que los derechos de los americanos “pueden ser mejor entendidos leyendo y estudiando cuidadosamente las instituciones del Gran Legislador y la Cabeza de la Iglesia cristiana, que se encuentran claramente escritas y promulgadas en el Nuevo Testamento”.

“No se necesita una mayoría para prevalecer... sino más bien una minoría furiosa, incansable, deseoso de establecer brushfires (INCENDIOS) de la libertad en las mentes de los hombres”.

Patrick Henry –que en una carta a su hija escrita en 1796 enfatizó que la religión era mucho más importante que la política– afirmó categóricamente: “los hombres malos no pueden ser buenos ciudadanos. Es imposible que una nación de infieles o idólatras sea una nación de hombres libres”.

"Los caballeros pueden gritar Paz, Paz-- pero no hay paz ¡De hecho, la guerra ha empezado! ¡El próximo vendaval que venga del norte traerá a nuestros oídos el ruido de armas entrechocando! ¡Nuestros hermanos ya están en el campo! ¿por qué permanecer aquí inactivos? ¿Qué es lo que desean los caballeros? ¿Qué prefieren tener? ¿Es la vida tan preciada, o la paz tan dulce, como para que se compre al precio de cadenas y esclavitud? ¡No lo permitas, Dios Todopoderoso! No sé qué camino pueden tomar otros; pero en lo que respecta a mí, denme libertad o denme muerte".


Alexis de Tocqueville, el erudito liberal que estudió la democracia como pocos, pudo escribir de los Estados Unidos: “el modelo bíblico de “una ciudad en la colina” era el objetivo relevante de la acción política. Los predicadores puritanos pidieron el establecimiento de una “Santa comunidad” gobernada según los modelos derivados de los principios cristianos de moralidad y justicia”.

“El comercio es el enemigo natural de todas las pasiones violentas; hace a los hombres independientes los unos de los otros y les da una alta idea de su importancia personal, que les lleva a querer gestionar sus propios asuntos y les enseña a tener éxito en ellos. Por lo tanto, los inclina a la libertad, pero poco a la revolución”.

Por añadidura, en no pocas ocasiones, la lucha por las libertades acabó reduciéndose a un enfrentamiento feroz entre un deseo de la iglesia católica de mantener privilegios frente al empuje de la masonería y el comunismo que la veía como a una rival peligrosa, pero que tampoco aspiraba a la democracia sino a un gobierno en la sombra con ropajes democráticos, además de los mezquinos intereses privados que exigían, de los partidos políticos, su cuota en el reparto del pastel del Estado. El resultado de ese trasfondo fue lo mismo el Terror de la Revolución Francesa que desembocó en la dictadura de Napoleón que el proceso independentista de Hispanoamérica dirigido por una Logia masónica – la Logia Lautaro – a la que pertenecieron Bolívar o San Martín entre otros y en cuyas constituciones se indicaba taxativamente que no habría democracia tras la desaparición del poder colonial español sino un gobierno en la sombra sostenido, entre otras circunstancias, por un control de los medios de comunicación y de la hacienda pública por los intereses privados. Entre esas concepciones y el espíritu de los puritanos media un abismo y no debería sorprendernos que los resultados hayan sido tan diferentes a lo esperado.

La Doctrina de la Seguridad Nacional en Colombia es un modelo político y militar, fruto de la guerra fría, diseñado por Estados Unidos para ser aplicado sobre América Latina con el fin de detener la consolidación del “comunismo” y los movimientos sociales progresistas en esta parte del globo después del triunfo de la Revolución Cubana hacia los años 60. Empero pese a la caída del muro de Berlín tal modelo ha sobrevivido en el sistema político colombiano a lo largo de su historia; cobrando especial vigencia bajo el signo de la Seguridad Democrática con el Presidente Alvaro Uribe Velez, que bien puede dibujarse en el siguiente dialogo:

El Gobernador:

-Vuestro gobernador os saluda y se alegra de veros reunidos como de costumbre en estos lugares, en medio de las ocupaciones que constituyen la riqueza y la paz de Cádiz. No, decididamente nada ha cambiado, y eso es bueno. Los cambios me irritan, me gustan mis costumbres.

-Un hombre del pueblo:

-No, gobernador, nada ha cambiado en verdad, y nosotros los pobres podemos asegurártelo. Los fines de mes son bien apretados. Nos alimentamos de cebolla, pan y aceitunas, y estamos contentos de saber que otras gentes comen siempre el domingo puchero de gallina.

Esta mañana ha habido ruido en la ciudad y por encima de la ciudad. En verdad, hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo de que algo cambiara y que, de repente, los miserables se vieran obligados a alimentarse de chocolate. Pero gracias a tus cuidados, buen gobernador, se nos hizo saber que no ha ocurrido nada y que nuestros oídos habían oído mal. Otra vez nos sentimos seguros contigo

-El Gobernador:

-El gobernador se alegra mucho. Nada bueno hay en lo nuevo.

-Los alcaldes:

-¡Bien habló el gobernador! Nada bueno hay en lo nuevo. Nosotros, alcaldes, con la sabiduría que confieren los años, queremos creer que nuestros buenos pobres no han querido adoptar un aire irónico. La ironía es una virtud que destruye. Y un buen gobernador prefiere los vicios que construyen.

-El Gobernador:

-¡Durante la espera, que nadie se mueva! ¡Soy el rey de la inmovilidad!...-

Tomado de El Estado de Sitio, espectáculo en tres partes, Albert Camus, Alianza Editorial, Madrid 1972

Mirar detrás de las palabras para saber lo que realmente se dice es una costumbre poco habitual entre los seres humanos, sin terminar de comprender que de tarde en tarde, las palabras cambian su contenido transformándose al mismo ritmo en que la sociedad cambia de modas, valores y costumbres. Por ello nos es tan difícil a veces comprender en el argot político lo que el líder de turno quiere significar en su discurso, tanto más cuanto que, lo que dice, difiere en lo fundamental de lo que piensa movido por intereses ajenos, por su propio interés o por desconocimiento, o conocimiento a medias, de los principios ideológicos que defiende. Así. por ejemplo, hablar de la palabra Democracia nos remitiría a la Grecia de hace 2500 años y a su iniciador Clistenes quien dio los primeros pasos dándole a sus “ciudadanos” cierta participación en el manejo de la COSA PUBLICA. Luego pasamos por los criterios ideológicos de Platón y Aristóteles, Maquiavelo y, de sobre salto en sobre salto, llegamos a los siglos XVIII Y XIX y a los nuevos pensadores del Estado como Locke, Hobbes, Voltaire, Rousseau, Hegel, Kelsen, Marx y otros que, de sus lecturas deducimos las diferencias de criterio que le dan contenido, según el autor, a la palabra Democracia.

De la misma forma podemos proceder con el vocablo LIBERAL, hoy tan en boga en todas las gargantas, pero cuya comprensión, aun para los expertos, es cada vez más difícil dado a la multiplicidad de matices que se le ha dado a su significado. Realicemos un pequeño recorrido por esta acepción a través del tiempo:

A finales del Siglo XVIII los pensadores de la Ilustración Stuart Mill, Adams Smith, John Locke, Hume, Voltaire y otros consiguen, con sus nuevas teorías, que este vocablo cambie su naturaleza que hasta entonces estaba orientado a significar al hombre que era de espíritu abierto, tolerante y amplio, en las relaciones con los demás, sin ninguna connotación política ni religiosa. A partir del Siglo XVIII con dicho vocablo se significo la lucha contra la esclavitud, la servidumbre y la intervención del Estado en los asuntos privados, defendiendo la propiedad privada, la competencia, el libre comercio, el individualismo y el rechazo a los dogmas y el absolutismo. En el siglo XIX se entiende por liberal al libre pensador, laico, que cree en la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, la educación libre que permita al hombre emanciparse del oscurantismo medieval que aun arrastra, la eliminación legal de los regímenes totalitarios que permitan la eliminación de los enfrentamientos civiles. El Liberal se convierte en el defensor de los derechos humanos y de la democracia como producto DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA y las nuevas ideas de los enciclopedistas.

El siglo XX se inicia con la difusión de las ideas Marxistas y el socialismo; los liberales influidos por los más radicales y los economistas al servicio del poder financiero desdibujan el sentido político del movimiento apartando cada vez más al estado de sus obligaciones de arbitro entre la sociedad y el buen desarrollo del sistema económico y la propiedad privada sin perder de vista el interés general. El liberalismo deja de ser la vanguardia política al compartir con los conservadores la defensa del Capitalismo y de los mercados alejados del poder regulador del Estado, en el entendimiento, según su criterio, de que los mercados por si solos, sin la intervención estatal, están en capacidad de regularse a sí mismos y de equilibrar y repartir la riqueza entre la sociedad quitándole al fisco, vía impuestos, la justa redistribución del ingreso. La polarización del sistema comunista obliga a gran parte de sus afiliados a la creación del socialismo democrático y a tomar posiciones centristas más acordes con el interés de las mayorías sociales y a convertirse, por fuerza, en el representante de los intereses populares. La desnaturalización de las doctrinas liberales, el apego a tesis económicas alejadas de su propia ideología para ganar votantes dentro de las grandes fortunas, consiguieron crear el dogma inédito, hasta entonces, de que el liberalismo garantizaría la libertad de mercados y la resolución con ello de las diferencias sociales. Con tales dogmatismos han confundido su campo de acción con la derecha política e inclusive con el neo-fascismo a través del neo –liberalismo defendido, por unos y por otros, a expensas de ingentes sacrificios sociales. Hoy es tal la confusión de los diferentes roles ideológicos de los partidos políticos que Gobiernos como el de Pinochet en Chile, Margaret Thatcher en el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, Santos en Colombia o Rajoy en España son liberales gracias a las privatizaciones de las empresas públicas, a la reducción de los derechos laborales de las clases trabajadoras, al impulso del individualismo y de la libertad sin fronteras de los grandes capitales y grupos financieros sacrificando, sin esperanzas, a los que menos tienen y a la oprimida clase media. El liberalismo que debía proteger a un amplio espectro de la población que por principios ideológicos compartía un denominador común se plegó a los intereses. Económicos y abandono los principios sociales propios de su corpus programático. En algunos países desarrollados, con democracias estables, socialistas, socialdemócratas, liberales y conservadores han establecido consensos que permiten cierta estabilidad política e institucional que le dan equilibrio a las políticas sociales y económicas amenazado hoy por el neo-liberalismo, el neofascismo, grupos de ultraderecha y comunistas a ultranza que aun luchan por mantenerse dentro del espectro político contemporáneo. Es verdad que el comunismo ha desaparecido como régimen político pero también es cierto que las causas de su aparición, de su poder de conquista de la conciencia social aun sigue vigente mientras no desaparezcan las grandes desigualdades sociales que le dieron origen al movimiento.

En América Latina la estabilidad política sigue siendo precaria, los riesgos de regresión a épocas oscuras siempre están presentes, la cultura democrática dentro de las distintas clases sociales es escasa, opaca y deformada; como ejemplos de democracias asentadas en América Latina podrían citarse a Uruguay y Costa Rica. Es cierto que las dictaduras en esta parte del mundo han desaparecido pero perviven las diferencias sociales, las desigualdades económicas y culturales dentro de los diferentes grupos sociales del continente haciendo cada vez más precaria la estabilidad política y más difícil de erradicar los movimientos subversivos y ciudadanos que exigen mayor participación política y un mayor consenso en las decisiones que afectan a todos los ciudadanos por igual sin que encuentren eco dentro de la clase política. Al parecer la clase política no ha entendido, quizás debido a su presencia permanente generación tras generación en los puestos de comando, que la democracia para serlo obedece a la permanente participación ciudadana en las grandes decisiones del Estado y no solamente en las elecciones. Cuando los gerifaltes de la política comprendan que el libre disenso, la libertad ideológica, social, cultural, económica y la justicia social hacen avanzar las sociedades hacia un mayor principio de equidad en la riqueza, en derechos, en oportunidades y, por consiguiente, en la coexistencia pacífica con respeto al contrato social no saldremos del subdesarrollo, del populismo, del clientelismo y de los conflictos sociales que impiden el normal desarrollo de la democracia y de la sociedad.

En estas últimas tres décadas el desmantelamiento del Estado ha estado a la orden del día. El neo liberalismo ha impulsado la idea de que el Estado debe reducirse al máximo para que sea eficiente permitiendo que los grandes grupos financieros multinacionales, industriales y comerciales tomen el control de la economía, incluidos los servicios públicos, con el argumento de que los mercados se regulan solos permitiendo una mayor y mejor distribución de la riqueza en un régimen de mercado libre, universal, para darle paso a las compañías multinacionales, en donde, por convenios multilaterales que rozan lo inconstitucional, se proteja y se respete la propiedad privada. Al estado solo le quedara, de continuar con este proceso, el ejercicio de la fuerza, el orden público y el establecimiento del orden legal ciego y cojitranco toda vez que la salud y la educación paulatinamente han ido pasando a manos privadas. Este tipo de reformas sin consenso social han producido más mal que bien polarizando la sociedad y los partidos políticos tanto de derechas como de izquierdas prestándole un flaco favor a la democracia y permitiendo, a petición de parte interesada, que los gobiernos refuercen la seguridad para mantener el orden publico a expensas de los derechos personalísimos de los ciudadanos, violando los derechos humanos y la legalidad vigente. Es prudente recordar aquí a Benjamin Franklin quien afirmaba:

“No es posible que nosotros hayamos pensado en someternos a un Gobierno que con el mayor desenfreno, salvajismo y crueldad ha quemado nuestras ciudades indefensas, excitado a los salvajes a asesinar a nuestros pacíficos labradores, a nuestro gobierno que aún ahora está trayendo mercenarios extranjeros para anegar en sangre a nuestros colonos. Estas atroces felonías han extinguido la última chispa de afecto por ese país pariente que tanto amamos en otro tiempo...”

Volviendo a la Seguridad Democrática vale tener presente, según nos cuenta Ryszard Kapuscinsky, que en enero de 1974 el general Abebe Beleta se detuvo en el Cuartel Gode durante una visita de inspección… Al día siguiente llego al palacio de el Emperador de Etiopia: el general había sido arrestado por los soldados, que le obligaban a comer lo mismo que ellos. Unos alimentos en estado de putrefacción que algunos temen que el general enferme y muera. El Emperador envió una patrulla aerotransportada de su guardia personal, que libero al general y lo llevo al hospital. Esta historia nos pone al frente de la realidad que hoy vivimos en muchos lugares del mundo donde por imposición y para preservar intereses privados el Estado endurece las normas de convivencia violentando la legalidad constitucional que juro defender. El neoliberalismo y la Seguridad Democrática se han emparentado para impedir el acceso de los ciudadanos al ejercicio pleno de sus derechos democráticos.

Luis Carlos Restrepo antes de entrar a formar parte del gobierno de Uribe como Alto Comisionado para la Paz escribió en su libro “Mas allá del Terror” Abordaje Cultural de la Violencia en Colombia que, “La violencia en Colombia es un mecanismo para la conservación de prejuicios y jerarquías. La fragilidad de nuestra vida civil reside precisamente en la tentación de los estadistas a inclinarse por la represión y la guerra cuando se sienten acorralados y confrontados. El líder aparece entonces investido de una fuerza sanadora que le permite recurrir a la violencia para “proteger la integridad del cuerpo social”. La negrilla y el entrecomillado es mío. Este fragmento nos revela la verdad de la Seguridad Democrática, sin olvidar que el New York Times dedico a la ley de Justicia y paz un editorial titulado : “Colombia Capitula ante la Mafia Terrorista” en el que afirma que debería llamarse “la ley de la impunidad para asesinos en masa, terroristas y grandes narcotraficantes.

De todo lo anterior se deduce que en Colombia la violencia política ha corrompido a la democracia. Los crímenes y las amenazas de muerte determinan quien controla el poder y la riqueza, hechos que se manifiestan en la estrecha relación entre los grupos paramilitares, los partidos políticos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, las élites económicas y el ingreso al país gracias a convenios multilaterales de las compañías multinacionales.

Lo que está en juego es el futuro del país: si sus instituciones podrán librarse del control de quienes recurriendo al crimen organizado mantienen el ejercicio del poder. El tema de fondo en Colombia, a día de hoy, va mas allá de salvaguardar el proceso de paz, aunque también, y de poner en negro sobre blanco toda la verdad y garantizar la justicia por las atrocidades cometidas. Si lo conseguimos habremos salvado las instituciones democráticas alejando el país y a las nuevas generaciones de ciudadanos de la violencia política, de la corrupción generalizada y del baño de sangre que durante tanto tiempo hemos padecido.

Motivos para la desobediencia civil y la insurgencia

Columnista Carlos Herrera Rozo.

En Colombia ya no tenemos recuerdo cierto, fecha fija, de cuando se inicio la violencia política. Todos los Colombianos, por activa o por pasiva, hemos nacido y vivido dentro de la contienda sin que nadie nos dé explicaciones y, en el evento de que las den, son tan parciales y amañadas que rozan lo irracional y provocan mas malestar que atisbos de solución. Lo único verdaderamente cierto es que ha existido y existe un grupo minúsculo de ciudadanos que, prevalidos del poder que les han otorgado las urnas, le han sacado suculentos beneficios económicos a la contienda, y que gracias al uso abusivo del mandato que les otorgaron sus conciudadanos, para mantenerse al frente del estado, ofrecen sacar al resto de la población de la pobreza en que siempre la han mantenido al vaivén de los ritmos económicos.

Es curioso, por decir lo menos, que con mayor o menor fuerza todos los grupos políticos de centro, de derecho o izquierda, ismos mas , ismos menos, se declaren adalides en la defensa de los pobres. También es cierto que dentro de estos grupos políticos algunos tienen un mayor compromiso con la ciudadanía que otros. Alguno de ellos hace un mayor esfuerzo para conseguir que la igualdad de oportunidades, tan pregonada en el Contrato Social, sea una realidad, mientras que otros, con menos conciencia, retuercen la realidad y ponen la pobreza como si ella fuera culpa de los propios pobres, es decir, como si se fuera pobre por pereza al trabajo y no como producto de una explotación laboral injusta. Dicho de otra forma hay quienes creen, de mala fe por cierto, que la pobreza es un problema relacionado con las familias rotas, los problemas de delincuencia, la falta de educación, de cultura, de dependencia que las ayudas públicas no hacen sino agravar, amén de otras variables que no debemos perder de vista en el análisis de los problemas sociales para darles explicaciones globales y soluciones universales de conformidad con el Contrato Social al cual nos debemos. De otra parte, no debemos perder el punto de vista de la derecha extrema, según el cual, despotricar contra los pobres es una buena política toda vez que con ello se salvan las políticas neo-liberales, tan en boga hoy en día, y que solo benefician a los grandes pulpos financieros internacionales en detrimento del resto del tejido económico de una nación, de forma especial, de los pequeños industriales y comerciantes , y de manera grave , de los emprendedores.

Si somos un poco más exigentes tenemos la obligación de auscultar lo que afirman hoy las principales corrientes sociológicas en relación con la pobreza que azota las sociedades contemporáneas por ser bien diverso a lo que ocurría en los años 60 o 70. Antes los salarios subían de conformidad con la inflación y en relación con la productividad del trabajador, y hoy, de acuerdo a la productividad que declare la empresa, de buena o de mala fe, por cuanto el estado carece de controles efectivos para conocer los beneficios de los empresarios. Este sistema ha conseguido que la mayor parte, casi un 80%, de la manos de obra haya sufrido una rebaja considerable en sus salarios, llegando en un alto porcentaje hasta el 50%. Esta rebaja en los salarios de los trabajadores, y no el deterioro social, si su consecuencia, es la razón por la que la pobreza es cada día más grave ,con el inconveniente agregado que el país, en general, es cada vez más pobre, los problemas sociales más acusados, la criminalidad en aumento, la violencia social a flor de piel y la brecha entre unos pocos ricos y los pobres cada vez más amplia. Dicho con mayor claridad, más aun si cabe, la pobreza se ha convertido en parte de un problema más general de aumento de la desigualdad salarial, de una economía basada en los principios ideológicos del Neo-liberalismo, según la cual todos los rendimientos del crecimiento económico deben ir a parar a manos de una pequeña élite, mientras el resto de la población, a pesar de su esfuerzo laboral en las cadenas de montaje, debe quedarse atrás.

Ahora bien, ¿debe quedarse la ciudadanía inerme ante estos hechos o debe protestar?

Seguramente la posición más conservadora del ámbito social responderá que NO SE DEBE RESPONDER. Y, como de costumbre, argüirán en su favor que El ESTADO es el PROBLEMA y no la SOLUCIÓN. Que el Estado no debe intervenir en la cosa económica dado que la economía, según ellos, es del ámbito privado. Cuando se trata de beneficios, tanto para los bancos como para las grandes empresas y multinacionales, los beneficios son privados, pero cuando se trata de perdidas, como ha ocurrido en esta crisis, las pérdidas se socializan y las pagamos, a través del Estado, todos los ciudadanos con lo que generan sus impuestos para salvar a las grandes empresas de la quiebra, que ellas mismas han generado, para ampliar sus ganancias a expensas del saqueo de sus propios bienes.

En mi opinión los ciudadanos, tanto de conformidad con el Contrato Social como con nosotros mismos, tenemos derecho a la protesta , a exigir en ella, que se cumpla la ley. No es posible que el 1% de la población mundial viva, cómodamente, a expensas del resto, a quienes nos tratan como esclavos.

Todo esto ocurre porque el grueso de la población ha olvidado cuales son las normas de convivencia que nos hemos impuesto, ni cuales las razones que nos llevaron a aceptar dicha imposición. Cuando un conglomerado social decide vivir en paz se da, para que se cumplan, una serie de normas sin las cuales devendría imposible una mínima convivencia, lo que conocemos como “Contrato Social”. Ni que decir que no es necesario citar aquí a los grandes tratadistas de la teoría del Estado como Juan Jacobo Rousseau. Jhon Looke o Hobbes. No hace falta, lo fundamental es saber a que hemos renunciado voluntariamente y a cambio de que. En Colombia, el desconocimiento de estos supuestos nos ha arrojado nuevamente a la barbarie sin que ningún “líder político”, ni social, ni religioso haya tratado de enmendar el rumbo. ¡No les interesa!

Entregar parte de la libertad individual, abjurar de la ley del más fuerte, abstenerse de la acumulación indiscriminada de bienes abusando del poder, evitar o controlar los monopolios y los oligopólios, dotarse de leyes que pongan limite al enriquecimiento ilícito de unos pocos para evitar el empobrecimiento de las mayorías y la profunda brecha que abre las desigualdades sociales, asegurar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los garantes del orden público, garantizar la salud y la educación, desprenderse de parte de las ganancias legitimas y entregarlas, en forma de impuestos, al Estado como fundamento de la redistribución del ingreso, respetar a las minorías y a los más desafortunados, acatar la justicia y renunciar a la venganza dejando a los jueces y solo a ellos la administración de la justicia, castigar con severidad a quienes hagan uso fraudulento del erario público son , a vuelo de pájaro, los fundamentos del Contrato Social, DEL ESTADO DE DERECHO, que en las democracias, el gobierno de turno, represente la ideología que represente, sea del color que sea, ha de hacer cumplir para beneficio de todos los asociados.

Después de este sucinto análisis tenemos que convenir que en Colombia, los últimos gobernantes, han hecho añicos el Contrato Social. Los ciudadanos no reciben nada a cambio de lo que se han obligado y por el contrario se les trata como disminuidos mentales y crece abiertamente y sin control el crimen organizado. Ante esta situación llega un momento en que no queda razón alguna para que los ciudadanos cumplan la parte del pacto del Contrato Social al que voluntariamente nos hemos adherido. Si el Estado deja de cumplir las funciones para el cual fue creado, cumplimiento total del Contrato Social sin menoscabos y exclusiones, ¿Por qué hemos de pagar Presidentes, Ministros, Cuerpos Colegiados y de ahí para bajo? ¿Por qué hemos de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, educación, sanidad, cultura, justicia, obras públicas, etc, etc, que son el motivo por los que LES HEMOS ENTREGADO PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS PERSONALÍSIMOS ? Creo, con dolor, por lo que para mí y para los ciudadanos de bien representa nuestro país, que hemos llegado al extremo en el que LA DESOBEDIENCIA CIVIL , otro concepto clásico que las nuevas generaciones desconocen, está plenamente justificada. Si los últimos Gobiernos han roto el Contrato Social y el Estado de Derecho, los ciudadanos no tenemos ninguna obligación de seguir cumpliéndolo. Lo curioso es que estos gobernantes luego se preguntan sorprendidos: ¿Por qué hay insurgencia? ¿A qué tanta criminalidad?

A propósito de los malos gobernantes…

Columnista Carlos Herrera Rozo.

El Presidente Santos, y todos sus antecesores en el cargo, se han educado en los Estados Unidos y, con su peculiar forma de gobernar, han demostrado que no han aprendido nada de la historia política de ese gran país, ni la del nuestro y muchísimo menos de la historia de la antigüedad. Decía José Ortega y Gasset, en su historia como sistema que, “El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores, apilados piedra sobre piedra durante miles de años (…) Romper la continuidad con el pasado, querer empezar de nuevo, denigrar al hombre y plagiar al orangután". Fue un francés, Duppont Withe, quien alrededor de 1860 se atrevió a exclamar: “La continuidad es un derecho del hombre; es un homenaje a todo aquello que lo distingue de la bestia”. Por todo ello debemos suponer que nuestros gobernantes le dedicaron su tiempo a labores más lúdicas y menos esforzadas que el estudio razonado y crítico de la historia de los pueblos.

Los Padres fundadores de los Estados Unidos eran por su misma concepción del mundo y de la vida, por sus creencias filosóficas y religiosas, pesimistas constructivos, tanto que se esforzaban al máximo en todo aquello que, bajo su mirada crítica, amenazaba con torcerse en las relaciones humanas frente al acontecer político. Es por ello que sorprende, a propios y extraños, que nuestros gobernantes y la clase dirigente que los mantiene económicamente se hayan equivocado tanto en la toma de decisiones para encarrilar el país hacia un futuro cierto. No nos sorprende la actitud del Presidente Santos al dar un paso atrás en relación con los acuerdos de paz que se discuten con los representantes de las FARC en Cuba, presentando ante los negociadores una propuesta políticamente incorrecta aunque aparentemente democrática: Someter a referéndum los acuerdos de paz. Con esta actitud, el Presidente, en lugar de mostrarse fuerte ante sus legítimos contradictores, ante los ciudadanos y ante los cuerpos colegiados, demuestra una debilidad inconmensurable, como si careciera de los apoyos necesarios para llevar a buen puerto las negociaciones de paz y la tranquilidad a toda la nación. Su actitud deja entrever que su decisión depende más de las presiones externas frente al próximo debate electoral o al sometimiento de intereses de terceros, sean estos foráneos o nacionales. Sea como fuere, las conversaciones de paz exitosas requieren de un poder centralizado. No debe perderse la perspectiva de que solo los gobernantes con un poder bien cimentado, tanto dentro de los cuerpos colegiados como de la conciencia ciudadana, ­– Nótese que no hago mención alguna de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por considerar que su misión está claramente delimitada en Colombia por la constitución y la ley en su Artículo 217- pueden garantizar las aspiraciones de paz y de concordia exigidas por la ciudadanía en general y tan manoseadas por los que desean que el estado general de guerra, que tanto les conviene a sus intereses económicos continúe.

Para colmo de la situación en la que se vive en el país, el señor Presidente Santos, como todos sus antecesores desconocen, mas por pereza que por devoción, la psicología de sus conciudadanos: no es posible cambiar la mentalidad y el corazón de un pueblo cuando llevan centurias de padecimientos y dificultades, luchas y odios sembrados en sus corazones por la clase dirigente, política y económica, que siempre los ha gobernado. No se pueden cambiar estas conductas si no existe una verdadera voluntad política de hacer, pensando más en la nación que en intereses espurios de terceros. Por la misma razón, no se debe recurrir al expediente del constituyente primario para descargar, sobre los ciudadanos, las responsabilidades que como gobernantes les otorga la constitución y la ley disfrazando un acto demagógico de democrático. Es verdad que el acto constitucional del referéndum, en relación con las negociaciones de paz, parece democrático, pero solo eso, parece y nada más toda vez que la conciencia ciudadana es manipulada por la clase política, por los medios de comunicación, por los intereses financieros y por la falta de voluntad para vivir bien informados.

El desconocimiento de la historia, tanto antigua como moderna, mas aun, la de su propio país, hace actuar a estos gobernantes de forma irracional, prevalidos del poder sobrevenido que les otorgan los ciudadanos con su ejercicio democrático. Los gobernantes, olvidando el mandato constitucional, utilizan mas la fuerza y la violencia que la razón, haciendo uso abusivo de las nuevas tecnologías, tanto armamentísticas como de comunicación, toda vez que estos nuevos ingenios les permiten romper el vinculo emocional entre un acto violento y su actor, convirtiéndose en verdaderos depredadores de su propio pueblo. El ejemplo más cercano lo tenemos en la revuelta campesina que sacude en estos días los cimientos de la nación y que ponen al descubierto las verdaderas intenciones del TLC con los Estados Unidos, y el uso desmedido de la fuerza pública, infringiendo con ello la constitución y la ley que han jurado defender...-

Permítaseme, para finalizar esta nota, citar el pasaje más importante del Leviatán de Hobbes, donde describe la vida sin un poderoso gobierno civil: “Por tanto, todas las consecuencias que se derivan de los tiempos de guerra, en donde cada hombre es enemigo de cada hombre, se derivan también de un tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que no sea la que les procura su propia fuerza y su habilidad para conseguirla. En una condición así, no hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del mismo se presenta como incierto;y, consecuentemente, no hay cultura de la tierra; no hay transportes seguros y no hay uso de productos que deban exportarse, no hay construcciones de viviendas populares, no hay conocimientos, no hay artes ni letras; no hay sociedad. Y, lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta…”

¡Que cultiven en macetas!

Columnista Carlos Herrera Rozo.

“El derecho al derroche, privilegio de unos pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos, las flores están sometidas a luz continua, para que crezcan más rápido. En las fábricas de huevos, las gallinas también tienen prohibida la noche. Y la gente está condenada al insomnio, por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero es muy bueno para la industria farmacéutica” Eduardo Galeano

PROHIBIDO SER CAMPESINO

Mientras Pancho Villa, eufórico cuatrero, incendiaba el norte de México, Emiliano Zapata, melancólico arriero, encabezaba la revolución del sur. En todo el país, los campesinos se alzaban en armas. “La justicia se subió al cielo, aquí ya no está – decían”. Para bajarla PELEABAN. Que más remedio. Al sur el azúcar reinaba, tras las murallas de sus castillos, y el maíz mal vivía entre pedregales. EL MERCADO MUNDIAL HUMILLABA AL MERCADITO LOCAL, Y LOS USURPADORES DE LA TIERRA, DE LAS SEMILLAS Y DEL AGUA ACONSEJABAN A SUS DESPOJADOS: ¡Que cultiven en macetas!

Los alzados en armas eran gente de la tierra, no de la guerra, que suspenderían la revolución por sembrar y cosechar.
Sentado entre los vecinos que charlaban de gallos y caballos a la sombra de los laureles, Zapata escuchaba mucho y poco decía .Pero este callado logro que la buena nueva de su reforma agraria alborotara las comarcas más lejanas, EXPULSANDO A LOS INTRUSOS.

Nunca la nación Mexicana fue tan cambiada.
Nunca la nación Mexicana fue tan castigada por cambiar.
Un millón de muertos. Todos, o casi todos, CAMPESINOS, aunque algunos vistieran uniforme militar. Eduardo Galeano…

Monsanto es una empresa delincuente. Hay pruebas concretas de ello. Ha sido condenada varias veces por sus actividades industriales, por ejemplo el caso de los PCB, producto que ahora está prohibido, pero sigue contaminando el planeta. Los conocimientos actuales sobre toxicidad de esas moléculas son las siguientes: En caso de exposición aguda con dosis importantes, el riesgo de una infección cutánea llamada cloracné es cierto, los riesgos teratógenos y cancerígenos están muy sospechados ( el último fue demostrado en el caso de la dioxina tipo Seveso). Otros riesgos sospechosos pero no ciertos son trastornos del sistema inmunitario, del sistema endocrino, de la función hepática, de la reproducción, de enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Durante 50 años el PCB estuvo en los transformadores de energía. Y Monsanto, que fue condenada por eso, sabía que eran productos muy tóxicos, pero escondió información y nunca dijo nada. Y es la misma historia con otros dos herbicidas producidos por Monsanto, que formaron el cóctel llamado “agente naranja” utilizado en la guerra de Vietnam, y también sabía que era muy tóxico e hizo lo mismo. Es más, manipuló estudios para esconder la relación entre las dioxinas y el cáncer. Es una práctica recurrente en Monsanto. Muchos dicen que esto es el pasado, es una forma de obtener ganancias que aún hoy está vigente. La empresa nunca ha aceptado su pasado ni ha aceptado responsabilidades. Es su línea de conducta. Y hoy sucede lo mismo con los transgénicos y el Roundup.

Tiene prácticas comunes en todos los países donde actúa. Monsanto esconde datos sobre sus productos, pero no sólo eso, también miente y falsea estudios sobre sus productos. Otra particularidad que se repite en Monsanto es que cada vez que científicos independientes tratan de hacer su trabajo a fondo con los transgénicos, tienen presiones o pierden sus trabajos. Monsanto también es sinónimo de corrupción. Dos ejemplos claros y probados son el intento de soborno en Canadá, que originó una sesión especial del Senado canadiense, cuando se trataba la aprobación de la hormona de crecimiento lechera. Y el otro caso es en Indonesia, donde Monsanto fue condenada porque corrompió a cien altos funcionarios para poner en el mercado su algodón transgénico. No dudamos que hay más casos de corrupción donde Monsanto es quien corrompe. Valdría la pena que Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos explicaran al pueblo Colombiano y al parlamento como y porque Monsanto ha entrado al país con las prerrogativas que le permiten pasar por encima de la Constitución.

–La meta de Monsanto, a día de hoy, es controlar la cadena alimentaria a escala global. Los transgénicos son un medio para esa meta. Y las patentes una forma de lograrlo. La primera etapa de la “revolución verde” que lleva adelante Monsanto, ya quedó atrás, fue la de plantas de alto rendimiento con utilización de pesticidas y la contaminación ambiental -correspondiente. Ahora estamos en la segunda etapa de esa “revolución verde”, donde la clave es hacer valer las patentes sobre los alimentos. Esto no tiene nada que ver con la idea de alimentar al mundo, como se publicitó en su momento y como se sigue manteniendo a través de los mas -media y de funcionarios locales corruptos. El único fin es aumentar las ganancias de las grandes corporaciones. Monsanto gana en todo. Vende el paquete tecnológico completo, semillas patentadas y el herbicida obligatorio para esa semilla. Monsanto hace firmar un contrato por el cual prohíbe conservar las semillas vernáculas y obliga a comprar Roundup, No se puede utilizar un glifosato genérico. En este modelo Monsanto gana en todo, y es todo lo contrario de la seguridad alimentaria. Mucho antes de permitir el ingreso de Monsanto a Colombia el gobierno, o los gobiernos implicados, han debido estudiar en profundidad el desarrollo de dicha empresa en países como la India, países africanos, Argentina, Brasil o Uruguay que están más cerca.

No se puede olvidar que Monsanto tiene el derecho de propiedad intelectual de sus productos. Eso significa, que les hacen firmar, a los productores que utilizan sus servicios, un contrato en los que se comprometen a no conservar parte de sus cosechas para resembrar el año próximo, lo que suelen hacer los agricultores de todo el mundo. Monsanto lo denuncia como una violación de su patente. Entonces Monsanto envía la “policía de genes”, detectives privados que entran a los campos, toman muestras, verifican si es transgénico y si el agricultor ha comprado sus semillas. Si no las han comprado, realizan juicios y Monsanto gana. Los gobiernos envían el ejército y la policía, destruyen los cultivos decomisan semillas no transgénicas y LOS CAMPESINOS VAN A LA CARCEL. Es parte de una estrategia global: Monsanto controla la mayoría de las empresas semilleras y patenta las semillas, exigiendo que cada campesino compre sus semillas.

El Roundup, que forma parte del paquete que vende Monsanto. es un producto altamente toxico que está prohibido su uso en Europa y que muchas comunidades indígenas y campesinas en el mundo han demandado denunciando sus efectos perversos. Su impacto es increíblemente silenciado. Nadie puede negar lo que traen aparejadas las fumigaciones con este herbicida, totalmente nocivo. De hecho, en Dinamarca, ya fue prohibido por su alta toxicidad. Es urgente analizar, antes de permitir su utilización e ingreso en el país, el peligro de los agroquímicos y los OGM (Organismos Genéticamente Modificados).

Los Gobiernos, tanto del Señor Uribe, como del Señor Santos, han justificado el ingreso al país de las Multinacionales Agrarias so pretexto de una mayor producción y mayor empleo. Las dos premisas son falsas. Argentina es el mejor ejemplo de esa mentira. ¿Qué tal le ha ido con la sojización del país? Se ha perdido en la producción de otros alimentos básicos y aún hay hambre en el país además de la contaminación ambiental, especialmente, de los recursos hídricos a la desaparición de especies animales y vegetales y la consiguiente aparición de nuevas plagas.. Este modelo es el modelo del monocultivo, que acaba con otros cultivos vitales. Es una transformación muy profunda de la agricultura, que lleva directo a la pérdida de la soberanía alimentaria, y lamentablemente ya no depende de un gobierno para poder revertirlo. En relación con una mayor mano de obra que será contratada también es un argumento falso, la mecanización del campo requiere menos mano de obra y produce el consiguiente desplazamiento de los campesinos que se dedicaban a la agricultura a buscar nuevas posibilidades de vida en las ciudades.

PERMITIR EL INGRESO DE LAS MULTINACIONALES AGRARIAS ES ADMITIR UNA NUEVA DICTADURA en el sentido de un poder OMNIMODO, que abarca todo EL SECTOR AGRARIO Y DE CONTERA EL SECTOR ECONOMICO. Hay que tener razonablemente claro que quien controla las semillas controla la comida y controla la vida. En ese sentido, Monsanto tiene un poder totalitario, permitido y aprobado por el estado y por todos aquellos que desde sus puestos de mando sin poner objeciones admitieron el desaguisado. Lo que denunciamos es tan claro que hasta Syngenta, otra gran empresa del sector y competidora de Monsanto, llamó a Brasil, Paraguay y Argentina “las repúblicas unidas de la soja”. Estamos en presencia de un programa político y empresarial con fines muy claros: Enriquecer a unos pocos a despecho del mal que pueda causarse. Nos preguntamos, por ejemplo: ¿Quién decide qué se va a cultivar en Colombia? No lo decide ni el Gobierno ni los productores, el gobierno no lo decide por cuanto CEDIO LA SOBERANIA EN MONSANTO, LOS PRODUCTORES NO PUEDEN DECIDIRLO TODA VEZ QUE ELGOBIERNO LES AREBATRO EL CONTROL DE LAS SEMILLAS PARA ENTREGARSELA A UN TERCERO EXTRANJERO. EN ADELANTE, QUIEN DECIDE ES MONSANTO. La multinacional decidirá qué se sembrará, en donde y como, sin importarle que diga el gobierno, al fin y a la postre la soberanía fue cedida con el TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS , y las decisiones agrarias las tomara la empresa, MONSANTO. Lo peor está por venir, el modelo de agro- combustibles que acarrea más monocultivo intensivo. A estas alturas, queda claro que el monocultivo con las nuevas técnicas y estrategias agro-químicas es la pérdida de biodiversidad y el medio ambiente sostenible, y es todo lo contrario de la seguridad alimentaria. No hay dudas de que el monocultivo que pretende implantarse, ya sea de soja o para biodiesel, es el camino hacia el hambre, y, económicamente, hacia ninguna parte, toda vez que las ganancias irán a parar a paraísos fiscales.

Que Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos se hayan convertido en los mejores lobbistas de las multinacionales agrarias, es, por decir lo menos, lamentable. Es verdad que las multinacionales agrarias les presentan estudios, revistas, fotografías etc, etc,etc… para convencerlos, pero no es menos cierto que los gobiernos deben ser más exigentes y pedir información a organismos internacionales y científicos sobre las prácticas de estas entidades antes de dar el paso adelante, tanto más, si está en juego la soberanía de la nación en un asunto tan importante como es la biodiversidad y la sana alimentación de la población.

Pero no solamente los gobernantes son responsables de este hecho. Los periodistas, los científicos nacionales, los productores y el pueblo en general también son responsables por cuanto han permitido que empresas criminales tomen asiento en el país. En todo lo referido a los transgénicos, la prensa no trabaja seriamente. Los medios miran la propaganda de Monsanto y la publican sin cuestionamientos, como si fueran empleados de las empresas agrarias. También es público que Monsanto invita a comer a los periodistas, les hace regalos, los lleva de viaje a Saint Louis (donde está su sede central); los periodistas van muy contentos, pasean por los laboratorios, no preguntan nada y ya. Así funcionan los medios con Monsanto. También registré casos en los que Monsanto busca, en cada medio de comunicación, un defensor. Establece contacto con él y logra opiniones favorables. Si hay corrupción o no es un asunto de conciencia del periodista en cuestión, pero Monsanto logra su objetivo.

Es bueno aclarar que los alimentos de origen transgénicos alimentaran la industria farmacéutica. Jamás terminaran con el hambre en el mundo. Con el modelo de la agricultura transgénica están condenando a la humanidad a la pobreza, al hambre y a nuevas enfermedades. La salud humana y, por consiguiente, la alimentación de la población deberían estar fuera de toda especulación económica y política. Los políticos, los gobernantes, los científicos y los medios de comunicación deben saber, y de hecho lo saben, que la alimentación en el mundo, se combate respetando la naturaleza, la biodiversidad y los recursos naturales basándose en una agricultura sostenible , todo lo opuesto al actual sistema que nos debe llamar a la reflexión y tomar consciencia de esta realidad.

Monsanto y las multinacionales agrarias ESTAN LLEVANDO A LA RUINA A LOS PUEBLOS DONDE SE HAN INSTALADO ¡El problema NO es Monsanto! El problema son los Gobiernos de turno que abren las puertas para que ingresen al mercado las empresas multinacionales, sin que previamente, no se hayan efectuados los estudios que pudieran garantizar a las poblaciones que NO corren riesgo alguno. Sin consultar con nadie, sin hacer estudios concisos y a ojos vendados aceptan los dictados de los científicos que las multinacionales les venden. Sin embargo, gracias a científicos independientes y a la incansable labor que viene realizando organizaciones de interés público, han sacado a la luz los riesgos que significan para la salud humana y que los gobiernos deberían tomar en serio para y enfocar con responsabilidad su atención a las evidencias científicas que alertan el peligro de los transgénicos. Como ejemplo, vale la pena citar que en el Valle del Conlara, Argentina, se producen semillas de Monsanto que fueron prohibidas en la Unión Europea por ser una amenaza a la salud pública.

Y, mientras todo esto ocurre, los campesinos son perseguidos, despojados de sus tierras o enviados a la cárcel, por utilizar, como lo hicieron sus abuelos, las semillas vernáculas, protegidas por la constitución y la ley. ¡Que cultiven en macetas! Es la orden gubernamental…

Mas sobre lo mismo…

Columnista Carlos Herrera Rozo.

He leído, en los últimos días, el libro La Teoría de la Cosa Pública de James M. Buchanan, quien descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las elecciones políticas y gubernamentales, hallando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos a efectos de hacer posible la elección entre los diversos partidos o ideologías existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el premio Nobel de economía en 1986. Si bien es cierto que no estoy en todo de acuerdo con él, no es menos cierto que varios de sus conceptos tienen cabida dentro de cualquier sistema democrático abierto.

Los economistas se han dedicado, por entero, a estudiar con toda dedicación y esfuerzo el funcionamiento de los mercados, pero con raras excepciones a explicar las decisiones políticas, sin percatarse de que la maquinaria del estado maneja tantos o más recursos que el sector privado. Es curioso, por decir lo menos, que no se hayan usado los recursos de la ciencia económica y sus potentes instrumentos para analizar en profundidad los comportamientos de la cosa pública en el funcionamiento del Estado. Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados y una alta tasa de bienestar público en los países desarrollados. En este contexto, James Buchanan, premio nobel de economía, se preocupó esencialmente por entender "cómo funciona la política en la práctica"... Con él nació la teoría de la toma de las decisiones públicas, una nueva rama de la economía para adaptar las decisiones públicas a las necesidades básicas del estado sin perder de vista el interés general. El homo politicus es homo economicus y, al igual que un empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés alejado del interés general. Ello que se requiera de nuevos enfoques de la teoría política dentro de la vida constitucional para evitar, en lo posible, movimientos perversos que perjudiquen a la población en la que se aplican sus principios. Precisamente, esta delegación en la toma de decisiones hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales, los servicios públicos y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos con compromisos poco éticos que no necesariamente se guían por el "bien común".

La ciencia económica basa sus análisis en las motivaciones de los consumidores, financieros, inversores, empresarios, etc., sustentados en el interés individual. Ahora bien, la visión que se tiene de los gobiernos es bien diferente: damos por sentado que su acción debe de ser paternalista, desinteresada y generosa buscando con afán el bien común. Pero nos encontramos, más pronto que tarde, con déficit presupuestarios, crecimiento inadecuado de la administración pública, corrupción en la toma de decisiones para favorecer a determinados grupos de presión, fenómenos que deben desaparecer en el manejo del estado y ser, por consiguiente, incompatibles con el buen funcionamiento de la cosa pública. Lo cierto es que los políticos actúan mas guiados por sus mezquinos intereses que por favorecer el bien común…

Esta forma de actuar ha permeado todos los estamentos sociales y se ha apoderado, de alguna forma, de la conciencia colectiva: hacer dinero pronto y fácil es el leit motiv de la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué ha sido tan fácil aceptar esta conducta delictiva? No requeriremos de demasiada imaginación y perspicacia para encontrar sus causas mediatas e inmediatas: La clase dirigente Colombiana, política, empresarial, financiera y comercial se ha dedicado más, en los últimos cincuenta años, al saqueo del estado que al servicio a la comunidad a la cual dicen que sirven. Lo verdaderamente lamentable es que la corrupción que observamos todos los días en las altas esferas del estado no ha sido fácil de asimilar por la sociedad en general toda vez que el mundo de la política, su discurso, insiste en su motivación generosa y desinteresada para ocultar, mañosamente, sus verdaderos intereses y motivaciones egoístas. Sostienen campañas intensas por los medios de comunicación, para desviar la atención de los ciudadanos, para impedir a toda costa y sin conflicto, que tan corrosivas ideas y actitudes criminales puedan ser analizadas por la comunidad en general.

Como quiera que tengamos que aceptar el carácter interesado de la política también debemos exigir que se establezcan nuevas reglas y controles apropiados para que el sistema gubernativo cumpla sus funciones, aceptablemente, aunque los individuos que gestionen la cosa pública sean egoístas e interesados. Es decir, que debe diseñarse una estructura estatal Constitucional lo suficientemente rígida que reglamente los incentivos de los dirigentes políticos de manera que sea difícil que pasen por encima de los intereses generales. En otras palabras, debemos exigir que la maquinaria del estado deba funcionar con independencia de que los políticos sean estos generosos o egoístas, sancionando la corrupción con penas lo suficientemente duras para que, quien piense delinquir, sepa cuál será el monto de su delito contra toda la sociedad.

Soy un demócrata convencido pero he de reconocer, como muchos lectores, que el voto es un instrumento insuficiente, imperfecto e indirecto para el buen funcionamiento del estado, entre otras muchas razones, porque el ciudadano no está lo suficientemente informado, pero sí lo suficientemente desinformado por los mas media, para asistir a las urnas concienzudamente. Los costes para obtener una información relevante que le permitan al ciudadano tomar una decisión consiente son muy elevados dado que tendrá que investigar en fuentes diversas para tener una respuesta satisfactoria a sus dudas y votar en consecuencia. El ciudadano es consciente, además, de que su voto individual no tiene repercusión alguna sobre el resultado final de las elecciones. En síntesis, tendremos que convenir que, un gobierno al cual los ciudadanos solo tienen acceso para su control cada cuatro años tendera a favorecer sus intereses egoístas y a alejarse cada vez mas de los intereses de la ciudadanía si no existen elementos constitucionales de control efectivos. En el caso Colombiano, el problema tiende a agravarse cada vez más, toda vez que, las listas electorales son cerradas y manejadas a dedo por los dirigentes de los partidos políticos y a que la casta política Colombiana se mantiene estrechamente unida por lazos familiares, estrechos vínculos económicos y la misma ideología en la comprensión del Estado.

El Economista James Buchanan, premio nobel de Economía, propone una estructura de elección colectiva en dos niveles: política ordinaria, para la toma de decisiones del día a día y la política Constitucional o el procedimiento por el cual se rigen las reglas de juego, trabas y restricciones, normas legales de estricto cumplimiento y sanciones ejemplares para su incumplimiento, dentro de las cuales deben actuar obligatoriamente las decisiones gubernamentales. Es la norma constitucional la que requiere un diseño meditado y acotado a los intereses de la sociedad, en la que se ha de aplicar, teniendo siempre en cuenta que el hombre, el ciudadano, sustituye con mucha facilidad el imperio de la ley, cuando este es flácido y permisivo, por las complejidades de la corrupción y el soborno. Es aquí, y no en otra parte, donde debemos buscar las causas fundamentales del rotundo fracaso del sistema político Colombiano, viciado desde su raíz y carente de las normas legales y constitucionales apropiadas para detener el caos que nos coloca en la lista de Estados Fallidos en el puesto Nº 52.

Una de las líneas de investigación de la “Cosa pública” fue la teoría de la “búsqueda de rentas no competitivas”, dado que las decisiones gubernativas tienden a favorecer a determinados grupos de poder dejando de lado el interés general. Los grupos de presión, especialmente los empresariales y de forma considerable los dedicados a la especulación con el ladrillo gastan inmensos recursos económicos con el objetivo de adquirir el favor de la clase gobernante: Una simple regulación que impida el acceso libre de los competidores al mercado, ayudas generosas a una industria concreta, contratos públicos en condiciones ventajosas, tratos fiscales laxos, constituyen pequeñas y discretas decisiones que proporcionan a sus destinatarios enormes beneficios que de otra manera serian difíciles de conseguir, de ahí , de su privilegio, se deduce su carácter de renta no competitiva.

Ante la perspectiva de tanta lluvia de millones, obtenidos con tanta facilidad, los grupos empresariales se muestran dispuestos a cualquier gasto, donación al partido, regalo en metálico o transferencia a cuenta en paraíso fiscal o garantía de un puesto en consejo de administración tras el mandato, con el fin de inclinar la voluntad del político hacia la concesión del favor. Ello explicaría que, en respuesta, en países como Colombia, los gobernantes promulguen una auténtica salva de complejas leyes, normas y regulaciones que protegen de la competencia a los grupos privilegiados y lesionan ostensiblemente el interés general. O que impulsen legislaciones fiscales complejísimas, siempre llenas de excepciones y agujeros por los que puedan colarse aquéllos que compraron sus voluntades. Un ejemplo desgraciado de estos malos manejos es el del general (r) Santoyo, con quien paso algo similar: si bien es cierto que este alto ex oficial tuvo, para vergüenza nacional, relaciones con los paramilitares y con la ‘Oficina de Envigado’, el ex presidente Uribe no fue el único que lo protegió en el pasado. A Santoyo lo ayudó gran parte de la clase dirigente del país, la gran mayoría pendiente de sus intereses y de obtener más ganancias por medios ilícitos, los otros, los menos, absolutamente ciegos sobre sus macabras relaciones. Del ex general ¿Queremos saber qué pasó? Claro que sí. Los tribunales de Justicia tienen la obligación imperativa de dilucidar responsabilidades ante la opinión pública nacional y no ceder las responsabilidades en terceros, además foráneos, ajenos a la realidad nacional.

A la hora de medir estas cantidades, nos sorprendemos. A pesar de los miles de millones en rentas que podían suponer todas estas medidas, los grupos empresariales sólo necesitan gastar una pequeña fracción de todo ese montante para conseguir los favores. Ciertamente, los gobernantes reciben muy poco en relación a lo que conceden. Quizás nunca lleguemos a conocer el volumen que alcanzan los pagos por privilegios y las comisiones reales que las grandes empresas pagan a los políticos en Colombia habida cuenta de la manifiesta dejación de los órganos de justicia sobre el estricto cumplimiento de sus competencias. No debemos olvidar que los hombres están lejos de la redención, que la única solución consiste en comparar unas ambiciones con otras y unos intereses con otros y en comprender, para bien o para mal, que si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos leyes fuertes y bien estructuradas y normas constitucionales inflexibles que las hicieran cumplir. Así mismo tenemos que entender que no se puede cambiar la mentalidad y el corazón de una persona al cabo de siglos de dificultades, luchas y odios en cuestión de semanas o meses. No es posible. Así que tenemos la doble tarea de recuperar el Estado para el servicio de los ciudadanos y de reeducar a los ciudadanos para el servicio de la nación.

Colombia ¿un estado fallido?

Columnista Carlos Herrera Rozo.

Estuve en Bogotá del 2 de Octubre de 2012 al 2 de Enero del 2013 y pude comprobar, de primera mano, leyendo los periódicos de la ciudad, escuchando las noticias por la TV, escuchando la radio y visitando a mis amigos, de los cuales solo diré que, están en la universidad, en el parlamento, en la judicatura y, algunos, más bien escasos, en los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado. De todas estas fuentes extraje, para disgusto mío y también de ellos, que Colombia, esa tierra nuestra verde y herida, es un país, gracias a las clases dirigentes Políticas, Económicas, Financieras y Administrativas un estado fallido, lo afirmo con tristeza y corrijo a aquellos que, desde oscuras atalayas, me acusan de hablar mal de mi país, así como agradezco a todos aquellos que me ayudaron en la comprensión del problema.

Los Estados fallidos son un concepto relativamente nuevo que, desde que en 2005 cuando el Foreign Policy comenzó a publicar el Índice de Estados fallidos, se ha ido difundiendo. Hablar de Estados fallidos es un concepto amplio y no pocas veces confuso que lleva a algunos equívocos, pero que, cada vez se utiliza más por aquellos que se dedican a dilucidar los problemas de la política internacional y nacional en este mundo globalizado.

De alguna manera podremos afirmar que los Estados fallidos son aquellos que no tienen una estructura político-administrativa que pueda garantizar un funcionamiento mínimo. El término Estado Fallido es empleado por politólogos, periodistas y comentaristas políticos para describir un estado Soberano que, se considera, ha fallado en la garantía de los servicios básicos y donde la corrupción ha permeando todos los estratos de la sociedad. El centro de estudios Fund for Peace ha propuesto los siguientes parámetros para hacer más comprensible el concepto:

• Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

• Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.

• Incapacidad para suministrar servicios básicos.

• Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

• Corrupción generalizada en la administración pública.

• Altos niveles de criminalidad.

• Elevado porcentaje de refugiados y desplazados.

• Degradación económica de la población.

• Aparición de grupos paramilitares que sustituyen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Analizando críticamente dichos parámetros, con la realidad Nacional Colombiana, podremos cotejar sin mucho margen de error si nuestro país cabe dentro de la denominación de Estado Fallido.

Más adelante para comprender con mayor claridad este fenómeno adverso presentare la lista de los Estados fallidos que hay en la actualidad. He afirmado que los Estados fallidos son lugares donde no hay servicios básicos que cubran ampliamente a la población, ni justicia social, ni unas fuerzas de seguridad del Estado mínimamente fiables… ni, por consiguiente, una verdadera democracia. Lugares donde, en pocas palabras, la única garantía fiable es que no existen garantías. Observar el Ranking de Estados fallidos y encontrar en él al País en que se vive es, por decir lo menos, terriblemente amargo y descorazonador.

Los Estados fallidos no son el resultado de una coyuntura desfavorable, sino el resultado de siglos de políticas Nacionales e internacionales injustas. Sólo hay que ver que algunos de los países en lo alto del ranking han sido invadidos o tutelados por coaliciones internacionales que, sobre el papel, tenían que ayudar a mejorar la situación de esos países y que vistos los resultados han fracasado estruendosamente. Eso no quiere decir que todas las naciones en proceso de descomposición sean víctimas del olvido mundial. Irak y Afganistán, los dos frentes principales en la guerra contra el terrorismo, empeoraron a lo largo del año pasado. Sus experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles de millones de dólares de ayuda a la seguridad y el desarrollo si no van acompañados de un gobierno con capacidad de actuar, dirigentes dignos de confianza y planes realistas para mantener la paz y desarrollar la economía. Igual que existen muchas formas de alcanzar el éxito, también hay muchas maneras de caer en el fracaso.

Desgraciadamente, además, parece que ser un Estado fallido es una enfermedad de la que difícilmente se puede salir, ya que, con algunas excepciones, la mayoría de Estados que están en los primeros puestos del ranking han repetido los últimos años en posiciones similares. Cada Estado es un caso diferente, pero muchos son ricos en recursos naturales desde petróleo o gas, hasta minerales o unas tierras ricas para la producción agrícola, como es el caso Colombiano, donde todos estos factores se cumplen. Su riqueza no justifica su posición en esta lista. En cambio, vemos con nostalgia, como entramos en este círculo perverso y la degradación social facilita que acabemos siendo la base de todo tipo de actividades delictivas, como el comercio de armas, de drogas y de recursos naturales cedidos, sin mayores controles, a las grandes multinacionales que controlan su comercio. Además, ha de tenerse en cuenta, la corrupción administrativa desde las más altas esferas del estado, hasta las alcaldías de los municipios más pequeños.

Esta situación interna y los pobres resultados de las grandes misiones mediáticas Internacionales para darles apoyo, muestran la necesidad perentoria de establecer mecanismos de control y de gobierno que permitan afrontar estas situaciones desde una óptica más razonable a medio y largo plazo, lejos de los intereses de los países que los "ayudan", cuando realmente prima un interés para controlar la gestión de los recursos naturales.

Debemos tener presente que, en estos países, la gestión de los recursos naturales y los modelos de producción están lejos de un desarrollo sostenible habida cuenta de que su legislación al respecto adolece de profundos fallos o de controles efectivos para que se cumpla. Estados donde la educación, la sanidad o el acceso al agua potable son una quimera, el medio ambiente no es sino una ilusión. Es decir, que a pesar de que exista una legislación aceptable, sencillamente es inexistente porque nadie la cumple y esto ocurre en zonas de gran riqueza biológica, con recursos hídricos importantes, amplias zonas de cultivos y riquezas en el subsuelo muy importantes. Un país, cualquiera que él sea, no puede darse el lujo de dejar en manos extrañas, sin controles efectivos, la explotación de sus recursos naturales.

Los Estados fallidos son fracasos no solamente Nacionales, sino globales, que afectan el conjunto de naciones y que piden y necesitan legislaciones claras y respuestas globales que no afecten su estabilidad. Por ello, una buena gestión de estos Estados es necesaria para construir un mundo sostenible y en paz.

Acabar con los Estados fallidos es una cuestión de justicia social. Por ello, es responsabilidad de los gobernantes, de toda la sociedad, implicarse en conseguir derrotar la corrupción y dotar a la justicia de todos los elementos legales indispensables para evitar que se burlen las normas que rigen el buen funcionamiento del estado, y garantizar con ello, la viabilidad económica y democrática del Estado. ¿Es una Utopía? ¡No!. Sencillamente, un acto imprescindible para todos los que vivimos en este planeta.

NO es sorprendente que dentro de esta lista de los países fallidos se encuentre Colombia, a pesar de todo el esfuerzo que se afirma haber hecho en los últimos años para consolidar su legitimidad, su soberanía y su crecimiento económico, a pesar de ello, aparece en el listado con el número 52.

Mapa de Estados fallidos: En color purpura los Estados fallidos en la actualidad: Colombia en el puesto 52 (Ver más información al respecto)

En el listado se tiene en cuenta la presión demográfica, el número de refugiados, el desarrollo desigual de la población, declive económico, derechos humanos, independencia judicial, servicios públicos, fuerza pública, élites fracionalizadas, grupos de presión, función democrática e intervención extranjera.

De acuerdo con el analista Larrazábal “este estudio da a conocer por tercera vez que Colombia desde el 2009 hasta este año, aparece dentro de la lista de Estados fallidos, y de las razones que la revista esgrime esta el tema de corrupción, falta de infraestructura e incluso la aplicación al derecho en salud, conflicto interno, conflicto étnicos, refugiados entre otros” y he de agregar importantes fallos del sistema judicial colombiano.

Según el estudio, dentro de los países de Latinoamérica, Bolivia, Haití y Colombia aparecen dentro del listado, lo que es sorprendente porque quiere decir que los colombianos estamos a la par de estos dos países en cuanto a estructuración de Estado, lo que podría ser desproporcionado, pero no bastan los esfuerzos del Gobierno, si fallan los cuerpos colegiados en el diagnostico de los problemas y si además la Justicia que es la base de cualquier democracia se encuentra constantemente en entredicho y no hace cumplir, independientemente de a quien se aplique, la ley. Un estado que envía a sus reos al extranjero para que sean juzgados, por delitos menores, mientras que sus grandes crímenes quedan impunes, no tiene solidez, ni puede presentarse como Estado Soberano…

Recopilando diremos que, los Estados fallidos, escribe Chomsky, son aquellos que carecen de capacidad o voluntad política "para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso de la destrucción" y "se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional". Padecen un grave "déficit democrático" que priva a sus instituciones de auténtica sustancia.

Regalo de Navidad del Coronel Amadeo Martínez Inglés

Columnista Carlos Herrera Rozo.

Ante las continuas peticiones que recibo de amigos, compañeros y ciudadanos en general sobre la forma en que podrían hacerse con mi último libro La Conspiración de Mayo. El alzamiento que preparó la derecha castrense española para el 2 de Mayo de 1981 y que frustró el 23-F y ante la censura encubierta que todavía a día de hoy, casi tres años después de su aparición, sufre este trabajo de investigación histórica, prácticamente inédito, que algunos de los pocos historiadores y estudiosos de la reciente historia de España, que han tenido acceso a él, no han dudado en considerar como "un excepcional documento que pone patas arriba todo el entramado político-militar de la transición"… he decidido, al igual que hice ya algunos meses con mi anterior trabajo "Juan Carlos I el último Borbón", regalárselo (en su formato original "La Conjura de Mayo") a mis lectores, amigos, compañeros, seguidores de Estudiantes de Doxa y a todos aquellos ciudadanos españoles y extranjeros que aspiren a estar puntualmente informados y a conocer la verdadera intrahistoria reciente de este país. Historia que, evidentemente, no tiene nada que ver con la que los poderes fácticos del sistema juancarlista/franquista de la transición y de la modélica Constitución del 78 todavía vigente, les han venido contando todos estos años pasados.

Excepcional libro histórico (no lo digo yo, repito, sino algunos profesionales independientes de la historia no vinculados con el corrupto régimen vigente en España), claro, prolijo, exhaustivo, testimonio vivo de la investigación político/castrense sobre una etapa convulsa de nuestro reciente devenir histórico y que saca a la luz y desentraña para el gran público documentos supersecretos de la cúpula militar del momento, tanto de la que preparaba el asalto al régimen monárquico heredero del franquismo para el 2 de Mayo de 1981 como de la formada por los altos mandos militares cortesanos que, enfrentados con la anterior y autorizados y alentados por el rey Juan Carlos I, montaron el “teatrillo político/militar/institucional” del 23-F. Y que, después, serían traicionados por su señor y enviados a prisión militar por nada menos que treinta años.

Libro, pues, como digo, casi inédito y que, dejando de lado todos los derechos de autor que me corresponden en la actualidad y pudieran corresponderme en el futuro y en aras de que el pueblo español pueda estar debidamente informado de su historia reciente y también, para torcer el brazo a la implacable censura del teóricamente régimen democrático que “disfrutamos” en este país, podrán descargarse libre y gratuitamente a través de los medios de información de la red que publican mis trabajos todos los ciudadanos que así lo deseen. Como regalo de Navidad de este historiador e investigador militar que en estos momentos, como viene haciendo desde hace casi treinta años, sigue en la brecha permanente, en la barricada, en la lucha sin cuartel contra el régimen postfranquista de corrupción, latrocinio, mentiras, pelotazos, tráfico de influencias, nepotismo, dictadura encubierta, prepotencia, abuso de poder y explotación de los más débiles, asentado en España desde noviembre de 1975 y que en los últimos años ha llevado a este país a un paso de su desintegración, a la ruina económica más absoluta y a la degradación ética y moral de sus ciudadanos.

¡Felices fiestas, amigos, compañeros, demócratas, republicanos! A pesar de esta banda de ineptos y presuntos delincuentes (sí, sí, los políticos que se saltan las leyes que se ha dado el pueblo cometen un delito contra ese pueblo, son unos prevaricadores) que nos gobiernan desde la prepotencia y la mentira. Aprovechad estos días de asueto, que no de alegría (los pocos que no estéis en el descanso forzoso y permanente), para leer y conocer, a través de las inéditas páginas de historia que os regalo, las andanzas del todavía rey de España, Juan Carlos I, allá por el otoño de 1980 y primeros meses de 1981, conspirando con los generales franquistas y organizando en la sombra, para salvar su corona (no la democracia), la chapucera maniobra (el borboneo, más bien) que luego sus cortesanos desde el poder calificarían como “intentona involucionista del 23-F”.

Y descansad lo que podáis pues el próximo año quizá nos exija a los españoles que todos pidamos algo más que el “panem e futbolensis” moderno de los pueblos en decadencia acelerada en el que estamos suicidamente inmersos para, entre gol y gol, intentar reescribir la triste historia de este país.

Y querría terminar esta felicitación navideña sui generis planteando dos sutiles preguntas. Una al presidente Rajoy, y otra al conjunto de los ciudadanos de este paciente país:

1ª.- ¿Por qué no deja, señor Rajoy, de tomarnos el pelo a los españoles, con sus mentiras y su media lengua de inepto gobernante, y se lo toma a partir de ahora a su señora madre, una respetabilísima señora sin ninguna duda y a la que, si vive en estos momentos (es lo que yo deseo), seguro que no le importará mucho que lo haga?

2ª.- ¿Por qué los españoles, todos al alimón y visto lo que estamos viendo estos días que hasta insultan a los pobres parados, no mandamos a la puñetera “M” (con perdón) a la OCDE, al FMI, al BM, al BCE, a la UE, al Euro, a la Comisión, al Consejo, al Parlamento (Europeo, se entiende, donde se duermen las mejores siestas continentales), al MEDE, al rescate financiero (que va a dejar a los pocos bancos españoles que sobrevivan y a los miles de empleados que tengan que echar a la calle, con una anorexia de caballo), al rescate no financiero (o sea, a la totalidad del Estado que pasará automáticamente a la categoría de “vasallo de la nueva Europa pan germánica”), a los ajustes impuestos, a los recortes recomendados, al déficit financiero que nos han puesto al cuello… y volvemos la mirada a la pobre y denostada peseta de nuestros padres, que asiste estupefacta a la rápida conversión de todos (o casi todos) los españoles en mendigos comunitarios?

¡Que os sea leve, amigos! Nos vemos el año que viene, si Dios (y Europa) quiere.

Regalo de Navidad para mis lectores y amigos, especialmente para aquellos que se dedican al Mundo de la Política

Columnista Carlos Herrera Rozo.

He tropezado por arte de birlí-birloque, en una librería de viejo, aquí en Palma de Mallorca, con un libro que lleva sobre su lomo el curioso titulo: “El Libro del Señor de Shang”. En un principio pensé que se trataba de un cuento oriental y pase de largo buscando en los anaqueles de la librería aún no sé qué. Pero me quede con la copla, en mi cabeza resonaba ese curioso título de -El Libro del Señor de Shang- por lo que volví sobre mis pasos, lo saque del anaquel para echarle una ojeada y matar de una vez por todas mi curiosidad sobre aquel libro de paginas amarillentas, de olor a papel viejo, y que, por lo que se desprendía de su estado, no había sido abierto hacia mucho tiempo o quizás nunca. Mi sorpresa fue mayúscula, tenía entre mis manos un tratado de teoría política escrito entre los siglos III o IV antes de Cristo, cuando China no era todavía un imperio. Lo compré y lo llevé a casa para leerlo, reposadamente, con plena conciencia para compararlo con otros pensadores políticos.

Sí, me sorprendió. Me sorprendió en un principio encontrar aquel tratado de política de la china antigua. Mi sorpresa fue aun mayor en la medida en que avanzaba en su lectura. Entendí rápidamente que me encontraba ante el primer tratado de “real política” de que se tenga noticia, pero y fundamentalmente entendí que rivalizaba con “EL Príncipe” de Nicolás Maquiavelo y los tratados políticos de Lenin y otros pensadores, donde se trazan, sin parangón, los lineamientos de una política absoluta donde la Ley y la Fuerza priman sobre los sentimientos y los intereses de participación ciudadana en la cosa pública. Sus autores, en los tres casos, muestran unas cualidades psicológicas especiales para realizar este trabajo: mentes lógicas a toda prueba; conocimiento profundo de la ambición humana; Voluntad política de hacer que no se detiene ante ningún obstáculo; desprecio absoluto por sus congéneres; Y, rechazo numantino a cualquier tipo de compromiso. No es, sin embargo, un caso aislado, ¡no!, con inusitada frecuencia aparecen teóricos del estado que pretenden por “Razones de Estado” transformar la política en una proposición demostrable, lógicamente, en un teorema.

Como muchos políticos y teóricos de la política, el Señor de Shang, pensaba, pienso yo estando ahora aquí en mi cocina, que vivía en una época de decadencia, de furiosas turbulencias sociales, de crisis económica incluida, que ameritaban decisiones rápidas y efectivas, de leyes severas que impidieran el deterioro del Estado y la disolución de las costumbres mediante la destrucción previa de las tradiciones ancestrales y poder así formular un Estado Nuevo, fuerte y obediente. El Señor de Shang pretendía crear una sociedad compacta, unida, orientada hacia un solo objetivo: La guerra y la conquista, el sometimiento de más pueblos y más hombres, y la imposición de la nueva Ley del Estado. Para el Señor de Shang la ley tenía que destruir y reconstruir la variedad del pueblo Chino hasta convertirlos en campesinos y guerreros. No había sitio para otras clases. El Poder del Estado, la guerra y la conquista eran las metas. El Hombre, el ciudadano, eran simples fichas en su particular ajedrez.

Pero, ¿Quién era Shang? Shang sirvió como alto funcionario en el estado de Qin 359 a 338 antes de Cristo. Introdujo leyes y decretos que permitieron a sus gobernantes someter a toda China y fundar un imperio en el año 221 a. C. Sin embargo, es poco probable que Shang escribiera el texto asociado a su nombre pues tuvo que huir para salvar su vida después de la muerte de su patrón; pasó muy poco tiempo para que fuera ejecutado también. Vale la pena para todo estudioso de la política empezar comparando Shang con el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo (1469-1527) fundador de la moderna doctrina de la razón de Estado y, posiblemente, su pensador más original; para luego continuar con los textos políticos como "La República" de Platón, "El Leviatán" de Thomas Hobbes, el "Ensayo sobre el Gobierno Civil" de Locke, "El Espíritu de las Leyes" de Montesquieu, "El Contrato Social" de Rousseau, "Discurso a la Nación alemana" de Fichte, "La democracia en América" de Alexis de Tocqueville, "El Manifiesto Comunista" de Marx y Engels, "El pacto del Mayflower", "Mein Kamp" de Hitler y muchos otros textos que al compararlos nos dan una idea clara del mundo de la política, vínculo que los une a todos ellos a pesar de los diversos matices.

La historia de la humanidad está jalonada no sólo por los grandes acontecimientos, sino también por la creación de ciertas obras literarias y políticas que aparecen de tarde en tarde y que contribuyen o empujan nuevos acontecimientos. En las obras citadas se encontraran muchas imperfecciones, desigualdades, apaños, sinuosidades y vicios propiciados por la pasión partidista y, algunas, verdaderamente odiosas. Hay que hacer notar también que a pesar de las taras señaladas, algunas de esas obras obtubieron resonancia histórica, porque lo que predicaban respondía particularmente a las preocupaciones, a la pasión política del momento. Por todo ello debemos cuidar de las palabras, de la forma como las usamos, de la transcripción de nuestro pensamiento. Dice el adagio popular que, “Quien dice lo que piensa, no piensa lo que dice”, no de otra manera se puede explicar la manida definición de política en auge: “La política es el arte de lo posible”. ¿Cómo debemos traducirla? Como definición no está mal, como principio es un fiasco: Se dice, ni más ni menos, que no se puede hacer nada, que la política es el arte de engañar a los incautos. Olvidan, algunos, que la política es hacer todo aquello que este orientado al bien común, a mejorar las sociedades en que nos ha tocado vivir.

Un ejemplo de ese tipo de totalitarismo que denuncio es el llevado a efecto por algunos gobernantes Colombianos para quienes el libre disenso es sinónimo de pertenecer al enemigo, al genio del malsín comprender siquiera que es el particular derecho a la libre expresión el que hace posible la democracia, que la constitución política, las leyes y los tratados están para cumplirlos y no solamente para pasar de puntillas sobre ellos haciendo como que se cumplen para engañar a propios y extraños.

Como quiera que no haya encontrado “El Libro del Señor de Shang” en la red, me permito agregarles el archivo de “El Arte de la Guerra” de Tzun Tzu considerado como uno de los mejores libros sobre estrategia de todos los tiempos, para que se regocijen en su lectura y tengan a mano enseñanzas que jamás sobran en el transcurso de la vida…

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012-2013

Violaciones de derechos humanos en el contexto de la explotación de las materias primas

Columnista Carlos Herrera Rozo.

La biodiversidad terrenal es un obsequio de la naturaleza, no para unos cuantos Individuos o grupos privilegiados, sino para la humanidad entera. El impedir que individuos, comunidades, poblaciones, Estados o naciones gocen de estas riquezas equivale a perjudicar a toda la humanidad; se estaría violando la dignidad humana, los derechos humanos, los principios básicos de los derechos de los pueblos y con ello destruyendo el medio ambiente.

La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene como objetivo que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad, es decir, “exentos del temor y de la miseria”. Así aparece en el Preámbulo de la Declaración. Sin embargo, sin protección de su salud ,sin derecho a una educación integral, sin derecho a la integridad física y mental para desarrollarse plenamente en la sociedad, sin una base apropiada para su propia subsistencia, sin seguridad ni libertad, ninguna persona está en condiciones de llevar una vida digna y autónoma.

Los derechos humanos civiles y políticos deben ponerse en práctica del mismo modo que los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos políticos y sociales son indivisibles, se condicionan mutuamente y son inalienables. Para asegurar su subsistencia y llevar una vida digna, cada persona necesita aire limpio, agua limpia, una atención básica de su salud, educación, alimentación, vestimenta y vivienda, así como participación social efectiva en las decisiones que afecten al conglomerado social en el que le ha tocado vivir. Para los habitantes de los países en desarrollo, especialmente dentro de los grupos vernáculos, los espacios naturales intactos representan a menudo la única posibilidad de garantizar su supervivencia. Muchas veces, la destrucción de estos hábitats naturales implica para ellos una amenaza directa a su existencia: desplazamientos forzosos y no pocas veces desapariciones forzosas de sus líderes.

Juan Pablo II ha calificado la Declaración Universal de Derechos Humanos como “uno de los documentos más valiosos y significativos de la historia del derecho” y como “una de las más altas formas de expresión de la conciencia humana en nuestro tiempo”. Los esfuerzos por hacer realidad los derechos humanos deben estar presentes en la labor de todo estado democrático como un hilo conductor de su desarrollo económico y social. Es obligación del estado de derecho evitar por todos los medios a su alcance el que las grandes multinacionales que explotan los recursos mineros de los países en desarrollo no violen en el ejercicio de la explotación de los recursos los derechos humanos ni las normas internas que rigen los principios laborales, en el entendimiento que ningún contrato internacional, ni ningún tratado bilateral puede violar la carta magna de ningún país en favor de mezquinos intereses como viene ocurriendo en la mayoría de los países en vías de desarrollo.

Los derechos humanos son de alcance universal y carácter inalienable. Los Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos. Si bien en primera instancia es el Estado quien debe cumplir con este mandato, el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala también que “todos y cada uno de los órganos de la sociedad” está llamado a promover el respeto de los derechos y las libertades y a garantizar su cumplimiento.” El libre disenso de los ciudadanos no hace mas que reafirmar el ejercicio de dichos derechos y de la democracia. Esto incluye tanto a los actores del sector estatal como a los actores del sector privado, las empresas, los bancos y las compañías multinacionales. Todos, en su conjunto, tienen la obligación de velar para que sus actividades no contribuyan ni directas ni indirectamente a dar lugar a violaciones de los derechos humanos luchando por el bienestar común de la humanidad. Todas las entidades implicadas en el desarrollo de los pueblos deben comprender que, “La interdependencia, cada vez más estrecha, la globalización económica y su progresiva universalización hacen que el bien común ¿…? se universalice cada vez más, así como los derechos políticos, e implique por ello mismo derechos y obligaciones que miren a toda la humanidad. Las organizaciones de la sociedad civil exigen a las empresas privadas, a las corporaciones multinacionales, un comportamiento responsable, sujeto a derecho, tanto social como ambientalmente y están dispuestas a acusar judicialmente a quienes cometan cualquier infracción. Las Naciones Unidas buscan nuevos mecanismos para mejorar la protección de los derechos humanos a nivel internacional e involucran en ello a los gobiernos, las empresas, los académicos independientes y los actores de la sociedad civil y política.

A pesar de todo, siguen existiendo muchos vacíos en la normativa internacional. Las corporaciones transnacionales, con un poder financiero y político que en muchos casos supera el ingreso nacional bruto de los países desarrollados y supera a los países pobres en varios múltiplos, pone de cabeza la relación de poder entre los gobiernos y el mundo empresarial, mas por la corrupción de los actores políticos y administrativos que les permiten abusar de su posición para determinar las reglas de juego y dominar de facto todos los ámbitos vitales de las poblaciones donde operan sus intereses. Como consecuencia, esta acumulación de poder a menudo conduce a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos: Los estados corruptos ponen al servicio de las trasnacionales sus cuerpos de seguridad del estado o les permiten la creación de ejércitos paramilitares para doblegar a las poblaciones indígenas. En las últimas décadas, muchos casos de violaciones de derechos humanos fueron objeto de una condena pública y de procedimientos judiciales. También en la minería, este tipo de problemas siguen estando al orden del día.

Algunas de las violaciones de derechos humanos con frecuencia aparecen vinculadas a los proyectos mineros, en especial a las minas a cielo abierto de gran extensión, y resultan sintomáticas. Entre los derechos vulnerados se pueden mencionar los siguientes: El derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo una alimentación suficiente (derecho a la alimentación), derecho a una vivienda digna (derecho a la vivienda) y derecho a la educación .Estos derechos se hallan consagrados en el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (llamado también Pacto Social de la ONU).

El “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (derecho a la salud), definido en el Art. 12 del Pacto Social de la ONU. También este derecho es lesionado a menudo, por ejemplo a causa de los múltiples daños ambientales relacionados con los proyectos mineros. El derecho al agua potable limpia es asimismo violado con frecuencia. Este derecho es reconocido mundialmente como parte del derecho a la alimentación y del derecho a la salud (Art. 11 y 12 del Pacto Social de la ONU). Debe aclararse que en la explotación de las minas de oro se consumen para la extracción de un gramo de oro 6000 litros de agua que son a su vez contaminadas con cianuro y mercurio para lo cual se procesa una tonelada de tierra para extraer 10 gramos de oro.

La actividad minera destruye todo el ecosistema de su influencia , la tala de arboles y matorral es generalizada, es decir, todo vestigio vegetal desaparece para luego empezar a escarbar y a sacar la roca que contiene el oro. Se necesita una tonelada y media o más de roca para poder sacar diez gramo de oro. Para sacar un kilo tienen que moler y licuar grandes cantidades de material con millones de litros agua cianurada , toda vez que el cianuro aglomera las microscópicas partículas de oro. Una mina que extrae oro y otros metales mediante este procedimiento que se llama de lixiviación, requiere una cantidad de agua tal, que el agua que gasta la mina en una hora es el agua que consume una familia campesina en 20 años. Con el objeto de reunir las cantidades de agua necesaria las empresa comprar las tierras circundantes a la mina para que nadie pueda acusarlos por el desvió de los manantiales y recursos hídricos necesarios en la explotación minera. Este proceder esta prohibido por la ley pero no existen controles suficientes por parte de los estados para impedirlo y castigar a los infractores. Y el agua contaminada con residuos de cianuro y mercurio, que ya no se necesita, va a las lagunas, ríos y posos subterráneos donde sigue envenenando a cuanto animalito tome de esa agua. La empresa lo que hacen a veces, es poner letreros de advertencia sobre la peligrosidad de las aguas contaminadas pero como ni los pájaros ni los animales saben leer, la muerte y la destrucción continúan.

Los proyectos mineros –y sobre todo la criminalización de la protesta social que se relaciona repetidamente con los mismos– conducen en muchos casos a la vulneración de los derechos civiles y políticos, consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (PIDCP), así como a la carta magna de las naciones donde estos delitos se cometen. Entre estos derechos están los siguientes:

- derecho a participar en los procesos políticos (Art. 25 y 26 del PIDCP)
- derecho a la libertad de expresión (Art. 19 del PIDCP)
- derecho a la reunión y libertad de asociación (Art. 21 y 22 del PIDCP)
- derecho a no ser detenido ni encarcelado arbitrariamente (Art. 9 del PIDCP)
- derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 7 del PIDCP).

En los casos más flagrantes, se viola también la prohibición de la pena capital (“asesinato por parte del Estado”, Art. 6 del PIDCP) o asesinatos cometidos por grupos paramilitares pagados por las mismas compañías transnacionales. Igualmente es vulnerada la prohibición de la desaparición forzada, consagrada en la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006. Una y otra vez se vulneran los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho de fundar sindicatos y de afiliarse al de su elección (Art. 8 del Pacto Social de la ONU). El derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado - CLPI(en inglés: free, prior and informed consent – FPIC) tampoco se tiene en cuenta ni por parte de los estados firmantes de estos pactos ni por parte de las compañías multinacionales firmantes de los mismos.

Ha sido instituido por el Convenio 169 de la OIT (Art. 6, 7 y 16) y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sería posible continuar con esta lista de violaciones de derechos humanos, que tienen lugar en las circunstancias más variadas. A continuación analizamos algunas de ellas, que resaltan por su importancia.

Expulsiones y falta de acceso a la tierra

Muchos campesinos y campesinas de los países en desarrollo carecen de un título de propiedad legal sobre sus tierras a pesar de que en reiteradas ocasiones lo hayan solicitado a los organismos competentes, por lo cual a menudo son víctimas de expulsiones o desalojos. Debemos mencionar aquí que los derechos de quienes han sido desposeídos de sus tierras han sido “adquiridos legalmente” por aquellos que utilizando la fuerza y la violencia los desposeyeron. Aunque el acceso a la tierra no ha sido consagrado en sí como un derecho humano, es indudable que constituye una base directa para el goce de otros derechos humanos. De hecho, la pérdida de sus tierras implica para los afectados la simultánea pérdida de la opción de ganarse el sustento propio y el de sus familias, al igual que la privación del acceso a agua potable limpia, a una vivienda segura y digna, a la educación y posiblemente también del derecho a un trabajo en condiciones dignas. A menudo, la expulsión perjudica a poblaciones indígenas enteras. Se viola su derecho a la autodeterminación y a la identidad cultural. En otros casos, los afectados sí cuentan con títulos válidos y legales de propiedad sobre sus tierras, pero es frecuente que se les convenza o coaccione – incluso haciendo recurso a métodos violentos o invocando información falsa o incompleta a vender sus tierras, sin obtener una compensación adecuada por la pérdida de las mismas. Muchas veces, los perjudicados no tienen más remedio que migrar a las ciudades, donde tienen que competir, en condiciones infrahumanas, con numerosas personas para conseguir el sustento de sus familias. Muchos de ellos se ven obligados entonces a “refugiarse” en los extramuros de las grandes ciudades en asentamientos de hambre, miseria y violencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano de las Naciones Unidas constituido para supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Comité ha emitido dos Directrices Generales que interpretan el “derecho a la vivienda”, la primera de ellas en 1991 sobre el derecho a una vivienda digna, en términos generales (Observación General No. 4), y la segunda en 1997 (Observación General No. 7). Esta última se centra explícitamente en los desalojos forzosos y en las recomendaciones a los Estados firmantes entre los que se incluye Colombia, y contiene interpretaciones sobre qué medidas deben emprenderse para proteger a los afectados en caso de producirse la amenaza de una reubicación involuntaria. “El ex Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Miloon Kothari, consideró tan grave el problema de las expulsiones forzosas en combinación con presuntos “proyectos de desarrollo” (tanto en áreas rurales como urbanas), que en 2007 formuló un conjunto de directrices en las cuales no se prohíben los desalojos por completo, pero sí se fijan por lo menos algunos criterios para que éstos – en caso de ser inevitables – puedan tener lugar y se lleven a cabo en condiciones de amplio respeto de los intereses y los derechos humanos básicos de los afectados.

Estas directrices deberían servir de pauta a los Gobiernos y a las empresas en relación con las reubicaciones vinculadas a proyectos mineros, pero en la práctica es muy extraño que se tomen en cuenta. La elevada demanda de agua por parte de las industrias mineras, los daños al medio ambiente socavan el derecho a la alimentación y al agua limpia. Este derecho no sólo se ve afectado o vulnerado por los desalojos y desplazamientos sino y fundamentalmente por las materias químicas utilizadas en estas explotaciones. En las áreas rurales de los países en desarrollo, la existencia de agua para el riego de los campos y de bebida para los animales domésticos y a las personas es una condición indispensable para asegurar el sustento y desarrollo. Allí donde las empresas mineras explotan sus yacimientos, el tema del agua suele convertirse rápidamente en un punto conflictivo: la minería insume grandes cantidades de agua y disminuye drásticamente la disponibilidad de la misma. Se destruyen los manantiales, se contaminan los ríos, baja el nivel freático. Suele incluso suceder que los canales de riego para el cultivo se deriven hacia las minas. La población local no tiene cómo defenderse de esta situación y se viola su derecho de acceso al agua limpia. En su Observación General No. 15 del año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales volvió a subrayar explícitamente la importancia del derecho al agua y la agudización de la pobreza por causa del agotamiento de las existencias de agua, su contaminación persistente y su distribución inequitativa. La contaminación del agua, la presencia dañina de maquinaria pesada, el uso de explosivos y productos químicos altamente tóxicos, y el incremento notorio del tráfico vial – son todos factores que dañan el medio ambiente y se generan inevitablemente en el entorno de las grandes explotaciones mineras. La comunión de todos estos efectos dañinos causan enfermedades y accidentes graves, y deterioro de la saluid física y mental de sus habitantes.

El libre derecho a la participación política, la libertad de expresión y el libre disenso se encuentran entre los derechos fundamentales de toda persona, de igual manera está el derecho de participar en los procesos de decisión políticos, económicos y culturales de la sociedad. Precisamente los grupos marginados de los países en desarrollo se ven a menudo privados, de facto, de estos derechos. Debido a su identidad cultural y al significado muchas veces religioso que tiene la tierra para los pueblos indígenas, éstos se ven especialmente perjudicados. Se les impide el acceso a informaciones importantes y se pasa por alto su derecho a tomar parte en las decisiones. Se les niega el derecho a la participación a nivel social, económico y político.

La presión ejercida sobre los Gobiernos por el Fondo Monetario Internacional, por la banca local, por las compañías multinacionales, por la nueva ideología NEOLIBERAL sumada a la corrupción generalizada o al propio deseo de los gobernantes por atraer a inversores extranjeros a los países en desarrollo, parecen llevar a muchos gobiernos a la conclusión de que los derechos de los inversores merecen prioridad frente a los derechos de su población nativa. Son muchos los países en vías de desarrollo que incumplen las directrices de las Naciones Unidasm : -Véase: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)-: El derecho a una vivienda adecuada (Art. 11.1). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Observación General No. 7, “Los desalojos forzosos”, del 20/05/97. Véase: Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Cuarta Sesión, “Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado”, Miloon Kothari, A/HRC/4/18, 5 de febrero de 2007, Anexo I: “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo”.

Los grandes consorcios que se dedican a la explotación de materias primas asumen una posición muy dura contra los opositores de la minería y los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. En América Latina, por ejemplo, se observa una tendencia de los gobiernos a radicalizar sus leyes para la criminalización de las protestas, a fin de reforzar el efecto disuasivo. La criminalización de las protestas sociales atenta contra el derecho de libertad de expresión y, en consecuencia, también contra otros derechos como el derecho de libre asociación, la prohibición de detención arbitraria, la convención contra la tortura o la violación de los derechos laborales. Muchas de las grandes empresas mineras impiden la formación de sindicatos y discriminan a aquellos trabajadores que se afilian a un sindicato para la defensa de sus intereses económicos o sociales. De este modo atentan contra el derecho de fundar sindicatos o de afiliarse a los mismos, que aparece consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, con frecuencia se ignoran las disposiciones para la protección de la salud y la seguridad en el entorno laboral, fijadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI)

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivo proteger a los pueblos indígenas y les concede el derecho a ejercer un control lo más amplio posible sobre su desarrollo económico, social y cultural. Antes de poner en marcha o autorizar proyectos de exploración y explotación de materias primas en tierras indígenas, el Convenio de la OIT exige a los gobiernos establecer procedimientos para consultar a los respectivos pueblos indígenas y así determinar en qué medida los intereses de los mismos se verían afectados por dichos proyectos. Cada vez que sea posible, los pueblos correspondientes deben participar en los beneficios de dichas actividades y deben recibir una indemnización apropiada por todos los perjuicios que éstas les pudieran causar. En casos en que se considere necesaria la reubicación de los pueblos indígenas, ésta sólo puede tener lugar con el consentimiento voluntario y totalmente informado de dichos pueblos.

El Convenio 169 de la OIT del año 1989 consagra el derecho de los pueblos indígenas y tribales al “consentimiento libre, previo e informado” en caso de proyectos mineros. No obstante, hasta ahora sólo unos cuantos de los 17 Estados que ratificaron este Convenio han procedido también a hacerlo parte de su legislación nacional. Y prácticamente ninguno de los países emergentes y en desarrollo concernidos ha establecido mecanismos apropiados para informar plenamente a la población indígena sobre los proyectos mineros planificados e involucrarla de manera adecuada en los procesos de decisión. Incluso en aquellos países en los que el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” ha sido consagrado en las leyes. La implementación en la práctica deja mucho que desear, o se procede a dar prioridad a otras leyes en parte contradictorias. En el año 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó con una amplísima mayoría la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, que también instituye el derecho a un consentimiento libre, previo e informado. Si bien una Declaración de la ONU – a diferencia de un Convenio jurídicamente vinculante – “únicamente” constituye un pronunciamiento voluntario sobre una obligación de carácter moral, esta Declaración reconoce la fundamental importancia del CLPI para los pueblos indígenas. Incluso el estudio comisionado por el Banco Mundial en el año 2000 y publicado en 2004, titulado “Revisión de las Industrias Extractivas”, recomienda dar cumplimiento al principio del CLPI. Sin embargo, el propio Banco Mundial ha tomado distancia frente a esta recomendación y hasta la fecha apenas la ha puesto en práctica. Sería posible continuar con la lista de los derechos humanos frecuentemente vulnerados en el contexto de los grandes proyectos mineros en los países en desarrollo. Los gobiernos no cumplen suficientemente su obligación de proteger a la población, y – a pesar de la creciente conciencia de su responsabilidad social y ecológica - las empresas no se sienten conminadas a integrar el respeto a los derechos humanos en su política empresarial y menos aún a cumplirlo en la práctica. A menudo, las subsidiarias u operadoras in situ no conocen lo suficiente sobre la política de responsabilidad social corporativa de su propia empresa matriz, o no conceden al código de conducta de la misma la importancia concreta que se merece. Mientras que, por un lado, las empresas transnacionales violan o participan en la violación de derechos humanos en los países en desarrollo para su propio beneficio, los gobiernos de sus países de procedencia intentan librarse de toda responsabilidad, para lo cual alegan que sus obligaciones de derechos humanos sólo se aplican a las personas que viven en el interior de sus fronteras y niegan la existencia de las obligaciones extraterritoriales del Estado. Sin embargo, para hacer realidad el cumplimiento de los derechos humanos, tal como aparecen consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los distintos convenios internacionales que norman su aplicación concreta, se requiere instituir un respeto universal y establecer una cooperación internacional para su protección y promoción en todos los países del mundo.

Un lamentable caso ejemplar de este fenómeno lo constituyen las gigantes suizas Xstrata Plc. y Glencore, ambas con una amplia cartera de inversiones a escala mundial ligadas a la explotación y el comercio de minerales y de materias primas. Recientemente fusionadas, conforman una mega-corporación con operaciones en 50 países en conjunto, un volumen de ingresos globales por más de 175,000 millones de dólares anuales y utilidades superiores a los 13,000 millones de dólares anuales. En el caso de Xstrata, se trata de una empresa con fuerte presencia en Sudamérica, donde tiene radicado más del 30 % de sus inversiones y de donde proviene una proporción similar de sus ingresos globales.

Su mapa de negocios ha diseñado también una cartografía minada de conflictos, denuncias, casos comprobados y hasta condenas y procesos judiciales abiertos por contaminación, incumplimiento de la legislación ambiental, y violación a derechos humanos en general. Hacer un informe exhaustivo de los atropellos y violaciones de derechos provocados por estas grandes corporaciones demandaría cientos de páginas. Acá sólo podemos hacer una sucinta reseña sobre el Cerrejon dado que nos toca directamente...

El Cerrejón (Guajira, Colombia) es una mega-explotación de carbón, con participación accionaria de Xstrata Coal. Ha sido epicentro de innumerables casos de delitos ambientales, fiscales y de violaciones a los derechos humanos, que ha valido incluso la presentación de una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2007. La explotación de los yacimientos de carbón por parte de Xstrata ha provocado un grave deterioro de la calidad y cantidad del agua, afectando la estructura y el caudal del río Ranchería, principal curso de agua de la zona. La continua expansión del proyecto ha implicado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes, con numerosos episodios de violencia protagonizados por fuerzas de seguridad privadas y paramilitares ligadas a la empresa. La gran cantidad de emisiones contaminantes (carbón, sílice, metales pesados, etc.) por agua y aire ha provocado el anegamiento de suelos productivos, el fuerte incremento de casos de plumbemia, silicosis y manifestaciones cancerígenas en trabajadores y población aledaña, entre otros daños constatados por la Procuraduría General de la Nación en un proceso judicial abierto por estas violaciones a fines de 2010. Es hoy una de las regiones de mayor emigración de Colombia, con más de 60.000 personas desplazadas entre 2002 y 2010.

Perspectivas para un manejo sostenible de las materias primas

La explotación de materias primas trae aparejados numerosos problemas y graves violaciones de los derechos humanos en los países productores. También a nivel global el planeta tierra sufre los efectos del consumo de recursos naturales cada vez más desmedido. Todo esto muestra que: nuestro manejo de las materias primas no es sostenible. La necesidad de que entendamos de otra forma lo que significa progreso, crecimiento, bienestar y desarrollo se vuelve cada vez más evidente y urgente. Tanto a nivel regional como global la prioridad de los intereses económicos frente a los aspectos sociales y ecológicos conduce a un callejón sin salida. De momento estamos muy lejos de una sociedad (global) sostenible. Pero deben incrementarse las iniciativas de solución escuchando el clamor ciudadano y científico sobre la sostenibilidad del medio ambiente y su desarrollo. Todas las medidas orientadas en este sentido deberían ser retomadas y ampliadas consecuentemente. Para encontrar soluciones a los desafíos ecológicos, sociales, políticos y económicos de nuestro tiempo, todos los actores involucrados -gobiernos, empresas, instituciones financieras internacionales, y otras organizaciones de la sociedad civil, así como consumidores críticos- debemos asumir responsabilidades. Para ello son necesarias instituciones y estructuras internacionales fuertes y el abandono de un sistema económico basado en la explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta las poblaciones humanas y lugares geográficos de donde se extraen dichos recursos. . Su lugar debería ser ocupado por una economía de mercado social, que en lugar del capital coloque al hombre en el centro de su acción.

El presidente de COLOMBIA, Juan Manuel Santos, declaró 17,6 millones de hectáreas del país como "reserva estratégica minera" a tan solo horas que anunciara en la cumbre de Río+20 su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En la rueda de prensa se detallo que los 17,6 millones de hectáreas se encuentran en los departamentos del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada ofrecían grandes posibilidades para la extracción de minerales estratégicos apetecidos como el uranio, el coltán, el oro, el hierro y el platino.

Algunos ambientalistas y expertos han solicitado al Gobierno considerar la moratoria para desarrollar la minería, ya que algunos de los departamentos afectados no sólo son estratégicos ambientalmente sino también porque hay presencia de grupos armados fuera de la ley. Estudios de seguridad realizados en otros países con características similares han demostrado que, cuando se han descubierto importantes yacimientos mineros y petroleros, el conflicto armado se agudiza. El experto del Banco Mundial, Robert Goodland, quien estuvo de visita en Colombia, recomendó la moratoria de la minería en zonas claves por su biodiversidad, fuentes de agua, patrimonio étnico y arqueológico, y también en lugares donde haya conflictos armados y el estado no pueda garantizar la seguridad ni cumplir a satisfacción con los convenios y tratados internacionales sobre la materia en cuestión.

Con este anuncio que el presidente Santos hace ante la comunidad internacional, Colombia queda lista para sentencia ante los ojos del mundo. Lograr el desarrollo de la minería en zonas ambientalmente sensibles y con un mínimo impacto es un enorme reto que hasta la fecha no lo ha logrado ningún país en ningún lugar del mundo. Conseguirlo además en un país donde el conflicto armado dura mas de cincuenta años, con presencia de grupos paramilitares financiados por las corporaciones multinacionales, los terratenientes y comerciantes con el apoyo directo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es una misión, por decir lo menos, imposible.

El Gobierno Nacional en uso de las facultades legales que le concede la ley, y en cumplimiento de los convenios internacionales firmados, al respecto, con la ONU, la OIT y otros organismos internacionales, tiene la obligación de detener la ejecución de las explotaciones mineras en ejecución que no estén cumpliendo con lo pactado en los convenios y tratados internacionales y con las normativas de protección medioambientales así como con todos los proyectos mineros futuros hasta cuando los grupos sociales que se afecten y las áreas protegidas, debido a la diversidad biológica se salvaguarden, con el objeto de que queden debidamente protegidas y solucionados todos los problemas sociales a tenor de los acuerdos y de los convenios internacionales firmados.

Áreas Afectadas por la decisión Presidencial:

Espejos por oro

500 años atrás
Con cruces y espejos nos vencieron.
Ahora el futuro trae más sangre que siempre
Y nos disfrazan su maldad con nuevas calles, puentes, escuelas
Y otras “bondades”;
Y el empleado público es contratado como mercenario gubernamental
Y su buena cara…de “lobo con piel de cordero”
Trata de conquistar al campesino, y sus ternuras,
Su sonrisa de oro fácil se ondea como pancarta
Aduciendo el desarrollo.
Hace tanto que caímos bajo la misma trampa
Espejos por oro,
Oro por almas.
Las cruces siguen,
Castigarán al caer tu cara
Y la falsedad de tus palabras
Serán tus hijos
Señalándote el futuro,
Te recordarán a diario que los cambiaste como espejos
Con un nudo en su garganta.

(Poema de César Augusto Angulo Navarro, costarricense)