Justicia alternativa

Por Juan David Cárdenas.

Cuando ante nosotros se presenta un problema de tipo jurídico, civil, comercial, de familia, etc., tenemos la tendencia a recurrir a los recursos o mecanismos ordinarios que la justicia nos ofrece. Generalmente, como ya sabemos, estos procesos tienen una tendencia general a ser largos y costosos para muchas personas. Es por ello, que quise mediante este artículo, mostrarles otros medios o recursos a la sociedad para que no siempre recurran a procesos y tramitologias largas.

Pienso que si logramos informar cada día a la mayor cantidad de personas posibles sobre los métodos alternativos de solución de conflictos, se podría empezar a mermar la sobrecarga de procesos que se tramitan por medio de los recursos tradicionales, consiguiendo así, que exista una mayor efectividad en la justicia, por un lado, y más rapidez y resultados para las personas, por el otro.
La justicia alternativa es una justicia más flexible e informal. Busca la resolución de los conflictos con la participación de las partes implicadas y un tercero en un proceso más rápido y directo. Esto es lo que se conoce como los métodos alternos de resolución de conflictos.

Estos métodos alternativos son cuatro: primero, la conciliación es el mecanismo por medio del cual un tercero neutral ajeno al conflicto aconseja e insinúa a las partes que identifiquen sus diferencias y les presenta fórmulas de solución al conflicto. Segundo, la mediación es un acto voluntario, donde las partes en conflicto aceptan a un tercero imparcial en el proceso de acuerdo. Este tercero facilita la conversación y el acuerdo de una solución voluntaria, que se consigna por escrito en un documento de compromiso entre las partes. Tercero, la amigable composición es un mecanismo a través del cual, las partes confían la solución del conflicto a terceras personas que proponen un arreglo justo para las mismas, las cuales de ante mano se han comprometido a cumplir partiendo de la base que es un arreglo imparcial. Y finalmente, cuarto, el arbitraje es el mecanismo por medio del cual las partes cuando celebran un contrato, establecen una clausula donde se obligan a someter a decisión arbitral todas o algunas de las diferencias que surjan durante la ejecución del contrato.

Pero, ¿Por qué este tipo de justicia apenas se ha impulsado en los últimos años si su inicio se dio a mediados de los 90?

Para responder a esta cuestión debemos mencionar los procesos de insurgencia de la violencia en el país, ya que desde 1948 (muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán) el país ha tratado de buscar otras vías para descongestionar la justicia ordinaria debido a que los conflictos armados, el narcotráfico, la corrupción, entre otros, son factores que obstaculizan el desarrollo de una eficiente justicia. Para dar mayor sentido a la idea me fundamento en la siguiente cita:

“(…) entre las razones que dieron origen a los métodos alternos de resolución de conflictos, encontramos que en Colombia, el acceso a la administración de justicia en muchos lugares es inexistente, o en el mejor de los casos, muy precario, además, las personas ignoran los derechos de los cuales son legalmente titulares y los sitios donde actúan las autoridades, especialmente en las zonas rurales, se encuentra muy apartado de sus residencias. Por otra parte, se hallan mayores inconvenientes en la administración de justicia, como la problemática de la congestión de los despachos judiciales, los elevados costos del litigio, la excesiva tramitomania, los formalismos, la ausencia de participación de la sociedad en el diagnostico y la solución de los conflictos, la corrupción la desconfianza de la justicia, la creciente impunidad entre otros aspectos.

Los métodos alternos de resolución de conflictos, son producto de la intención, que sociedades en crisis como la colombiana, tienen de revalidar el papel de la justicia, siempre con la visión de ser operativos al resolver los problemas ocasionados en el interior de una comunidad, situación que, reiteramos, ha sido incapaz de satisfacer el aparato jurisdiccional formal” (Instituto Popular de Capacitación – IPC. contraste sobre lo justo: debates en justicia comunitaria. Medellín, Colombia. 2003. pág. 192-193).

Esta labor de búsqueda para descongestionar los despachos y mejorar la calidad de la justicia le corresponde al gobierno, porque está escrito en los principios fundamentales de la constitución que es deber del Estado proteger a la población y velar por su bienestar.

Solo en los últimos años se ha evidenciado en el país un aumento en los métodos alternativos de resolución de conflictos porque se ha empezado a difundir este proceso para los problemas planteados en la sociedad de manera más rápida, pacífica y económica. Decimos económica porque en la mayoría de los casos, cuando se debe recurrir a la justicia ordinaria, hay que hacerlo acompañado de una abogado y gran parte de la población carece de fuentes de ingreso para ello. Por eso, cuando se tiene en cuenta los métodos alternativos todo tipo de persona puede acceder a ellos pues hasta una persona de bajos recursos podría hacer uso de este servicio siéndole concedido gratuitamente según lo amerite su condición.

La intención de este escrito es dejar en claro la funcionalidad de una herramienta alternativa que ofrece la justicia colombiana para resolver problemas que se plantean a diario. Pretender que las personas adopten este procedimiento como primera instancia es algo ambicioso, sin embargo, podría resultar más beneficiario para una persona hacer uso de este tipo de justicia y no de la ordinaria. En este sentido y para concluir, cito lo dicho por Aristóteles: “es propio de hombres razonables recurrir a un árbitro antes que a un juez, porque el primero no atiende sino a la justicia, mientras que el juez mira solamente a la ley; el arbitraje ha sido inventado para hacer valer la equidad” (ARISTÓT. Rhetór., libro I, cap. 13, apud GROCIO, De jure belli ac pacis).

La primera medida económica es la Justicia Social

Columnista Carlos Herrera Rozo.

El desempleo en Colombia supera el 14.2%, en el caso del paro juvenil esa cifra se eleva al 20%, es más, en el caso de jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 18 años ese porcentaje es mucho más elevado. Si se tiene en cuenta que se considera un trabajo estable aquel que desempeñan por las calles de nuestras ciudades los vendedores de baratijas, especias, frutas, sexo, etc., etc. - entonces nos encontramos no con datos estadísticos, sino con la constatación de una catástrofe que el Estado oculta haciéndonos creer que el subempleo es un trabajo digno. Pero –y aquí está la sorpresa– no estoy hablando de porcentajes de 2011, sino de un problema larvado desde el siglo pasado.

Lo que está poniendo de manifiesto esta realidad, entre nuestro pasado y nuestro presente, es su desoladora gravedad: cada vez que el mundo desarrollado avanza o se ve sumido en una grave crisis económica, Colombia, en lo que al ciudadano se refiere, no retrocede unos pocos años sino que vuelve al punto de partida, es decir, de donde nunca hemos salido jamás porque las estadísticas, manipuladas por los gobiernos de turno, siempre mienten. Es como si el país entero estuviera atrapado dentro de una infernal máquina del tiempo que no nos deja abandonar el pasado, nos condena a la supervivencia en el presente, y no nos deja avizorar el futuro con esperanza.

En este círculo vicioso dentro del cual no hacemos otra cosa que caminar en círculos, como Dante en el infierno, se imponen espurios intereses económicos sobre cualquier otra consideración y nos lo presentan como la panacea que nos ha de salvar de la miseria, sin percatarnos de que de la miseria no se sale mientras no haya justicia social. La sociedad colombiana, al parecer, no tiene memoria. No cae en cuenta de que lo que nos ofrecen, ya lo hemos vivido y que, como Prometeo, no paramos de subir y bajar la cuesta con nuestra carga de desesperanza al hombro, empezando siempre desde cero.

Este hecho me hace recordar con dolor al ángel vengador creado por los hermanos Coen que, implacable, acorralaba a sus víctimas y momentos antes de matarles les formulaba una pregunta: “Si la norma que has seguido te ha llevado hasta aquí, ¿de qué te ha servido?”.

Lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos que evolucionan al margen de lo humano y al vaivén de los intereses de los especuladores financieros, sino el buen funcionamiento de sus instituciones. Y, especialmente, de aquellas que tienen que ver con la Justicia social y el correcto funcionamiento del Estado de derecho

En nuestro caso, la “norma” es continuar en el pasado y la vamos a seguir también en el presente. Se limita a sanear las cuentas y a tratar de reactivar la economía independientemente de las penurias sociales y sus nefastas consecuencias, toda vez que ellas derivan a la desesperanza, hacia la criminalidad forzados por la necesidad. Cualquier otra reforma estructural que vaya más allá de lo estrictamente económico no tiene cabida en la cabeza de nuestros mono-sabios. Pero es un error. El progreso y la prosperidad futura no sólo van a depender de las reformas económicas, de la reforma del mercado laboral, del aumento de la competitividad, del saneamiento y la reestructuración del sector financiero, de la reducción de nuestra deuda pública y privada, sino que están ligada al buen o mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Porque, en última instancia, lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos que evolucionan al margen de lo humano, sino al buen funcionamiento del Estado de derecho y, especialmente, de todo aquello que norma y regla la Justicia social y el Estado de derecho.

Si algo se está poniendo en peligro es el Estado de derecho en nuestro país- Además de las deficiencias ya conocidas de nuestro sistema político, económico y social, es la enorme corrupción que hemos desarrollado en estos últimos 50 años, desde la creación del pacto de Sitges y de Benidorm entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, el 24 de Julio de 1956, para alternarse en el poder, cuyo coste, por si aún no nos hemos percatado, además de amoral y de pésima imagen internacional es fundamentalmente económico que ha lastrado y continua lastrando el desarrollo y el buen funcionamiento del país. Si fuera posible hacer un cálculo de lo que la corrupción representa en pérdidas económicas, tarea esta que se me antoja farragosa, seguramente el resultado sería una cifra colosal.

Para tener conciencia de la categoría del problema que nos consume y nos agobia, hay que entender que en Colombia la corrupción no sólo procede de una selecta minoría que hace y deshace a su antojo y que se reparte los negocios y el dinero público. Se trata de una enfermedad muy extendida que ha alcanzado todos los estamentos de la sociedad convirtiéndose en una verdadera plaga. Durante estos años, el país se ha desangrado en un torrente incontenible de “mordidas” cuyos montantes económicos son cada vez más disparatados. Y las prácticas corruptas han devenido en un ejercicio de puro y duro saqueo del erario público en el que están implicados políticos, lobbies empresariales, multinacionales, banqueros, concejales, sindicalistas, asociaciones “sin ánimo de lucro”, los cuerpos de seguridad del estado y grupos de personajes de todo tipo y pelaje que medran al lado, y sirviendo de mano ejecutora de quienes gobiernan. En consecuencia, la corrupción es el principal problema, muy por encima del movimiento subversivo y al cual el gobierno debe hacer frente con todos los medios que el Estado de derecho le otorga para erradicarlo. Es posiblemente, en mi concepto, este problema económico, el más grave que aqueja a los colombianos, especialmente a las nuevas generaciones de ciudadanos.

Por todo ello, si de verdad queremos salvar a Colombia del desastre económico y social, debemos, en primer término, contrarrestar el problema de la inseguridad jurídica, la parálisis crónica de los tribunales, la injerencia indebida y constante del poder político en la vida judicial, y particularmente, en determinadas sentencias que tienen que ver con la corrupción y los grupos paramilitares que han recibido un trato de excepción por parte del estado, consiguiendo con ello una justicia cojitranca que no le merece ningún respeto a la sociedad. Esta justicia a debe desaparecer del concierto nacional. Desde esta perspectiva, la primera y más urgente reforma de todas cuantas atañen directamente a la economía debería ser la de la Justicia como fundamento, sin el cual, el Estado de derecho y la democracia dejan de existir. Sin esta reforma fundamental, la prosperidad que tanto añoramos y que solo alcanzaremos, como dijera Sir Winston Churchill, “con sangre, sudor y lágrimas”, nunca estará a salvo: Y Colombia será por siempre el país del paro, de la violencia, del analfabetismo, de la condena a la supervivencia de las nuevas generaciones de ciudadanos y del riesgo de la quiebra económica. Un Estado fallido, tal como nos consideran internacionalmente algunas instituciones dedicadas al análisis de los países en vías de desarrollo, atrapado en la máquina del tiempo.