Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá D.C.
Columnista del periódico "El Campesino"
Las transferencias de políticas como un elemento que reforma y modifica los Estados, se vienen implementando desde los años 80’s o incluso antes-para algunos intelectuales que estudian el tema dividen estas reformas, pero para efectos de este trabajo no los tomaremos en cuenta-, dichas reformas para algunas teóricos constituyen un mecanismo de dominación que implementan los países del “centro” o países desarrollados, sobre países denominados “periferia” o en vía de desarrollo. Los defensores de esta teoría se encajan y argumentan sus puntos de vista, desde la teoría de la dependencia de las relaciones internacionales, en las cuales critican la transferencia de estás políticas, debido a que en muchas ocasiones al implementarlas no se tuvieron en cuenta los factores sociales, políticos y culturales de cada región, lo cual hizo que los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad que trataban de implementar, de manera contradictoria terminaran siendo ineficientes, inefectivos e ineficaces, de esta manera procederemos a empezar con los antecedentes históricos, para analizar la situación actual, generar unas conclusiones y unas recomendaciones.
Antecedentes históricos
Cuando empezó la crisis económica del modelo weberiano en el cual los estados latinoamericanos empezaron a sumergirse desde los años 70, se empezó a abandonar el modelo Keynesiano enfrentándose a un modelo neoliberal, por medio de un consenso en el cual se consagró el pensamiento y el accionar que querían imponer desde el norte, países como Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, quienes desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) habían planteado los reajustes a implementar para transferir políticas y reformar la estructura de los Estados Latinoamericanos, ante dicho consenso que se conoce como el Consenso de Washington desde donde se transferían buenas prácticas de gobernabilidad, tal y como lo expresa Ramírez Brouchoud.
Muchos países abandonan los planteamientos keynesianos por un retorno a ciertas concepciones liberales, las cuales quedan plasmadas en el denominado Consenso de Washington, gestado en 1989, cuando se lleva a cabo una reunión para discutir las políticas de ajuste estructural, con la presencia de funcionarios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del gobierno de Estados Unidos, el comité de la Reserva Federal, y un selecto grupo de intelectuales y tecnócratas de diversas partes del mundo (incluso Colombia). (Brouchoud, 2009, pág. 122)
Estas reformas impulsadas desde la OCDE e implementadas por ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son dignas de analizar con detenimiento, debido a que la forma que se eligió para que se implementaran estos reajustes que hacían parte de una transferencia de las buenas practicas identificadas por los países que la impulsaron, tenían medios coercitivos dentro de su accionar, pues se incluyeron como requisitos indispensables a modificar si querían acceder algún préstamo de estos organismos que en medio de una crisis, donde los países latinoamericanos no tenían más opción, se analizaba como una imposición tal y como lo expresa Andrew Nickson:
La primera fase de estas iniciativas de reforma, que fueron realizadas bajo estrictas condicionantes del FMI y el Banco Mundial, se enfocaron en tres áreas principales como medios para alcanzar un balance fiscal a nivel macroeconómico: estrategias de recorte, que comenzaron con la erradicación de nóminas fantasmas de trabajadores, seguidas de importantes reducciones de personal. Los recortes planeados se realizaron en Bolivia y en muchos otros lugares, como en África, cuya amplitud provocó serias pérdidas de mano de obra calificada. Esto también fue especialmente evidente en el caso de Perú (Agenda Perú, 1997: 11) Privatización de empresas públicas, lo cual generó un mínimo beneficio fiscal. (Nickson, 2002, pág. 67)
por un lado es cierto que estas reformas ayudaron a reducir el déficit fiscal, la implementación de lo que denominan las “cuatro E”, la Eficiencia, Eficacia, Equidad y el Entorno propicio no cumplió con las expectativas que se esperaban, ya que no se tuvieron en cuenta las condiciones de cada país, no se realizó un estudio diferencial que permitirá saber en qué países acorde a sus condiciones actuales necesitaban un acompañamiento diferente, o que países no cumplían los requisitos para que se implementara este modelo, de esta forma tratando de aumentar la eficiencia, la eficacia y la efectividad entre otras no obtuvieron los resultados esperados tal y como lo expresa Català a continuación:
Casi todas estas reformas se han intentado de modo y en intensidades muy diversas en los distintos países de la región. Con la excepción de Chile, se han hecho sin embargo de modo azaroso y asistemático, a veces hasta esperpéntico, como sucedía en Nicaragua, donde consultores muy sofisticados enseñaban metodologías de retribución por desempeño a funcionarios del gobierno en alemán. En realidad, sólo en Chile se daban las condiciones para introducir una reforma gerencial, pues es el único país que combinaba un nivel básico de racionalidad burocrática con niveles significativos de seguridad jurídica. Otros países con burocracias estables y legalidad formal, como Costa Rica y Uruguay, habían caído en el corporativismo y los privilegios. (Català, 2005, pág. 86)
Por otro lado y continuando con las reformas presupuestadas para mejorar la implementación de la política y darle un giro se reformaron los siguientes puntos: a) reforma de la legislación; b) reestructuración de la administración pública, especialmente los ministerios; c) renovación del sistema judicial; d) actualización de capacidades regulatorias; e) segunda fase de privatizaciones; f) reestructuración de relaciones entre los gobiernos locales y el nacional (Vilas, 2005) las cuales a su vez también trajeron algunos problemas que se evidencian en la situación actual de los países latinoamericanos.
Situación Actual
Este modelo administrativo privado, para politólogos es considerado como una oportunidad que se les da a las élites poderosas de alimentar la corrupción y el clientelismo dentro de la política pública, debido a que son entes privados quienes financian generalmente las campañas políticas de los gobernantes, quienes encontraron la manera de burlar la implementación de la NGP, ya que por medio de soluciones informales encuentran la forma de sacar provecho de la reestructuración de los ministerios como Brouchoud lo identificó en el ordenamiento interno colombiano.
Una constante es la falta de coordinación dentro de la administración y la proliferación de soluciones informales. Así, cuando los ministerios no funcionan, se crean nuevos organismos por fuera de la estructura administrativa global; cuando los funcionarios públicos son ineficientes, se nombran funcionarios ad hoc. De esa manera, se potencia la corrupción, la conducta clientelar y oportunista. (Brouchoud, 2009)
el ánimo de mitigar esto, países como Colombia implementaron lo que denominan Medición del rendimiento del sector público que tiene como fin último impedir que estas situaciones se presenten. Sin embargo a raíz del clientelismo impulsado por los entes privados inmiscuidos en la política es frecuente que cada gobierno de turno realice designaciones de personal no idóneo o innecesario que se nombra por clientelismo; consecuentemente no se aplican (o se hacen de manera laxa) controles al desempeño, al manejo de los recursos, entre muchas otras cuestiones que evidencian que la implementación de la nueva gestión pública, sirve para acrecentar –en algunas ocasiones- la corrupción y el clientelismo.
Por otro lado, Barzelay en su libro “The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue” evidenció que este modelo al enfocarse en los productos, en muchos casos descuidan los resultados, descuidando la planificación de la política. Esta preocupación estaba arraigada principalmente en la tesis PPA que el gobierno es potencialmente un instrumento de mejora colectiva, reforzada por la tesis de la gestión estratégica que toda la actividad de la organización es idealmente orientada a la consecución de los objetivos institucionales, estratégicos. Schick fue argumentando que la atención no balanceada a las salidas estaba siendo parcialmente compensada por el lanzamiento de una estratégica de todo el gobierno proceso de planificación a principios de 1990 o en palabras del mismo Barzelay:
Second, by focusing on outputs, ministers and top officials paid insufficient attention to outcomes— that is, planning for policy accomplishments. This concern was primarily rooted in the PPA thesis that government is potentially an instrument of collective betterment, reinforced by the strategic management thesis that all organizational activity is ideally geared to achieving strategic, corporate goals. Schick went on to argue that the unbalanced attention to outputs was being partially redressed by the launching of a government-wide strategic planning process in the early 1990s. (Barzelay, 2001)
Conclusiones
La transferencia de buenas prácticas impulsadas desde modelos ajenos tanto a la cultura, como al desarrollo de un país es un factor condicionante que puede llegar a limitar el desarrollo de una nación, si estas prácticas interfieren en el correcto proceso de autoaprendizaje que debe tener cada actor, en este caso el Estado, con el propósito de ajustar sus políticas y su accionar acorde a lo que solicita cada uno de los territorios en los que se va a implementar la política pública. De ahí que muchos teóricos arraigados en la teoría de la dependencia de las relaciones internacionales, critiquen y la vean como una forma de intervención en la soberanía Estatal.
Un ejemplo de lo anterior lo plantea Nickson (2002), quien evidencia una característica del sistema de la administración pública en Latinoamérica, la cual consiste en la tradición centralista del caudillismo. La cultura política del personalismo se afianzó históricamente en el marco de escasas oportunidades laborales, poca estabilidad en el empleo y una constante rotación burocrática, tradicionalmente mal pagada y sobrecargada en algunos sectores y, en otros, sin funciones claras. El empleo público se convirtió en un fin en sí mismo, como “premio” por un favor político, como resultado de un intercambio de influencias.
Como recomendaciones finales, podemos establecer que cuando se habla de buenas prácticas, se debe entender como el ejercicio voluntario de un actor receptor el cual es autónomo de considerar cuales son o no los lineamientos que acorde a su territorio puede implementar, y no es un ejercicio de imposición en el cual, personas externas y ajenas al territorio indican qué es lo mejor o no para implementar en un contexto alejado, pues de esta forma estaríamos cayendo en uno de los errores que trata de corregir la Nueva Gestión Pública que es la centralización excesiva, la cual desde el centro coordina políticas de regiones periféricas, que básicamente fue lo que realizaron los países como Reino Unido y Nueva Zelanda, quienes desde contextos alejados propusieron mediante la OCDE principios para una gerencia pública más estable y duradera en otros territorios.
Bibliografía
Barzelay, M. (2001). The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue.
Brouchoud, M. F. (2009). Las reformas del Estado y la administración pública en América Latina y los intentos de aplicación del New Public Management. Estudios Políticos, 115-141.
Català, J. P. (2005). DE LA BUROCRACIA AL MANAGEMENT,DEL MANAGEMENT A LA GOBERNANZA. LAS TRANSFORMACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASDE NUESTRO TIEMPO. Madrid- España: Rumagraf, S.A.
Nickson, A. (2002). Transferencia de políticas y reforma en la gestión del sector público en América Latina: el caso del New Public Management. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 60-75.
Vilas, C. M. (2005). Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas". Argentina.
