miércoles, 30 de enero de 2013

Breve ensayo sobre la construcción urbana de Cali

Por Luis Alejandro Espinosa García.

El espacio urbano en Cali tiene muchos paisajes que se han convertido en puntos de encuentro de culturas, creencias, clases y estructuras sociales cuyo producto es la constante estructuración y reestructuración de las propiedades y características que lo componen y las de sus partes, es decir los individuos que conforman su sociedad. En estos procesos intervienen muchas variables interconectadas que constituyen un sistema intrincado, entre las cuales están los asuntos económicos y políticos, las coyunturas sociales y culturales e inclusive sucesos de tipo ambiental. Cali es CaliEs un ciclo que pasa como la vida misma frente a nuestros ojos y que así como lidiamos con ella en medio de nuestro afanoso intento por controlarla de alguna forma o predecirla, también intentamos canalizar de algún modo cómo nuestras urbes crecen y tratamos de controlar o poner cierto orden a las fuerzas que conviven dentro de ellas. No intento enfocarme en develar con exactitud las razones o variables que nos han traído hasta este punto en el que nos encontramos hoy, sino caracterizar los espacios en los que actualmente se desenvuelven las relaciones, encuentros y choques fortuitos, contingentes y cambiantes que constituyen lo que entendemos por una estructura urbana. Si bien es cierto que es necesario referirme a las condiciones que posibilitaron la situación actual de un objeto, no considero necesario hacer un recuento exhaustivo de la historiografía de la construcción económica, política o social de la ciudad porque sería un trabajo extremadamente tedioso para lo que hoy me propongo. Es por esto que me voy a valer de una sola variable física que me aporta la parte tangible y visible de la cual dependen los espacios a los que pretendo aproximarme: el crecimiento territorial de la ciudad como uno de los factores que definen el proceso de urbanización en Cali, el cual arrastra detrás suyo un espacio geométrico que varía a su mismo ritmo: el transporte público y sus dos caras: los buses públicos de empresas privadas y el Masivo Integrado de Occidente (MIO); lugar paradójicamente lleno de no-lugares, donde a su vez podemos encontrar cotidianamente todas las bifurcaciones y entrecruzamientos relacionales y simbólicos que hacen parte de esta estructuración constante y sin final de lo que llamamos espacio antropológico.

Para empezar es necesario definir algunos conceptos básicos que utilizaré a lo largo del desarrollo de mi idea. En primer lugar, como lo expresa Manuel Delgado, la construcción del espacio urbano no es lo mismo que la construcción territorial de la ciudad. No obstante, los dos procesos son simultáneos y dependientes. El primero se refiere al crecimiento físico de sus límites, mientras el segundo hace referencia a las dinámicas de “un estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias”. De la misma forma, la urbanización va a ser entendida como “ese proceso consistente en integrar crecientemente la movilidad espacial en la vida cotidiana, hasta un punto en que ésta queda vertebrada por aquella”.

Así mismo, el espacio geométrico denota un perímetro indiscutible, donde las cosas ocupan un lugar físico aquí o allá. En cambio, el espacio antropológico se refiere al espacio simbólico donde las cosas aparecen y desaparecen de pronto. De aquí surge el concepto de no-lugar, que Delgado toma prestado de Augé : “el no-lugar se opone a todo cuanto pudiera parecerse a un punto identificatorio, relacional e histórico: el plano; el barrio; el límite del pueblo; la plaza pública; el santuario; el monumento, entre muchos otros enclaves asociados a un conjunto de potencialidades, de normativas y de interdicciones sociales o políticas que buscan en común la domesticación del espacio. Augé clasifica como no-lugares los vestíbulos de los aeropuertos, los cajeros automáticos, las habitaciones de los hoteles, las grandes superficies comerciales, los transportes públicos y cualquier plaza o calle en que proliferen los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales”. En estos últimos puntos es donde se produce nuestro objeto de estudio, los itinerarios cuyos encuentros constituyen la urbanidad.

Habiendo terminado nuestra breve definición conceptual, pasaré a la otra breve descripción histórica del crecimiento territorial de la ciudad, aspecto determinante en el proceso de urbanización de Santiago de Cali. Como dije antes, no es una revisión exhaustiva, más bien se trata de un esbozo general del crecimiento de la ciudad, factor que hace necesaria la creación de métodos de transporte, y automáticamente inaugura los no-lugares donde se muestra lo urbano. En 1536, la ciudad fue erigida como distrito. Su forma física correspondía a la propia de una ciudad fundada por los españoles con la plaza principal como centro rodeado de manzanas que contenían el comercio y los edificios religiosos y gubernamentales. La ciudad estaba recostada sobre el cerro y su forma es la de una cruz cuyos brazos corresponden con los caminos que la conectaban con Palmira y Buenaventura.

La ciudad no tenía mucha importancia como centro de comercio en esta época. Solamente constituyó un lugar de paso entre la Nueva Granada y el Perú. Su economía estaba basada en los minerales y la ganadería en los latifundios de los grandes terratenientes. Poco a poco, la población crece a un ritmo pausado hacia el oriente, San Nicolás y el sur-oeste. Para el año 1787 hay un total de 5690 habitantes. En 1800 se inicia la construcción de la Iglesia de San Francisco, terminada en 1828. Y en 1806 se inaugura la capilla de San Nicolás, lo cual es un factor importante, ya que esto atrae el crecimiento demográfico un poco hacia el sur-oriente de la ciudad. El Puente Ortiz, Cali-ColombiaEl único paso del río estaba a la altura de la calle 12, pero fue reemplazado en 1845 por el puente Ortiz. La construcción del camino Cali-Palmira empieza en 1865 y el Colegio Santa Librada se funda en 1823, donde antes se encontraba el convento San Agustín. En esta época finaliza la construcción del tranvía.

La zona comercial se amplía en medio de una red vial que se empieza a volver más evidente. La ciudad deja de lado su crecimiento hacia 3 puntos para aumentar su área de expansión hasta convertirse en algo parecido a un rectángulo. Cali se empieza a constituir como un centro de comercio mercantil, debido a que es posible la creación de un mercado de consumo, tiene una mano de obra sólida y buena infraestructura vial. Cali se empieza a constituir como centro de comercio debido a su cercanía con el puerto de Buenaventura y a que la abolición de esclavos introdujo más oferta al mercado de la mano de obra. Las industrias básicas son las de materiales de construcción. La zona residencial se da en el sector este y sur, muy poco al otro lado del río.

A principios de siglo, la ciudad empieza una nueva etapa. Entre 1900 y 1940 la ciudad pasa de tener cien hectáreas ocupadas a tener quinientas veinte. El transporte adquiere una nueva importancia con el ferrocarril y el tranvía. La ciudad empieza a crecer en varias direcciones y el centro comercial se desplaza desde el centro hacia la periferia; las clases altas comienzan a ocupar el norte y sur, mientras que los artesanos y la embrionaria clase obrera se ubican al oriente. Poco a poco la ciudad supera definitivamente las barreras del rio y la línea férrea para crecer mayoritariamente hacia el sur. En la década del 30 a los 40 nuevos establecimientos asistenciales, industriales, deportivos, religiosos y educacionales surgen en la periferia de la ciudad al mismo tiempo del crecimiento residencial, a veces anticipándose a él, otras veces ayudando a provocarlo. En la década del 40 se funda la Fábrica de Cementos del Valle y posteriormente Croydon, Fruco, Monark, Quaker, Grasas S. A. y luego otras como Good Year. En esta época aparece un nuevo fenómeno demográfico conocido como los tugurios. Son barrios de gente marginada que se forman por la llegada del campesinado producto de la violencia que acelera el proceso migratorio desde el campo hacia las ciudades, pero además lo hace de forma desorganizada. Nacen las laderas como Siloé y Terrón Colorado, u otros como El Rodeo y Puerto Mallarino. Hacia el sur las proyecciones demográficas descansan en barrios como San Fernando.

En la década del 50 el crecimiento de la ciudad se da en relación con las vías interregionales que la conectan con Vijes, Palmira, Jamundí y Yumbo. Además el sur empieza a ver el nacimiento de nuevas unidades residenciales, además de un sector deportivo y recreacional. El sector noreste se define como área comercial traspasado por el ferrocarril, donde no hay zonas residenciales. Hacia el Oriente, que no se urbaniza todavía se establecen mercados, almacenes, un matadero y ferias de ganado. De esta forma el planeamiento vial se concentra más en la dirección Norte - Sur por constituir la mayor proyección residencial. No obstante, con el pasar del tiempo las zonas oriente y noreste constituyen las de mayor crecimiento demográfico, factor que define los problemas de movilidad actuales.

Para la década del 60, la ciudad se encuentra en plena expansión acelerada. Sus desarrollos multidireccionales muestran sin embargo, una fuerte relación con el área central. En este período, las vías se enfatizan en la comunicación del norte con el sur, con ejes como la vía del ferrocarril, la autopista Simón Bolívar y la Autopista Oriental. Existe un interés por impulsar el desarrollo hacia el sur y contener la expansión hacia el norte, fenómeno que se ve potenciado por la construcción de la sede Meléndez de la Universidad del Valle.

En la década del 70, la realización de los Juegos Panamericanos y la construcción de varios edificios destinados a alojar dicho evento, origina un gran movimiento económico en la ciudad y un motor de desarrollo hacia el sur, debido a que allí se encontraban los complejos deportivos y residenciales. El crecimiento demográfico y la construcción experimentan subidas constantes debido a la imparable migración que ahora se empieza a asentar de forma desorganizada en invasiones ubicadas en la periferia, lo cual lleva la expansión al oriente y occidente. Mientras la planeación sigue concentrándose en el flujo Norte-sur. Por lo que para comienzos de los 80, empiezan a nacer nuevos barrios clase media en el sur. Al mismo tiempo, aparecen edificios altos en el centro y en los barrios residenciales aledaños, generando una verdadera renovación urbana. A partir de este punto, y a lo largo de la década de los 90 y principios de 2000 la ciudad se alarga de sur a norte y crece hacia los cerros y el oriente, principalmente gracias a que sigue siendo foco de migración, lo que hace pensar seriamente en una política de ordenamiento territorial. Se empieza a ver congestión en las vías en las horas pico y los déficits de los servicios aumentan.

De esta forma, la ciudad va creciendo territorialmente al mismo tiempo que la necesidad de suplir transporte a sus habitantes. La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal (STTM) es la encargada de registrar los vehículos rodando por la ciudad. Según datos de esta entidad, por las calles de Cali ruedan más de 43 000 vehículos contando taxis, buses, busetas y colectivos. Por otro lado, según datos del DANE por la ciudad ruedan diariamente 3 800 vehículos de servicio público colectivo, distribuidos en: 40,43% microbuses, 25,10% busetas y 34,47% buses. Estos transportes colectivos mueven un total aproximado de 300 millones de pasajeros anualmente, distribuidos en: 40% en microbuses, 30% en buses y 30% en busetas. Las empresas de transporte público son de capital privado. Como característica local las empresas de buses urbanos tienen nombres de colores (“Blanco y Negro”, “Azul Plateada”, “Rojo Gris (Gris Roja hasta el año 2004)” y “Papagayo”, entre otros); otras nombres son “Alameda” y “Coomoepal”.

En la década pasada, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez impulsó la creación del Masivo Integrado de Occidente (MIO), un sistema de transporte masivo basado en buses, similar al TransMilenio de Bogotá, al sistema de Curitiba, Brasil o a la denominada Metrovía en Guayaquil, Ecuador. Tras múltiples retrasos en las obras, este sistema entró a funcionar en el año 2009 y se espera que solucione gran parte de los problemas de congestión vehicular en la ciudad. El hecho de poner a disposición de los caleños cualquier sistema de transporte público constituye la creación o apertura de un espacio considerado como antropológico o no-lugar, porque es un punto de paso de muchas personas de diferentes orígenes sociales y culturales, un encuentro de simbolismos, actitudes y acciones que van llenando la urbanidad.

Tanto en los buses públicos como en el masivo existen no-lugares donde confluye lo urbano en toda su expresión, sólo que de forma ligeramente diferente. A lo que me refiero es que con la implementación del MIO la cultura y hábitos relacionados con el transporte público se hacen más organizados debido a que el propio sistema lo requiere. Es decir, el MIO tiene sus propias reglas, cuyo cumplimiento garantiza la Policía Nacional, mientras que en los otros buses el reglamento es más laxo y no hay ningún ente constantemente pendiente de su cumplimiento. Por ejemplo el uso de filas para ingresar a los buses articulados es algo que nunca se ve en los del otro tipo. De igual forma, el hecho de que hayan paradas exclusivas para los buses del MIO le da un orden que no tienen los otros buses, los cuales pueden parar en cualquier lugar que quieran. Inclusive el precio del pasaje es flexible en los últimos, mientras en los primeros debido al uso de tarjetas inteligentes es prácticamente imposible pagar menos de lo que cuesta el pasaje. Todo esto sin contar las ventas ambulantes o los artistas callejeros. Esto se debe principalmente al nivel de institucionalización de los hábitos relacionados con los dos procesos. Por un lado, la institución del Masivo, con unas reglas bien definidas y vigiladas; y por el otro el resto del transporte, cuya flexibilidad institucional nos deja ver muchos de los episodios más pintorescos en la urbanidad caleña.

Todas esas reglas de los lugares, afectan el ambiente de los no-lugares así el autor no esté de acuerdo conmigo. Incluso estando de transición o de paso, las personas tienen una conducta que se ve modificada por el contexto y la rigidez del mismo. Todo esto modifica la urbanidad, porque influye profundamente en lo que podemos ver cotidianamente en una ciudad. Es cierto que en el transporte público encontramos gentes de todas las clases sociales mezcladas unas con otras sin distinción alguna, provenientes de cualquier latitud de la ciudad debido a que la función principal del transporte es conectar dos puntos. Pero la dualidad del transporte público en Cali ha generado dos ambientes diferentes uno del otro que aportan su porción al infinito espectro de lo urbano que se nos presenta día a día en esta ciudad.

Bibliografía

ARIZABALETA, M. Teresa y SANTACRUZ, Marino. Proceso histórico del desarrollo urbano de Cali: Cali en el siglo XX. En: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI (editor). Santiago de Cali 450 - años de historia. Cali: Editorial XYZ, 1981. pp. 149 - 163.

DELGADO, Manuel. “El animal Público”. Barcelona, 1999: Anagrama.

lunes, 28 de enero de 2013

Mas sobre lo mismo…

Columnista Carlos Herrera Rozo.

He leído, en los últimos días, el libro La Teoría de la Cosa Pública de James M. Buchanan, quien descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las elecciones políticas y gubernamentales, hallando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos a efectos de hacer posible la elección entre los diversos partidos o ideologías existentes en el mercado político. James M. Buchanan en la entrega del Premio NobelDicho descubrimiento le valió el premio Nobel de economía en 1986. Si bien es cierto que no estoy en todo de acuerdo con él, no es menos cierto que varios de sus conceptos tienen cabida dentro de cualquier sistema democrático abierto.

Los economistas se han dedicado, por entero, a estudiar con toda dedicación y esfuerzo el funcionamiento de los mercados, pero con raras excepciones a explicar las decisiones políticas, sin percatarse de que la maquinaria del estado maneja tantos o más recursos que el sector privado. Es curioso, por decir lo menos, que no se hayan usado los recursos de la ciencia económica y sus potentes instrumentos para analizar en profundidad los comportamientos de la cosa pública en el funcionamiento del Estado. Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados y una alta tasa de bienestar público en los países desarrollados. En este contexto, James Buchanan, premio nobel de economía, se preocupó esencialmente por entender "cómo funciona la política en la práctica"... Con él nació la teoría de la toma de las decisiones públicas, una nueva rama de la economía para adaptar las decisiones públicas a las necesidades básicas del estado sin perder de vista el interés general. El homo politicus es homo economicus y, al igual que un empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés alejado del interés general. Ello que se requiera de nuevos enfoques de la teoría política dentro de la vida constitucional para evitar, en lo posible, movimientos perversos que perjudiquen a la población en la que se aplican sus principios. Precisamente, esta delegación en la toma de decisiones hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales, los servicios públicos y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos con compromisos poco éticos que no necesariamente se guían por el "bien común".

La ciencia económica basa sus análisis en las motivaciones de los consumidores, financieros, inversores, empresarios, etc., sustentados en el interés individual. Ahora bien, la visión que se tiene de los gobiernos es bien diferente: damos por sentado que su acción debe de ser paternalista, desinteresada y generosa buscando con afán el bien común. Pero nos encontramos, más pronto que tarde, con déficit presupuestarios, crecimiento inadecuado de la administración pública, corrupción en la toma de decisiones para favorecer a determinados grupos de presión, fenómenos que deben desaparecer en el manejo del estado y ser, por consiguiente, incompatibles con el buen funcionamiento de la cosa pública. Lo cierto es que los políticos actúan mas guiados por sus mezquinos intereses que por favorecer el bien común…

Esta forma de actuar ha permeado todos los estamentos sociales y se ha apoderado, de alguna forma, de la conciencia colectiva: hacer dinero pronto y fácil es el leit motiv de la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué ha sido tan fácil aceptar esta conducta delictiva? No requeriremos de demasiada imaginación y perspicacia para encontrar sus causas mediatas e inmediatas: La clase dirigente Colombiana, política, empresarial, financiera y comercial se ha dedicado más, en los últimos cincuenta años, al saqueo del estado que al servicio a la comunidad a la cual dicen que sirven. Lo verdaderamente lamentable es que la corrupción que observamos todos los días en las altas esferas del estado no ha sido fácil de asimilar por la sociedad en general toda vez que el mundo de la política, su discurso, insiste en su motivación generosa y desinteresada para ocultar, mañosamente, sus verdaderos intereses y motivaciones egoístas. Sostienen campañas intensas por los medios de comunicación, para desviar la atención de los ciudadanos, para impedir a toda costa y sin conflicto, que tan corrosivas ideas y actitudes criminales puedan ser analizadas por la comunidad en general.

Como quiera que tengamos que aceptar el carácter interesado de la política también debemos exigir que se establezcan nuevas reglas y controles apropiados para que el sistema gubernativo cumpla sus funciones, aceptablemente, aunque los individuos que gestionen la cosa pública sean egoístas e interesados. Es decir, que debe diseñarse una estructura estatal Constitucional lo suficientemente rígida que reglamente los incentivos de los dirigentes políticos de manera que sea difícil que pasen por encima de los intereses generales. En otras palabras, debemos exigir que la maquinaria del estado deba funcionar con independencia de que los políticos sean estos generosos o egoístas, sancionando la corrupción con penas lo suficientemente duras para que, quien piense delinquir, sepa cuál será el monto de su delito contra toda la sociedad.

Soy un demócrata convencido pero he de reconocer, como muchos lectores, que el voto es un instrumento insuficiente, imperfecto e indirecto para el buen funcionamiento del estado, entre otras muchas razones, porque el ciudadano no está lo suficientemente informado, pero sí lo suficientemente desinformado por los mas media, para asistir a las urnas concienzudamente. Los costes para obtener una información relevante que le permitan al ciudadano tomar una decisión consiente son muy elevados dado que tendrá que investigar en fuentes diversas para tener una respuesta satisfactoria a sus dudas y votar en consecuencia. El ciudadano es consciente, además, de que su voto individual no tiene repercusión alguna sobre el resultado final de las elecciones. En síntesis, tendremos que convenir que, un gobierno al cual los ciudadanos solo tienen acceso para su control cada cuatro años tendera a favorecer sus intereses egoístas y a alejarse cada vez mas de los intereses de la ciudadanía si no existen elementos constitucionales de control efectivos. En el caso Colombiano, el problema tiende a agravarse cada vez más, toda vez que, las listas electorales son cerradas y manejadas a dedo por los dirigentes de los partidos políticos y a que la casta política Colombiana se mantiene estrechamente unida por lazos familiares, estrechos vínculos económicos y la misma ideología en la comprensión del Estado.

El Economista James Buchanan, premio nobel de Economía, propone una estructura de elección colectiva en dos niveles: política ordinaria, para la toma de decisiones del día a día y la política Constitucional o el procedimiento por el cual se rigen las reglas de juego, trabas y restricciones, normas legales de estricto cumplimiento y sanciones ejemplares para su incumplimiento, dentro de las cuales deben actuar obligatoriamente las decisiones gubernamentales. Es la norma constitucional la que requiere un diseño meditado y acotado a los intereses de la sociedad, en la que se ha de aplicar, teniendo siempre en cuenta que el hombre, el ciudadano, sustituye con mucha facilidad el imperio de la ley, cuando este es flácido y permisivo, por las complejidades de la corrupción y el soborno. Es aquí, y no en otra parte, donde debemos buscar las causas fundamentales del rotundo fracaso del sistema político Colombiano, viciado desde su raíz y carente de las normas legales y constitucionales apropiadas para detener el caos que nos coloca en la lista de Estados Fallidos en el puesto Nº 52.

Una de las líneas de investigación de la “Cosa pública” fue la teoría de la “búsqueda de rentas no competitivas”, dado que las decisiones gubernativas tienden a favorecer a determinados grupos de poder dejando de lado el interés general. Los grupos de presión, especialmente los empresariales y de forma considerable los dedicados a la especulación con el ladrillo gastan inmensos recursos económicos con el objetivo de adquirir el favor de la clase gobernante: Una simple regulación que impida el acceso libre de los competidores al mercado, ayudas generosas a una industria concreta, contratos públicos en condiciones ventajosas, tratos fiscales laxos, constituyen pequeñas y discretas decisiones que proporcionan a sus destinatarios enormes beneficios que de otra manera serian difíciles de conseguir, de ahí , de su privilegio, se deduce su carácter de renta no competitiva.

Ante la perspectiva de tanta lluvia de millones, obtenidos con tanta facilidad, los grupos empresariales se muestran dispuestos a cualquier gasto, donación al partido, regalo en metálico o transferencia a cuenta en paraíso fiscal o garantía de un puesto en consejo de administración tras el mandato, con el fin de inclinar la voluntad del político hacia la concesión del favor. Ello explicaría que, en respuesta, en países como Colombia, los gobernantes promulguen una auténtica salva de complejas leyes, normas y regulaciones que protegen de la competencia a los grupos privilegiados y lesionan ostensiblemente el interés general. O que impulsen legislaciones fiscales complejísimas, siempre llenas de excepciones y agujeros por los que puedan colarse aquéllos que compraron sus voluntades. Un ejemplo desgraciado de estos malos manejos es el del general (r) Santoyo, con quien paso algo similar: si bien es cierto que este alto ex oficial tuvo, para vergüenza nacional, relaciones con los paramilitares y con la ‘Oficina de Envigado’, el ex presidente Uribe no fue el único que lo protegió en el pasado. A Santoyo lo ayudó gran parte de la clase dirigente del país, la gran mayoría pendiente de sus intereses y de obtener más ganancias por medios ilícitos, los otros, los menos, absolutamente ciegos sobre sus macabras relaciones. Del ex general ¿Queremos saber qué pasó? Claro que sí. Los tribunales de Justicia tienen la obligación imperativa de dilucidar responsabilidades ante la opinión pública nacional y no ceder las responsabilidades en terceros, además foráneos, ajenos a la realidad nacional.

A la hora de medir estas cantidades, nos sorprendemos. A pesar de los miles de millones en rentas que podían suponer todas estas medidas, los grupos empresariales sólo necesitan gastar una pequeña fracción de todo ese montante para conseguir los favores. Ciertamente, los gobernantes reciben muy poco en relación a lo que conceden. Quizás nunca lleguemos a conocer el volumen que alcanzan los pagos por privilegios y las comisiones reales que las grandes empresas pagan a los políticos en Colombia habida cuenta de la manifiesta dejación de los órganos de justicia sobre el estricto cumplimiento de sus competencias. No debemos olvidar que los hombres están lejos de la redención, que la única solución consiste en comparar unas ambiciones con otras y unos intereses con otros y en comprender, para bien o para mal, que si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos leyes fuertes y bien estructuradas y normas constitucionales inflexibles que las hicieran cumplir. Así mismo tenemos que entender que no se puede cambiar la mentalidad y el corazón de una persona al cabo de siglos de dificultades, luchas y odios en cuestión de semanas o meses. No es posible. Así que tenemos la doble tarea de recuperar el Estado para el servicio de los ciudadanos y de reeducar a los ciudadanos para el servicio de la nación.

martes, 22 de enero de 2013

Armas, gérmenes y acero. Fuera del Edén.

Por José Castiblanco.

En cuanto al más acá, los devenires escapan al control, esas minorías no cesan de resucitar, y de resistir. Los devenires no son la historia: aunque sea estructural, la historia piensa casi siempre en términos de pasado, presente y porvenir. Se nos dice que las revoluciones acaban mal, o que su porvenir engendra mounstruos: es una idea muy vieja, para cuya defensa no hay que remitirse a Stalin, ya es cierto a propósito de Napoleón o de Cromwell. Cuando se dice que las revoluciones tienen un mal porvenir, no se ha dicho nada aún acerca del devenir-revolucionario en la gente. Si nos hemos interesado tanto por los nómadas es porque son un devenir y no forman parte de la historia: excluidos de ella, se metamorfosean para reaparecer de otro modo, bajo formas inesperadas, en las líneas de fuga del campo social. Esta es una de nuestras diferencias con (________): según él, un campo social está atravesado por estrategias, para nosotros hay una fuga generalizada. Mayo del ‘68 fue un devenir que irrumpió en la Historia, y por ello la Historia lo ha comprendido tan mal y la sociedad histórica lo ha asimilado de forma tan torcida.

miércoles, 16 de enero de 2013

Colombia ¿un estado fallido?

Columnista Carlos Herrera Rozo.

Estuve en Bogotá del 2 de Octubre de 2012 al 2 de Enero del 2013 y pude comprobar, de primera mano, leyendo los periódicos de la ciudad, escuchando las noticias por la TV, escuchando la radio y visitando a mis amigos, de los cuales solo diré que, están en la universidad, en el parlamento, en la judicatura y, algunos, más bien escasos, en los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado. De todas estas fuentes extraje, para disgusto mío y también de ellos, que Colombia, esa tierra nuestra verde y herida, es un país, gracias a las clases dirigentes Políticas, Económicas, Financieras y Administrativas un estado fallido, lo afirmo con tristeza y corrijo a aquellos que, desde oscuras atalayas, me acusan de hablar mal de mi país, así como agradezco a todos aquellos que me ayudaron en la comprensión del problema.

Los Estados fallidos son un concepto relativamente nuevo que, desde que en 2005 cuando el Foreign Policy comenzó a publicar el Índice de Estados fallidos, se ha ido difundiendo. Hablar de Estados fallidos es un concepto amplio y no pocas veces confuso que lleva a algunos equívocos, pero que, cada vez se utiliza más por aquellos que se dedican a dilucidar los problemas de la política internacional y nacional en este mundo globalizado.

De alguna manera podremos afirmar que los Estados fallidos son aquellos que no tienen una estructura político-administrativa que pueda garantizar un funcionamiento mínimo. El término Estado Fallido es empleado por politólogos, periodistas y comentaristas políticos para describir un estado Soberano que, se considera, ha fallado en la garantía de los servicios básicos y donde la corrupción ha permeando todos los estratos de la sociedad. El centro de estudios Fund for Peace ha propuesto los siguientes parámetros para hacer más comprensible el concepto:

  • Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

  • Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.

  • Incapacidad para suministrar servicios básicos.

  • Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

  • Corrupción generalizada en la administración pública.

  • Altos niveles de criminalidad.

  • Elevado porcentaje de refugiados y desplazados.

  • Degradación económica de la población.

  • Aparición de grupos paramilitares que sustituyen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Analizando críticamente dichos parámetros, con la realidad Nacional Colombiana, podremos cotejar sin mucho margen de error si nuestro país cabe dentro de la denominación de Estado Fallido.

Más adelante para comprender con mayor claridad este fenómeno adverso presentare la lista de los Estados fallidos que hay en la actualidad. He afirmado que los Estados fallidos son lugares donde no hay servicios básicos que cubran ampliamente a la población, ni justicia social, ni unas fuerzas de seguridad del Estado mínimamente fiables… ni, por consiguiente, una verdadera democracia. Lugares donde, en pocas palabras, la única garantía fiable es que no existen garantías. Observar el Ranking de Estados fallidos y encontrar en él al País en que se vive es, por decir lo menos, terriblemente amargo y descorazonador.

Los Estados fallidos no son el resultado de una coyuntura desfavorable, sino el resultado de siglos de políticas Nacionales e internacionales injustas. Sólo hay que ver que algunos de los países en lo alto del ranking han sido invadidos o tutelados por coaliciones internacionales que, sobre el papel, tenían que ayudar a mejorar la situación de esos países y que vistos los resultados han fracasado estruendosamente. Eso no quiere decir que todas las naciones en proceso de descomposición sean víctimas del olvido mundial. Irak y Afganistán, los dos frentes principales en la guerra contra el terrorismo, empeoraron a lo largo del año pasado. Sus experiencias prueban que no sirve de nada que se destinen miles de millones de dólares de ayuda a la seguridad y el desarrollo si no van acompañados de un gobierno con capacidad de actuar, dirigentes dignos de confianza y planes realistas para mantener la paz y desarrollar la economía. Igual que existen muchas formas de alcanzar el éxito, también hay muchas maneras de caer en el fracaso.

Desgraciadamente, además, parece que ser un Estado fallido es una enfermedad de la que difícilmente se puede salir, ya que, con algunas excepciones, la mayoría de Estados que están en los primeros puestos del ranking han repetido los últimos años en posiciones similares. Cada Estado es un caso diferente, pero muchos son ricos en recursos naturales desde petróleo o gas, hasta minerales o unas tierras ricas para la producción agrícola, como es el caso Colombiano, donde todos estos factores se cumplen. Su riqueza no justifica su posición en esta lista. En cambio, vemos con nostalgia, como entramos en este círculo perverso y la degradación social facilita que acabemos siendo la base de todo tipo de actividades delictivas, como el comercio de armas, de drogas y de recursos naturales cedidos, sin mayores controles, a las grandes multinacionales que controlan su comercio. Además, ha de tenerse en cuenta, la corrupción administrativa desde las más altas esferas del estado, hasta las alcaldías de los municipios más pequeños.

Esta situación interna y los pobres resultados de las grandes misiones mediáticas Internacionales para darles apoyo, muestran la necesidad perentoria de establecer mecanismos de control y de gobierno que permitan afrontar estas situaciones desde una óptica más razonable a medio y largo plazo, lejos de los intereses de los países que los "ayudan", cuando realmente prima un interés para controlar la gestión de los recursos naturales.

Debemos tener presente que, en estos países, la gestión de los recursos naturales y los modelos de producción están lejos de un desarrollo sostenible habida cuenta de que su legislación al respecto adolece de profundos fallos o de controles efectivos para que se cumpla. Estados donde la educación, la sanidad o el acceso al agua potable son una quimera, el medio ambiente no es sino una ilusión. Es decir, que a pesar de que exista una legislación aceptable, sencillamente es inexistente porque nadie la cumple y esto ocurre en zonas de gran riqueza biológica, con recursos hídricos importantes, amplias zonas de cultivos y riquezas en el subsuelo muy importantes. Un país, cualquiera que él sea, no puede darse el lujo de dejar en manos extrañas, sin controles efectivos, la explotación de sus recursos naturales.

Los Estados fallidos son fracasos no solamente Nacionales, sino globales, que afectan el conjunto de naciones y que piden y necesitan legislaciones claras y respuestas globales que no afecten su estabilidad. Por ello, una buena gestión de estos Estados es necesaria para construir un mundo sostenible y en paz.

Acabar con los Estados fallidos es una cuestión de justicia social. Por ello, es responsabilidad de los gobernantes, de toda la sociedad, implicarse en conseguir derrotar la corrupción y dotar a la justicia de todos los elementos legales indispensables para evitar que se burlen las normas que rigen el buen funcionamiento del estado, y garantizar con ello, la viabilidad económica y democrática del Estado. ¿Es una Utopía? ¡No!. Sencillamente, un acto imprescindible para todos los que vivimos en este planeta.

NO es sorprendente que dentro de esta lista de los países fallidos se encuentre Colombia, a pesar de todo el esfuerzo que se afirma haber hecho en los últimos años para consolidar su legitimidad, su soberanía y su crecimiento económico, a pesar de ello, aparece en el listado con el número 52.


Mapa de Estados fallidos: En color purpura los Estados fallidos en la actualidad: Colombia en el puesto 52 (Ver más información al respecto)

En el listado se tiene en cuenta la presión demográfica, el número de refugiados, el desarrollo desigual de la población, declive económico, derechos humanos, independencia judicial, servicios públicos, fuerza pública, élites fracionalizadas, grupos de presión, función democrática e intervención extranjera.

De acuerdo con el analista Larrazábal “este estudio da a conocer por tercera vez que Colombia desde el 2009 hasta este año, aparece dentro de la lista de Estados fallidos, y de las razones que la revista esgrime esta el tema de corrupción, falta de infraestructura e incluso la aplicación al derecho en salud, conflicto interno, conflicto étnicos, refugiados entre otros” y he de agregar importantes fallos del sistema judicial colombiano.

Según el estudio, dentro de los países de Latinoamérica, Bolivia, Haití y Colombia aparecen dentro del listado, lo que es sorprendente porque quiere decir que los colombianos estamos a la par de estos dos países en cuanto a estructuración de Estado, lo que podría ser desproporcionado, pero no bastan los esfuerzos del Gobierno, si fallan los cuerpos colegiados en el diagnostico de los problemas y si además la Justicia que es la base de cualquier democracia se encuentra constantemente en entredicho y no hace cumplir, independientemente de a quien se aplique, la ley. Un estado que envía a sus reos al extranjero para que sean juzgados, por delitos menores, mientras que sus grandes crímenes quedan impunes, no tiene solidez, ni puede presentarse como Estado Soberano…

Recopilando diremos que, los Estados fallidos, escribe Chomsky, son aquellos que carecen de capacidad o voluntad política "para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso de la destrucción" y "se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional". Padecen un grave "déficit democrático" que priva a sus instituciones de auténtica sustancia.

jueves, 10 de enero de 2013

Usando la Ciencia para Activar las Conciencias

Por Clonadora de Conciencias Comunitarias (3C).

Unir a las 3 generaciones usando las peticiones de los niños reconociéndose como animales y mostrando sus peticiones de los niños, jóvenes y adultos. Así como el rescate de la parte femenina/maternal en todos los aspectos, desde la ciencias, política y la religión.

Para mayor información sobre la Libreta que estará a la venta en el mes de enero 2013, por favor contactar al email: clonadoradeconciencias3c@gmail.com

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