La corrupción política y administrativa una consecuencia más del sistema neo-capitalista vigente

Columnista Carlos Herrera Rozo.

La corrupción política y administrativa, no es como suele creerse, una manifestación de algunas personas o grupos de desaprensivos sino el reflejo del orden capitalista actual representada en los sectores económicos y financieros, que hacen su agosto en las actividades financieras paralelas, es decir, la economía ilícita y la economía delictiva, practicadas, sin reservas, por los grupos de poder sean estos criminales o, en su defecto, de cuello blanco. Donde con más fuerza ha demostrado su influencia la primera, es en el fraude y la evasión fiscal, últimamente puestos a descubierto, con la colaboración, a regaña dientes, de los paraísos fiscales; La segunda, la criminal, abarca un amplio espectro, que va desde los más bajos fondos del crimen hasta las más elevadas esferas de guante blanco.

La compleja ingeniería financiera y contable, la libertad total de las empresas multinacionales y capitales financieros para el intercambio de bienes, servicios y movilización de capitales; el control, cada vez más acusado, del gasto público; la desreglamentación de la vida económica y privatización generalizada de las empresas públicas han generado toda clase de irregularidades ilícitas, públicas y privadas, con que nos encontramos los ciudadanos diariamente en los medios de comunicación. Escándalos que sonrojan a propios y extraños menos a sus autores que se sienten arropados por el Estado que tiene la capacidad de enunciar la norma, pero también de transgredirla. Las denuncias impuestas al respecto por los organismos internacionales: el Banco Mundial, el FMI, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la ONU no han tenido la repercusión esperada en los medios de comunicación, ni la intervención judicial respectiva, ni las medidas administrativas y gubernamentales que impidan los desmanes. No quiere ello decir que no se hayan sancionado algunos de estos delitos y que sus responsables no estén en la cárcel, lo que quiero afirmar es que se siguen cometiendo sin que se tomen las medidas conducentes para impedirlo.

No es extraño, por ello, encontrarnos, en nuestro propio terruño, con la corrupción en el manejo de las arcas públicas. Los escándalos se multiplican y la actitud de los responsables políticos de los partidos son un claro ejemplo de lo que se expone en esta nota. Los dirigentes, de algunas empresas saquearon las arcas públicas y ahora ninguno de sus superiores jerárquicos los conoce ni se hacen responsables de lo que ha ocurrido. Otros se dedicaron a la violación de los derechos humanos. El mejor ejemplo de estas atrocidades lo tenemos en el gobierno anterior. EL SEÑOR URIBE, entonces Presidente del Gobierno, AUN NO SE DA POR ENTERADO y no le ofrece a la ciudadanía una explicación satisfactoria de sus actos ni la de sus funcionarios inmediatos. Todos deben responder políticamente por sus acciones y no afirmar de forma irresponsable “que no han hecho nada”, ofendiendo con su actitud a todos los colombianos que creyeron en ellos de buena fe.

Quiero creer que la deshonestidad de algunos no puede ensuciar a la mayoría de los miembros de un Partido político. Pero también debe quedar claro que el silencio de los responsables políticos los convierte en cómplices por acción o por omisión. ¡La impunidad es hija del olvido!... Y no estamos dispuestos a olvidar. Todos los seres humanos tenemos una debilidad que nos hace vulnerables, un punto débil. Esa debilidad suele ser una necesidad incontrolable, o un placer secreto, o una emoción que nos supera. Sea como fuere, una vez que ha sido encontrada, quien lo hace, la explota sin medida en su propio beneficio, llevando a quien la padece a los más oscuros extremos de la criminalidad y la demencia...

La primera medida económica es la Justicia Social

Columnista Carlos Herrera Rozo.

El desempleo en Colombia supera el 14.2%, en el caso del paro juvenil esa cifra se eleva al 20%, es más, en el caso de jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 18 años ese porcentaje es mucho más elevado. Si se tiene en cuenta que se considera un trabajo estable aquel que desempeñan por las calles de nuestras ciudades los vendedores de baratijas, especias, frutas, sexo, etc., etc. - entonces nos encontramos no con datos estadísticos, sino con la constatación de una catástrofe que el Estado oculta haciéndonos creer que el subempleo es un trabajo digno. Pero –y aquí está la sorpresa– no estoy hablando de porcentajes de 2011, sino de un problema larvado desde el siglo pasado.

Lo que está poniendo de manifiesto esta realidad, entre nuestro pasado y nuestro presente, es su desoladora gravedad: cada vez que el mundo desarrollado avanza o se ve sumido en una grave crisis económica, Colombia, en lo que al ciudadano se refiere, no retrocede unos pocos años sino que vuelve al punto de partida, es decir, de donde nunca hemos salido jamás porque las estadísticas, manipuladas por los gobiernos de turno, siempre mienten. Es como si el país entero estuviera atrapado dentro de una infernal máquina del tiempo que no nos deja abandonar el pasado, nos condena a la supervivencia en el presente, y no nos deja avizorar el futuro con esperanza.

En este círculo vicioso dentro del cual no hacemos otra cosa que caminar en círculos, como Dante en el infierno, se imponen espurios intereses económicos sobre cualquier otra consideración y nos lo presentan como la panacea que nos ha de salvar de la miseria, sin percatarnos de que de la miseria no se sale mientras no haya justicia social. La sociedad colombiana, al parecer, no tiene memoria. No cae en cuenta de que lo que nos ofrecen, ya lo hemos vivido y que, como Prometeo, no paramos de subir y bajar la cuesta con nuestra carga de desesperanza al hombro, empezando siempre desde cero.

Este hecho me hace recordar con dolor al ángel vengador creado por los hermanos Coen que, implacable, acorralaba a sus víctimas y momentos antes de matarles les formulaba una pregunta: “Si la norma que has seguido te ha llevado hasta aquí, ¿de qué te ha servido?”.

Lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos que evolucionan al margen de lo humano y al vaivén de los intereses de los especuladores financieros, sino el buen funcionamiento de sus instituciones. Y, especialmente, de aquellas que tienen que ver con la Justicia social y el correcto funcionamiento del Estado de derecho

En nuestro caso, la “norma” es continuar en el pasado y la vamos a seguir también en el presente. Se limita a sanear las cuentas y a tratar de reactivar la economía independientemente de las penurias sociales y sus nefastas consecuencias, toda vez que ellas derivan a la desesperanza, hacia la criminalidad forzados por la necesidad. Cualquier otra reforma estructural que vaya más allá de lo estrictamente económico no tiene cabida en la cabeza de nuestros mono-sabios. Pero es un error. El progreso y la prosperidad futura no sólo van a depender de las reformas económicas, de la reforma del mercado laboral, del aumento de la competitividad, del saneamiento y la reestructuración del sector financiero, de la reducción de nuestra deuda pública y privada, sino que están ligada al buen o mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Porque, en última instancia, lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos que evolucionan al margen de lo humano, sino al buen funcionamiento del Estado de derecho y, especialmente, de todo aquello que norma y regla la Justicia social y el Estado de derecho.

Si algo se está poniendo en peligro es el Estado de derecho en nuestro país- Además de las deficiencias ya conocidas de nuestro sistema político, económico y social, es la enorme corrupción que hemos desarrollado en estos últimos 50 años, desde la creación del pacto de Sitges y de Benidorm entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, el 24 de Julio de 1956, para alternarse en el poder, cuyo coste, por si aún no nos hemos percatado, además de amoral y de pésima imagen internacional es fundamentalmente económico que ha lastrado y continua lastrando el desarrollo y el buen funcionamiento del país. Si fuera posible hacer un cálculo de lo que la corrupción representa en pérdidas económicas, tarea esta que se me antoja farragosa, seguramente el resultado sería una cifra colosal.

Para tener conciencia de la categoría del problema que nos consume y nos agobia, hay que entender que en Colombia la corrupción no sólo procede de una selecta minoría que hace y deshace a su antojo y que se reparte los negocios y el dinero público. Se trata de una enfermedad muy extendida que ha alcanzado todos los estamentos de la sociedad convirtiéndose en una verdadera plaga. Durante estos años, el país se ha desangrado en un torrente incontenible de “mordidas” cuyos montantes económicos son cada vez más disparatados. Y las prácticas corruptas han devenido en un ejercicio de puro y duro saqueo del erario público en el que están implicados políticos, lobbies empresariales, multinacionales, banqueros, concejales, sindicalistas, asociaciones “sin ánimo de lucro”, los cuerpos de seguridad del estado y grupos de personajes de todo tipo y pelaje que medran al lado, y sirviendo de mano ejecutora de quienes gobiernan. En consecuencia, la corrupción es el principal problema, muy por encima del movimiento subversivo y al cual el gobierno debe hacer frente con todos los medios que el Estado de derecho le otorga para erradicarlo. Es posiblemente, en mi concepto, este problema económico, el más grave que aqueja a los colombianos, especialmente a las nuevas generaciones de ciudadanos.

Por todo ello, si de verdad queremos salvar a Colombia del desastre económico y social, debemos, en primer término, contrarrestar el problema de la inseguridad jurídica, la parálisis crónica de los tribunales, la injerencia indebida y constante del poder político en la vida judicial, y particularmente, en determinadas sentencias que tienen que ver con la corrupción y los grupos paramilitares que han recibido un trato de excepción por parte del estado, consiguiendo con ello una justicia cojitranca que no le merece ningún respeto a la sociedad. Esta justicia a debe desaparecer del concierto nacional. Desde esta perspectiva, la primera y más urgente reforma de todas cuantas atañen directamente a la economía debería ser la de la Justicia como fundamento, sin el cual, el Estado de derecho y la democracia dejan de existir. Sin esta reforma fundamental, la prosperidad que tanto añoramos y que solo alcanzaremos, como dijera Sir Winston Churchill, “con sangre, sudor y lágrimas”, nunca estará a salvo: Y Colombia será por siempre el país del paro, de la violencia, del analfabetismo, de la condena a la supervivencia de las nuevas generaciones de ciudadanos y del riesgo de la quiebra económica. Un Estado fallido, tal como nos consideran internacionalmente algunas instituciones dedicadas al análisis de los países en vías de desarrollo, atrapado en la máquina del tiempo.

Encuentran al país más corrupto que en 2009

Por Redacción | El Universal.
Miércoles 27 de octubre de 2010

Las naciones mejor evaluadas: Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca.

México obtuvo su peor calificación de los últimos 10 años en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Fue calificado con 3.1, en una escala donde 10 es la máxima. En la lista de las 178 naciones estudiadas, México pasó del puesto 89, que obtuvo en 2009, al 98.

El IPC, realizado anualmente por la organización Transparencia Internacional (TI), da cuenta de que los mejores países en transparencia fueron Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur, que comparten el primer lugar con una puntuación de 9.3, mientras que el último lugar lo ocupa Somalia, con 1.1.

En Latinoamérica, el país mejor colocado fue Chile, con una calificación de 7.2; los peores evaluados fueron Venezuela, con 2, seguido de Haití y Paraguay, con 2.2 en ambos casos.

Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, Brasil, Cuba, República Dominicana, Jamaica y Costa Rica obtuvieron mejores calificaciones que México en el estudio.

TI consideró que uno de los mayores males de México es que “sigue anclado a prácticas del pasado”.

Alejandro Salas, responsable del departamento de las Américas de Transparencia Internacional, aseguró que el caso de México es “muy interesante” y parecido al de Brasil, por ser miembro de grupos poderosos como el G20 o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tener “una institucionalidad muy avanzada” en algunos campos y, sin embargo, contar con toda una serie de organizaciones que sigue “enquistada”.

Afirmó que aunque México fue uno de los primeros Estados de América Latina en ratificar convenios internacionales anticorrupción, y uno de los pioneros en sistemas de acceso a la información pública, en él sigue habiendo una “fuerte dualidad”.

En algunas instituciones o gobiernos locales, por ejemplo, persisten viejas prácticas como el amiguismo o la compra de votos, lamentó.

La concesión ilegal de licencias es un ejemplo de ello, dijo el experto al recordar el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niños y otros 75 resultaron heridos.

A ello se suma que en México sigue habiendo un nivel de impunidad muy alto. “Por eso sigue estancado en la mitad de la tabla”, afirmó.

Al presentar el informe, TI comentó que, “si bien los gobiernos destinan grandes cantidades de fondos a combatir los problemas mundiales más acuciantes, como la inestabilidad de los mercados financieros, el cambio climático y la pobreza, la corrupción continúa siendo un obstáculo para lograr los avances necesarios en estas áreas”.

El IPC 2010 muestra que casi 75% de los 178 países incluidos tuvo una puntuación menor a cinco en la escala de 10. Huguette Labelle, presidenta de TI, dijo que “estos resultados indican que se necesitan medidas más enérgicas para fortalecer la gobernanza en todo el mundo, dado que estos altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas”.

Acepta México el informe

Para el caso mexicano, el IPC se integra con datos de organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial, Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit, Institute for Management and Development y Global Insight, publicados en los últimos dos años.

El IPC mide la percepción de la corrupción en temas como contrataciones públicas, comercio exterior, facilidades para inversión, acceso a servicios públicos, calidad regulatoria y extorsiones.

El gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo respetar los resultados del IPC y aceptó lo que considera “un llamado de atención para fortalecer la lucha contra la corrupción, pero también como una oportunidad para recordar que mejorar la calificación de México depende del esfuerzo de diferentes actores: los tres órdenes de gobierno, los tres Poderes de la Unión y la sociedad en su conjunto”.

Aceptó que la corrupción en el país “es un grave problema” que “frena” la competitividad y “erosiona” el tejido social.