Flor de un día

Daniel Coronell
Sábado 16 Octubre 2010

La circular prueba que hubo una instrucción de los floricultores para donar a la campaña de Arias, bajo cuya administración comenzaron a recibir cuantiosas prerrogativas.

El periodista Norbey Quevedo reveló la semana pasada en El Espectador que el Banco Agrario tiene problemas para recuperar millonarias sumas prestadas a algunos floricultores. La situación se complicó, además, porque en muchos casos el fiador es el propio Estado a través del Fondo Agropecuario de Garantías. Es decir, el Estado terminó debiéndose a sí mismo más de 25.000 millones de pesos, por cuenta de unos incumplidos.

La W Radio ha seguido el caso y ha encontrado aspectos muy interesantes del asunto. Se han preguntado repetidamente si los beneficiados con los créditos (incluyendo a los morosos) han tenido algo que ver con la campaña política del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. No ha sido sencillo que les entreguen la información detallada en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el persistente Yamit Palacios encontró una pista de oro.

Se trata de una circular del director regional de Asocolflores en Antioquia, Marcos Alberto Ossa, titulada 'Donación para la campaña del Dr. Andrés Felipe Arias' en donde advierte que para cumplir las normas los cheques deben ser girados por personas naturales, pero deja muy en claro, en el punto 8 del documento, que esas donaciones vendrán de empresas y grupos:

"Los aportes se harán por Empresa o por Grupo y dependerán de su Categoría: Categoría A: $5.000.000; Categoría B: $2.000.000; Categoría C: $1.000.000". (Vea el documento).

La circular prueba que existió una instrucción gremial de la asociación de floricultores para hacer donaciones a la campaña del ex ministro Arias, bajo cuya administración empezaron a recibir cuantiosas prerrogativas. Además de los créditos del BanAgrario, muchos floricultores resultaron favorecidos con Agro Ingreso Seguro por coberturas cambiarias e Incentivos Sanitarios para Flores y Follajes, entre otras millonarias ayudas.

Pero además existe una prueba contundente de que varios de los otrora favorecidos por la administración de Andrés Felipe Arias se convirtieron en donantes de su campaña presidencial.

Se trata de la planilla de recaudos de la campaña de Arias. El documento, que ustedes pueden ver en semana.com, muestra que el gestor de 43 donaciones para esa fecha era Asocolflores. Esos aportes de floricultores -que incluyen al presidente de la agremiación, Augusto Solano- suman casi 114 millones de pesos. (Vea el documento).

También son donantes otros beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, pero por hoy concentrémonos en los floricultores y especialmente en los morosos del BanAgrario.

El grupo Falcon Farms recibió más de 12.000 millones de pesos desembolsados por el banco estatal, pero hace unos días fue autorizado para acogerse al régimen de insolvencia (Vea el documento). Es decir, la platica se perdió. En 2008, el Estado le había regalado otros 240 millones como Agro Ingreso Seguro por coberturas cambiarias (Vea el documento). Al año siguiente recibió 371 millones por incentivo sanitario (Vea el documento).

La planilla de recaudos de la campaña de Arias muestra que el mayor accionista individual de Falcon Farms, el señor Jaime Mauricio Restrepo Arango, le donó 10 millones de pesos a la campaña de Arias en un cheque de su cuenta personal del Bbva. (Vea la donación).

El agradecido señor Restrepo también controla Flores La Virginia, que le debe otros 1.460 millones de pesos al Banco Agrario. (Vea el documento).

También es donante de la campaña de Arias -con cheque de un millón de pesos del Hsbc- el señor Arturo Harker Borda (Vea la donación), quien, a través de sociedades familiares y participación propia, controla el 40 por ciento de Tinzuque S.A. Sus socios son compañías panameñas cuyos accionistas están protegidos por el velo societario de ese país. Tinzuque le debe casi 5.000 millones al Banco Agrario. (Vea el documento).

El señor Harker Borda tiene intereses también en Flores Tikiya S.A., que le adeuda otros 1.500 millones de pesos a BanAgrario, y en Flores Chusacá, que debe algo más de 1.000 millones de pesos. (Vea el documento).

Muchos floricultores usaron apropiadamente las ayudas del Estado. Salvaron sus empresas y el empleo de miles de trabajadores. Sin embargo, otros empiezan a protagonizar llamativas quiebras.

Lo que queda claro, por encima de cualquier duda, es que los mayores morosos de los créditos de BanAgrario aportaron a través de accionistas y directivos a la campaña de Andrés Felipe Arias.

Pagos del Partido Verde a Fajardo: ¿falta o persecución?

Por Semana: Nación/política.
Martes 5 Octubre 2010

LAS PRIMERAS PÁGINAS DE LOS PEriódicos locales nos obligan a ver una escena horripilante: el cadáver ensangrentado, hinchado, lívido, del Mono Jojoy, quizá la más colombiana de las personificaciones del diablo, el Belcebú supremo de nuestro infierno selvático.

La inclusión de los honorarios de Sergio Fajardo dentro de los gastos de campaña del Partido Verde ha generado polémica. Para el Consejo Nacional Electoral es una falta a las “buenas costumbres”, mientras que que para los defensores del ex alcalde de Medellín esa es una acusación malintencionada.

El Partido Verde, dentro de sus gastos, incluyó un contrato por 48 millones de pesos por concepto de los honorarios de Fajardo como candidato a la vicepresidencia de la organización, entre el 12 de abril y el 28 de mayo. También incluyó la venta de unos servicios de Fajardo (entre los que se cuentan documentos de la elaboración del programa) por concepto de un poco más de 100 millones de pesos.

El lunes la noticia fue presentada como si el Partido Verde hubiera pagado a Fajardo por ser el candidato a la vicepresidencia. Algunos medios incluso dijeron que el CNE había “denunciado esa irregularidad”, lo cual fue interpretado por algunos sectores como un acto de corrupción.

Este martes el CNE le salió al paso a la interpretación y el presidente del tribunal electoral, Óscar Giraldo, advirtió que el organismo nunca denunció un acto de corrupción. Aunque no lo dijo, sin embargo, el tribunal sí lo sugirió.

El ex alcalde de Medellín escribió en su cuenta de Twitter que “todas las acciones de la campaña tienen una revisión jurídica previa... El Partido Verde la entregó: nada está oculto. No tienen que ir a esculcar".

“Con seguridad vendrán más ataques. Llevamos años respondiendo por nuestros actos. Han intentado e intentarán destruirnos. No podrán”, agregó.

La noticia se desprendió de una ponencia del magistrado José Joaquín Vives, quien pidió al CNE no considerar como gastos de campaña los pagos a Fajardo.

Sin embargo, como el magistrado aclaró en Semana.com, “no es que se hubiera configurado un ilícito, sino que se pidió no tener en cuenta ese rubro como parte de los gastos”.

La ponencia de Vives fue aprobada por unanimidad en el CNE, el pasado miércoles, es decir, por los nueve magistrados que lo integran. El fallo también consideró que la venta de “servicios” de Fajardo a los verdes, durante la campaña, suma que según Vives es un poco más de 100 millones de pesos, tampoco se puede considerar un gasto de campaña.

Se refería al hecho de que el Partido Verde reconoció el trabajo previo que había hecho Fajardo en la campaña, la elaboración de documentos de su programa de gobierno, entre otros, dentro de su contabilidad.

Según explicó Vives, los gastos de campaña son los que corresponden a divulgación, publicidad, asesores, transporte, entre otros, pero no a los honorarios. Además, los “documentos pueden ser parte previa de la campaña, pero no hacen parte de la campaña propiamente”.

La ponencia, sin embargo, calificó la actitud de Fajardo como “una reprochable práctica política en la que se incuban el clientelismo y la corrupción”.

La interpretación del CNE es que Fajardo fue candidato a la vicepresidencia a cambio de dinero, lo cual, en palabras de Vives, “es contra las buenas costumbres y aunque no es clientelismo, sí puede dar lugar a él”.

Para el politólogo Fernando Giraldo, quien hizo parte de la lista de Compromiso Ciudadano, movimiento que lideró Fajardo y que está a punto de fundirse en el Partido Verde, “hubo una mala interpretación, con mala intención, de lo ocurrido”.

“¿A qué buenas costumbres se refieren los magistrados?”, preguntó. “El sistema electoral colombiano es disfuncional y las costumbres electorales son perversas en un sistema ‘colador’ al que llegan dineros ilícitos a las campañas”, agregó.

Giraldo explicó que en la campaña de Compromiso Ciudadano para llegar al Congreso, el movimiento quedó endeudado. Sin embargo, aunque los gastos fueron cerca de 2.700 millones de pesos en las campañas de los 10 candidatos, la suma excede en muy poco lo que gasta un solo candidato al Senado, que cuenta con un partido y una infraestructura y donaciones económicas.

En contraprestación por el trabajo hecho hasta ese momento, explicó el politólogo, uno de los compromisos del Partido Verde fue incluir un rubro para solventar los gastos del entonces candidato Fajardo.

“En ninguna parte la ley dice que un partido no le puede reconocer gastos a los candidatos”, dijo.

“¿Por qué dedujo Vives que se compró a un candidato?”, se preguntó Giraldo. “A Fajardo nadie le pagó por entrar a la campaña del Partido Verde. Me parece que la interpretación es de un moralismo exagerado”, agregó.

El CNE es un tribunal que representa a los partidos políticos del oficialismo, en el que no hay representación de la oposición, es decir, ni del Polo ni del Partido Verde. La autoridad electoral, tras la Reforma Política del 2009, tiene mayores facultades de control y vigilancia sobre las campañas políticas.

Sin embargo, muchas de sus decisiones se basan en resoluciones que él mismo profiere e interpretaciones que él mismo hace de ellas. Por esta razón, debido a que su composición es política, y con una mayoría oficialista aplastante, decisiones como esta no están exentas de polémica. Además, a las puertas de las campañas regionales.

Cuánto nos cuestan los partidos

Por Redacción Política (El Espectador-Noticia).
2 Oct 2010 - 8:00 pm

En los últimos cuatro años, 16 partidos y movimientos recibieron $80.909 millones..

La Ley 130 de 1994 o Estatuto de los Partidos establece que el Estado financiará el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o representación en el Congreso a través del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, que se constituye anualmente por el aporte de dinero que determine el Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo con el número de ciudadanos inscritos en el censo electoral y por el producto de las multas impuestas a las mismas organizaciones.

La norma establece que el CNE distribuirá los dineros según los siguientes criterios: una suma básica fija equivalente al 10% del fondo distribuida por partes iguales entre todos los partidos; el 50% en proporción al número de curules obtenidas en la última elección para Congreso o para Asambleas, según el caso; y el 30% para contribuir a las actividades proselitistas, culturales y divulgativas.

El 10% restante, y que según la Ley debería ir para las organizaciones femeninas, juveniles, indígenas, de negritudes, discapacitados físicos, sindicatos y organizaciones dentro de sus partidos y movimientos, no se reparte actualmente ya que dicho inciso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-089 de 1994.

Precisamente, en dicha sentencia el alto tribunal explicó que la razón de ser de la ayuda financiera del Estado busca “neutralizar la dependencia y servidumbre que las organizaciones políticas pueden adquirir respecto de los centros privados de poder, que les prodigan su apoyo económico y pueden prevalerse de él para derivar una malsana influencia sobre los asuntos políticos o exigir reciprocidades que deterioran la moral social y socavan la confianza en el correcto desempeño de su función representativa y mediadora, que debería inspirarse únicamente en el interés general”.

Y aunque los recursos son de libre destinación e inversión en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, la Corte señala que el 70% de dichas sumas deberá destinarse a mantener el funcionamiento de sus estructuras regionales y locales, al tiempo que les ordena debatir y aprobar democráticamente sus presupuestos.

Según el reciente informe de gestión, presentado por el CNE para el cuatrienio 2006-2010, los partidos y movimientos políticos en el país recibieron $80.909 millones para gastos de funcionamiento, sin contar los dineros por reposición de votos, cuya suma asciende a $170.258 millones (incluyendo lo pagado a grupos significativos de ciudadanos). Cabe aclarar que el balance incluye a colectividades que ya desaparecieron del escenario político.

Es el precio de la democracia. Una rápida encuesta realizada por El Espectador entre algunos de los partidos beneficiados revela que los recursos son utilizados para el mantenimiento de las sedes en todo el país —lo que incluye, por ejemplo, arrendamientos, pago de servicios públicos, internet, servicio de aseo, etc.—, otra parte se destina a campañas institucionales de promoción en época electoral, para pagar los sueldos de secretarias, auxiliares, contadores y empleados en general o para pagar desayunos y almuerzos cuando se realizan reuniones de parlamentarios y hasta para financiar las convenciones nacionales.

En criterio de la investigadora de la Universidad del Rosario Bibiana Andrea Clavijo, el problema es que nunca se sabe cómo son utilizados los recursos que el Estado les da a los partidos y la rendición de cuentas que exige el CNE no tiene mayor rigurosidad. “La ley debe ser más fuerte con la exigencia de cuentas claras para que los electores sepan en qué gastaron sus partidos. Hoy los gamonales tienen mayor control sobre el presupuesto y los partidos no se han preocupado por invertir en centros de pensamiento o análisis de la coyuntura política. No se preocupan por hacer doctrina”, dice.

A su vez, el analista Luis Carvajal señala que la promoción de las campañas políticas se lleva gran parte de los recursos, en detrimento del fortalecimiento institucional y la modernización de las estructuras de partido. “Los partidos se han convertido en estructuras parlamentarias controladas por miembros que privilegian sus visiones o particulares intereses regionales o coyunturales, como los períodos electorales. No tenemos esfuerzos perdurables en áreas como mercadeo político, capacitación, gobierno, economía y liderazgo”, concluyó.

En la actualidad se tramita en el Congreso la reglamentación de la reforma política de 2009, proyecto que en criterio de los grupos minoritarios apunta a borrarlos del escenario político electoral, ya que plantea nuevos porcentajes en la distribución de recursos de acuerdo, por ejemplo, con el número de curules obtenidas para concejos o en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas, lo que los deja en desventaja. Ahora, en el sondeo por las diferentes colectividades, todos coinciden en que la plata que les da el Estado es poca y que siempre hace falta.