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Columnista Carlos Herrera Rozo.

He leído, en los últimos días, el libro La Teoría de la Cosa Pública de James M. Buchanan, quien descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las elecciones políticas y gubernamentales, hallando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos a efectos de hacer posible la elección entre los diversos partidos o ideologías existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el premio Nobel de economía en 1986. Si bien es cierto que no estoy en todo de acuerdo con él, no es menos cierto que varios de sus conceptos tienen cabida dentro de cualquier sistema democrático abierto.

Los economistas se han dedicado, por entero, a estudiar con toda dedicación y esfuerzo el funcionamiento de los mercados, pero con raras excepciones a explicar las decisiones políticas, sin percatarse de que la maquinaria del estado maneja tantos o más recursos que el sector privado. Es curioso, por decir lo menos, que no se hayan usado los recursos de la ciencia económica y sus potentes instrumentos para analizar en profundidad los comportamientos de la cosa pública en el funcionamiento del Estado. Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados y una alta tasa de bienestar público en los países desarrollados. En este contexto, James Buchanan, premio nobel de economía, se preocupó esencialmente por entender "cómo funciona la política en la práctica"... Con él nació la teoría de la toma de las decisiones públicas, una nueva rama de la economía para adaptar las decisiones públicas a las necesidades básicas del estado sin perder de vista el interés general. El homo politicus es homo economicus y, al igual que un empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés alejado del interés general. Ello que se requiera de nuevos enfoques de la teoría política dentro de la vida constitucional para evitar, en lo posible, movimientos perversos que perjudiquen a la población en la que se aplican sus principios. Precisamente, esta delegación en la toma de decisiones hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales, los servicios públicos y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos con compromisos poco éticos que no necesariamente se guían por el "bien común".

La ciencia económica basa sus análisis en las motivaciones de los consumidores, financieros, inversores, empresarios, etc., sustentados en el interés individual. Ahora bien, la visión que se tiene de los gobiernos es bien diferente: damos por sentado que su acción debe de ser paternalista, desinteresada y generosa buscando con afán el bien común. Pero nos encontramos, más pronto que tarde, con déficit presupuestarios, crecimiento inadecuado de la administración pública, corrupción en la toma de decisiones para favorecer a determinados grupos de presión, fenómenos que deben desaparecer en el manejo del estado y ser, por consiguiente, incompatibles con el buen funcionamiento de la cosa pública. Lo cierto es que los políticos actúan mas guiados por sus mezquinos intereses que por favorecer el bien común…

Esta forma de actuar ha permeado todos los estamentos sociales y se ha apoderado, de alguna forma, de la conciencia colectiva: hacer dinero pronto y fácil es el leit motiv de la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué ha sido tan fácil aceptar esta conducta delictiva? No requeriremos de demasiada imaginación y perspicacia para encontrar sus causas mediatas e inmediatas: La clase dirigente Colombiana, política, empresarial, financiera y comercial se ha dedicado más, en los últimos cincuenta años, al saqueo del estado que al servicio a la comunidad a la cual dicen que sirven. Lo verdaderamente lamentable es que la corrupción que observamos todos los días en las altas esferas del estado no ha sido fácil de asimilar por la sociedad en general toda vez que el mundo de la política, su discurso, insiste en su motivación generosa y desinteresada para ocultar, mañosamente, sus verdaderos intereses y motivaciones egoístas. Sostienen campañas intensas por los medios de comunicación, para desviar la atención de los ciudadanos, para impedir a toda costa y sin conflicto, que tan corrosivas ideas y actitudes criminales puedan ser analizadas por la comunidad en general.

Como quiera que tengamos que aceptar el carácter interesado de la política también debemos exigir que se establezcan nuevas reglas y controles apropiados para que el sistema gubernativo cumpla sus funciones, aceptablemente, aunque los individuos que gestionen la cosa pública sean egoístas e interesados. Es decir, que debe diseñarse una estructura estatal Constitucional lo suficientemente rígida que reglamente los incentivos de los dirigentes políticos de manera que sea difícil que pasen por encima de los intereses generales. En otras palabras, debemos exigir que la maquinaria del estado deba funcionar con independencia de que los políticos sean estos generosos o egoístas, sancionando la corrupción con penas lo suficientemente duras para que, quien piense delinquir, sepa cuál será el monto de su delito contra toda la sociedad.

Soy un demócrata convencido pero he de reconocer, como muchos lectores, que el voto es un instrumento insuficiente, imperfecto e indirecto para el buen funcionamiento del estado, entre otras muchas razones, porque el ciudadano no está lo suficientemente informado, pero sí lo suficientemente desinformado por los mas media, para asistir a las urnas concienzudamente. Los costes para obtener una información relevante que le permitan al ciudadano tomar una decisión consiente son muy elevados dado que tendrá que investigar en fuentes diversas para tener una respuesta satisfactoria a sus dudas y votar en consecuencia. El ciudadano es consciente, además, de que su voto individual no tiene repercusión alguna sobre el resultado final de las elecciones. En síntesis, tendremos que convenir que, un gobierno al cual los ciudadanos solo tienen acceso para su control cada cuatro años tendera a favorecer sus intereses egoístas y a alejarse cada vez mas de los intereses de la ciudadanía si no existen elementos constitucionales de control efectivos. En el caso Colombiano, el problema tiende a agravarse cada vez más, toda vez que, las listas electorales son cerradas y manejadas a dedo por los dirigentes de los partidos políticos y a que la casta política Colombiana se mantiene estrechamente unida por lazos familiares, estrechos vínculos económicos y la misma ideología en la comprensión del Estado.

El Economista James Buchanan, premio nobel de Economía, propone una estructura de elección colectiva en dos niveles: política ordinaria, para la toma de decisiones del día a día y la política Constitucional o el procedimiento por el cual se rigen las reglas de juego, trabas y restricciones, normas legales de estricto cumplimiento y sanciones ejemplares para su incumplimiento, dentro de las cuales deben actuar obligatoriamente las decisiones gubernamentales. Es la norma constitucional la que requiere un diseño meditado y acotado a los intereses de la sociedad, en la que se ha de aplicar, teniendo siempre en cuenta que el hombre, el ciudadano, sustituye con mucha facilidad el imperio de la ley, cuando este es flácido y permisivo, por las complejidades de la corrupción y el soborno. Es aquí, y no en otra parte, donde debemos buscar las causas fundamentales del rotundo fracaso del sistema político Colombiano, viciado desde su raíz y carente de las normas legales y constitucionales apropiadas para detener el caos que nos coloca en la lista de Estados Fallidos en el puesto Nº 52.

Una de las líneas de investigación de la “Cosa pública” fue la teoría de la “búsqueda de rentas no competitivas”, dado que las decisiones gubernativas tienden a favorecer a determinados grupos de poder dejando de lado el interés general. Los grupos de presión, especialmente los empresariales y de forma considerable los dedicados a la especulación con el ladrillo gastan inmensos recursos económicos con el objetivo de adquirir el favor de la clase gobernante: Una simple regulación que impida el acceso libre de los competidores al mercado, ayudas generosas a una industria concreta, contratos públicos en condiciones ventajosas, tratos fiscales laxos, constituyen pequeñas y discretas decisiones que proporcionan a sus destinatarios enormes beneficios que de otra manera serian difíciles de conseguir, de ahí , de su privilegio, se deduce su carácter de renta no competitiva.

Ante la perspectiva de tanta lluvia de millones, obtenidos con tanta facilidad, los grupos empresariales se muestran dispuestos a cualquier gasto, donación al partido, regalo en metálico o transferencia a cuenta en paraíso fiscal o garantía de un puesto en consejo de administración tras el mandato, con el fin de inclinar la voluntad del político hacia la concesión del favor. Ello explicaría que, en respuesta, en países como Colombia, los gobernantes promulguen una auténtica salva de complejas leyes, normas y regulaciones que protegen de la competencia a los grupos privilegiados y lesionan ostensiblemente el interés general. O que impulsen legislaciones fiscales complejísimas, siempre llenas de excepciones y agujeros por los que puedan colarse aquéllos que compraron sus voluntades. Un ejemplo desgraciado de estos malos manejos es el del general (r) Santoyo, con quien paso algo similar: si bien es cierto que este alto ex oficial tuvo, para vergüenza nacional, relaciones con los paramilitares y con la ‘Oficina de Envigado’, el ex presidente Uribe no fue el único que lo protegió en el pasado. A Santoyo lo ayudó gran parte de la clase dirigente del país, la gran mayoría pendiente de sus intereses y de obtener más ganancias por medios ilícitos, los otros, los menos, absolutamente ciegos sobre sus macabras relaciones. Del ex general ¿Queremos saber qué pasó? Claro que sí. Los tribunales de Justicia tienen la obligación imperativa de dilucidar responsabilidades ante la opinión pública nacional y no ceder las responsabilidades en terceros, además foráneos, ajenos a la realidad nacional.

A la hora de medir estas cantidades, nos sorprendemos. A pesar de los miles de millones en rentas que podían suponer todas estas medidas, los grupos empresariales sólo necesitan gastar una pequeña fracción de todo ese montante para conseguir los favores. Ciertamente, los gobernantes reciben muy poco en relación a lo que conceden. Quizás nunca lleguemos a conocer el volumen que alcanzan los pagos por privilegios y las comisiones reales que las grandes empresas pagan a los políticos en Colombia habida cuenta de la manifiesta dejación de los órganos de justicia sobre el estricto cumplimiento de sus competencias. No debemos olvidar que los hombres están lejos de la redención, que la única solución consiste en comparar unas ambiciones con otras y unos intereses con otros y en comprender, para bien o para mal, que si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos leyes fuertes y bien estructuradas y normas constitucionales inflexibles que las hicieran cumplir. Así mismo tenemos que entender que no se puede cambiar la mentalidad y el corazón de una persona al cabo de siglos de dificultades, luchas y odios en cuestión de semanas o meses. No es posible. Así que tenemos la doble tarea de recuperar el Estado para el servicio de los ciudadanos y de reeducar a los ciudadanos para el servicio de la nación.