Miércoles 27 de octubre de 2010
Las naciones mejor evaluadas: Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca.
México obtuvo su peor calificación de los últimos 10 años en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Fue calificado con 3.1, en una escala donde 10 es la máxima. En la lista de las 178 naciones estudiadas, México pasó del puesto 89, que obtuvo en 2009, al 98.
El IPC, realizado anualmente por la organización Transparencia Internacional (TI), da cuenta de que los mejores países en transparencia fueron Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur, que comparten el primer lugar con una puntuación de 9.3, mientras que el último lugar lo ocupa Somalia, con 1.1.
En Latinoamérica, el país mejor colocado fue Chile, con una calificación de 7.2; los peores evaluados fueron Venezuela, con 2, seguido de Haití y Paraguay, con 2.2 en ambos casos.
Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, Brasil, Cuba, República Dominicana, Jamaica y Costa Rica obtuvieron mejores calificaciones que México en el estudio.
TI consideró que uno de los mayores males de México es que “sigue anclado a prácticas del pasado”.
Alejandro Salas, responsable del departamento de las Américas de Transparencia Internacional, aseguró que el caso de México es “muy interesante” y parecido al de Brasil, por ser miembro de grupos poderosos como el G20 o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tener “una institucionalidad muy avanzada” en algunos campos y, sin embargo, contar con toda una serie de organizaciones que sigue “enquistada”.
Afirmó que aunque México fue uno de los primeros Estados de América Latina en ratificar convenios internacionales anticorrupción, y uno de los pioneros en sistemas de acceso a la información pública, en él sigue habiendo una “fuerte dualidad”.
En algunas instituciones o gobiernos locales, por ejemplo, persisten viejas prácticas como el amiguismo o la compra de votos, lamentó.
La concesión ilegal de licencias es un ejemplo de ello, dijo el experto al recordar el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niños y otros 75 resultaron heridos.
A ello se suma que en México sigue habiendo un nivel de impunidad muy alto. “Por eso sigue estancado en la mitad de la tabla”, afirmó.
Al presentar el informe, TI comentó que, “si bien los gobiernos destinan grandes cantidades de fondos a combatir los problemas mundiales más acuciantes, como la inestabilidad de los mercados financieros, el cambio climático y la pobreza, la corrupción continúa siendo un obstáculo para lograr los avances necesarios en estas áreas”.
El IPC 2010 muestra que casi 75% de los 178 países incluidos tuvo una puntuación menor a cinco en la escala de 10. Huguette Labelle, presidenta de TI, dijo que “estos resultados indican que se necesitan medidas más enérgicas para fortalecer la gobernanza en todo el mundo, dado que estos altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas”.
Acepta México el informe
Para el caso mexicano, el IPC se integra con datos de organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial, Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit, Institute for Management and Development y Global Insight, publicados en los últimos dos años.
El IPC mide la percepción de la corrupción en temas como contrataciones públicas, comercio exterior, facilidades para inversión, acceso a servicios públicos, calidad regulatoria y extorsiones.
El gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo respetar los resultados del IPC y aceptó lo que considera “un llamado de atención para fortalecer la lucha contra la corrupción, pero también como una oportunidad para recordar que mejorar la calificación de México depende del esfuerzo de diferentes actores: los tres órdenes de gobierno, los tres Poderes de la Unión y la sociedad en su conjunto”.
Aceptó que la corrupción en el país “es un grave problema” que “frena” la competitividad y “erosiona” el tejido social.
El evento cuenta con la asistencia de más de 12 mil personas entre afrocolombianos, indígenas, campesinos y demás sectores sociales que buscan levantar una propuesta que mejore la calidad de vida y atienda sus reclamos sobre diferentes temas.
El lunes la noticia fue presentada como si el Partido Verde hubiera pagado a Fajardo por ser el candidato a la vicepresidencia. Algunos medios incluso dijeron que el CNE había “denunciado esa irregularidad”, lo cual fue interpretado por algunos sectores como un acto de corrupción.
Y aunque los recursos son de libre destinación e inversión en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, la Corte señala que el 70% de dichas sumas deberá destinarse a mantener el funcionamiento de sus estructuras regionales y locales, al tiempo que les ordena debatir y aprobar democráticamente sus presupuestos.
