Mayor desplazamiento por amenazas que por el conflicto armado. El caso de Tumaco

Por Luis Fernando Barón.
Investigador, Programa de Gobernabilidad en el Pacífico, Universidad Icesi

Tumaco es la segunda ciudad más grande del litoral Pacífico colombiano, con más de 200 mil personas. La belleza de sus playas y esteros; sus patrimonios natural y cultural, y la alegría y calidez de su gente, contrastan con los altos niveles de pobreza, con el histórico abandono del Estado y de la nación, y con la persistencia de las violencias en las últimas décadas. Sus zonas rurales, habitadas principalmente por comunidades indígenas y afrocolombianas, han tenido que padecer las disputas por el dominio territorial entre organizaciones armadas ilegales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y las bandas criminales y de narcotraficantes, se han turnado la imposición de órdenes sociales por las vías de la fuerza y el despojo desde hace unos 20 años, no sólo en buena parte de las zonas rurales, sino también en la cabecera de este municipio.

Las condiciones geográficas, la cercanía a Ecuador, y la ubicación marítima de este, el segundo puerto más importante en el Pacífico de Colombia, hacen que Tumaco se haya convertido en los últimos tiempos en uno de los mayores productores y exportadores de cocaína en el país. En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) registraba casi 17.000 hectáreas de coca sembradas en esta región, y según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre el 2000 y 2015 Tumaco está clasificado como uno de los municipios con mayores registros de proporción de cultivos de coca en relación con su tamaño (para más información ver esta nota en El País y esta de hsbnoticias).

Asimismo Tumaco esta entre los municipios más violentos de Colombia. Del 2000 al 2012 se contaban allí 2.427 homicidios, y en 2014 se calculaba una tasa de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando más de tres veces el promedio nacional. Durante 2014 también se reportó un aumento en el número de víctimas causadas por minas antipersonales, por la extorsión (ver), y por los atentados terroristas, como el sucedido hace más de un año y medio, cuando la voladura de la guerrilla a la estructura petrolera produjo uno de los mayores desastres ambientales en el país. Nos referimos al derrame de más de 10.000 barriles de combustible en el río Mira y otros cauces, afectando el suministro de agua potable y el sustento de unas 11.000 familias de pescadores y agricultores.

El municipio, además hace parte de las regiones en donde se han venido desarrollando estrategias y programas militares como el plan de guerra Espada de Honor, una ofensiva interinstitucional para combatir a las FARC; o el Plan Troya Pacífico enfocado en neutralizar las bandas criminales y sus economías ilícitas, o la implementación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCT) (ver), que busca asegurar la protección de los derechos fundamentales de la población en los territorios afectados históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos.

Los desplazamientos forzados son quizá la mayor y más visible expresión de los efectos del conflicto armado en Tumaco en los últimos años. De acuerdo con el Sistema de Población Desplazada (SIPOD) y el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 2000 y 2012 se reportaron 74.348 víctimas de desplazamiento forzado en el municipio, mostrando el 2009 y el 2011 como los años más críticos, en los que primaron los desplazamientos intramunicipales, intraurbanos y hacia Ecuador. Estos hechos además convirtieron la cabecera municipal de Tumaco en receptora de población desplazada de otros municipios cercanos. Así se evidencia con el barrio Familias en Acción, formado por cientos de personas que huyeron del conflicto armado, y ahora comparten minúsculos territorios tomados a los manglares de Tumaco, en busca de de la reconstrucción de sus vidas (ver).

Desplazamientos vs. amenazas y acciones de guerra
Utilizando información cuantitativa y cualitativa del Banco de Datos de Derechos Humanos de Cinep, Noche y Niebla,^* realizamos un ejercicio de investigación con estudiantes de la Universidad Icesi, y encontramos que del 2001 al 2014, en Tumaco se observa una relación directa entre las amenazas (que son principalmente de muerte), y los desplazamientos forzados. En el 2011, por ejemplo, todos los casos de desplazamiento forzado fueron de personas que habían sido amenazadas de muerte.^**

Como se puede ver en los siguientes gráficos, las amenazas personales y colectivas están relacionadas con la tendencia a desplazarse. Las que más se repiten son las amenazas de muerte, desalojo, o reclutamiento de algún familiar, y generalmente son los padres los amenazados con el reclutamiento de sus hijos.

De los años estudiados, el número más alto de desplazamientos se produjo en el 2007. Así, 1.018 campesinos huyeron de la violencia generada por los grupos armados en este año. Por su parte el 2008 es el año en que más amenazas y desplazamientos se presentaron. En este año encontramos que fueron principalmente los grupos paramilitares los que amenazaron de muerte a la comunidad afrodescendiente de Tumaco, hecho que generó desplazamientos masivos de esta población (ver). También se puede observar un pico en la gráfica durante el 2013, que corresponde con el desplazamiento de 38 personas. El número de amenazas de este año fue de 96, es decir, el 40% de las personas amenazadas terminaron desplazándose. Al igual que en el 2001 y el 2008, los principales actores de las amenazas fueron los grupos paramilitares.

De manera contraria, tal y como lo muestra la gráfica anterior, encontramos que en general, las relación entre asesinatos y desplazamiento se comportan de forma inversa. Es decir, cuando las variables de muertes están más altas, la variable de desplazamiento está baja y en ocasiones en cero. Por el contrario, en los años del centro del gráfico que son 2005, 2006 y 2007 las variables de muertes están muy bajas, mientras que las de desplazamiento están bastante altas.

El dos de octubre de 2016, el 71,19% de los tumaqueños votaron afirmativamente el plebiscito que preguntaba por la refrendación de los acuerdos de paz realizados en La Habana entre representantes del Gobierno y las FARC-EP. Información testimonial nos permite afirmar que el narcotráfico, a pesar de ser percibido como un “motor de desarrollo y empleo” para Tumaco, es mayor el anhelo de sus pobladores de que no se repitan hechos de violencia, ni amenazas, ni asesinatos, ni desplazamientos, ni actos terroristas. De esta forma la gente de Tumaco de nuevo podrá “vivir con tranquilidad, para regresar a la calle, para volver a conversar con los vecinos, o poder salir al mentidero a contar historias y mitos de miedo, pero de miedo a los espantos o almas en pena, y no al terror de los actores armados”, tal y como nos lo narró una líder local.

Notas:
Agradezco mucho los aportes de María Alejandra López, estudiante de la Universidad Icesi, por su trabajo con las bases de datos, y a la profesora Valeria Eberle por compartir con nosotros los datos del proyecto de investigacion sobre política en el Pacífico. También agradezco las contribuciones de Martha Meza, estudiante de la Maestría en Periodismo.

* Nuestro estudio utilizó la base de datos elaborada por el proyecto Análisis de la Participación Política en Escenarios de Conflicto 1997-2014, que usa información de la Revista Noche y Niebla de CINEP. El proyecto en mención definió 19 categorías para identificar la intensidad y tipología del conflicto en los 41 municipios que tienen jurisdicción administrativa en el litoral Pacífico. Nuestro ejercicio investigativo se centró en Tumaco y para ello también accedimos directamente a la base de CINEP.

** Es necesario tener en cuenta que en años como en el 2002, hubo desplazamientos, pero el número de desplazados y amenazados no se conocen. Sólo se sabe que hubo amenazas y desplazamientos en masa.

¿Es la impunidad el precio de la paz en Colombia?

Por Alejandra Galindo Ceballos.*

Como sabemos, la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en Colombia ha sido una constante con poco éxito durante décadas, sin embargo, durante los últimos treinta años hemos sido participes de las distintas fases de negociación política que se han llevado a cabo con grupos guerrilleros y paramilitares. Al igual que en otros países, concretar un Acuerdo de Paz que involucre a todas las partes del conflicto, resulta ser una tarea ardua, aún más si se trata de definir las estrategias de justicia transicional; Colombia, podría decirse que cuenta con experiencia en la cuestión, debido a que entre el año 2005 y la fecha, se han formulado políticas públicas, expedidas leyes y puesto en práctica los mecanismos de justicia transicional en justicia penal y rendición de cuentas para la desmovilización ,en ese entonces de las denominadas “AUC” (Autodefensas Unidas de Colombia)

A pesar de lo mencionado anteriormente, el modelo de justicia transicional que se imponga en este proceso de paz debe acompañado por mecanismos que narren la verdad, así como defiendan la construcción de memoria histórica ,aunque el compromiso renovado por mejorar la gobernabilidad seguramente se verá nublado ante los intereses mezquinos y la controversia política.

Las FARC-EP han manifestado en varias ocasiones que no están en la Habana para ir a la cárcel, por lo que cabe preguntarse si ¿están preparados para asumir los costos de un modelo integral de justicia transicional?

En respuesta a este cuestionamiento , tenemos dos panaromas por lo pronto. De un lado, la agenda de negociación de la Habana, no menciona con claridad los aspectos claves en justica transicional, ni los mecanismos para establecer responsabilidad penal individual y reparación, ni mucho menos los estándares nacionales e internacionales para satisfacer los derechos de las víctimas.

Por otro lado, las FARC-EP han logrado que no haya privación de la libertad , lo cual pone en peligro la sociedad civil en la medida en que no entreguen las armas. Todo esto aludiendo al principio de “rebelión” el cual es legítimo; empero, dicho principio encierra a quienes estén armados y tengan una pretensión política de cambiar el estado de las cosas . Ahora bien, no logro recordar ¿Cuál ha sido la pretensión política de las FARC-EP durante décadas? , pero si tengo presente que se han valido del terror, la extorsión, el secuestro, narcotráfico y homicidios para sostenerse.

En este orden de ideas ,el Acuerdo de Justicia Transicional enviado por la Procuraduría a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en el mes de enero, demuestra que no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras que ponen a Colombia en un intercambio de delitos sin ninguna garantía. Queridos lectores, que no se les olvide que sin justicia es imposible alcanzar la paz, la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma por medio del cual se impongan penas equiparables a los delitos cometidos.

Ya sé, los colombianos estamos mal acostumbrados a transar con bandidos, permitimos que nuestro aparato judicial siga siendo socavado, que en nuestra cultura “el crimen page bien”, y que nos toque mamarnos a un montón de parásitos que jamás han contribuido al desarrollo de nuestro país, solo porque nos tienen convencidos de que la forma correcta de negociar es como se hace hoy en la Habana. La mentira tiene un gran poder de dominación.

* Publicado en el 10 de mayo de 2016 en ReEditor (ver)

¿Cómo financiar el postconflicto?

Columnista José Jairo Jaramillo.
Integrante de la Organización de Jóvenes Liberales del Valle

Colombia pasa por una coyuntura que determinara el destino del país para las próximas décadas, el actual proceso de paz es una oportunidad no solo de cerrar un ciclo de 50 años de violencia que nos ha costado más de 220.000 muertes, 5 millones de desplazados y alrededor de 220 billones de pesos en la última década^[1]. Sino, en palabras del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo: "el proceso de paz es la oportunidad de construir una transición para el cambio"^[2]. Que debe concretarse en superar las asimetrías territoriales de Colombia, suministrando a los municipios más pobres e históricamente sometidos a la violencia del conflicto "bienes e infraestructuras públicas, redes de protección social, acceso a la justicia, seguridad, sistemas de apoyo productivo, garantías de participación democrática, protección de intereses ambientales, entre otros"^[3].

El enfoque que el gobierno le ha dado al postconflicto es territorial, lo que indica que el foco de las inversiones y el fortalecimiento institucional debe centrarse en los municipios, de esta manera:

"El municipio es entonces la entidad territorial natural para la identificación, localización y formación de los territorios de paz. Ello se entiende perfectamente pues en el municipio confluyen el poder político local y el aparato de la administración pública local y nacional. También el municipio es el espacio natural de acción e interacción de las poblaciones con las instituciones. Todas estas circunstancias le dan al municipio un rol preponderante en el manejo de la transición hacia la paz y la reconciliación, por ende, estas entidades locales y sus administradores tendrán que prepararse muy bien para enfrentar este gran desafío histórico en el futuro inmediato".^[4]

Para lograr lo anterior, se hace necesario profundizar la descentralización política, administrativa y económica para, entre otros, robustecer fiscalmente a las entidades territoriales, y así ellas poder coadyuvar a la nación con recursos propios para financiar el postconflicto y el plan de inversiones que este nuevo escenario implica, pues de lo que se trata es fortalecer la presencia Estatal en el territorio que permita "universalizar el Estado social de derecho, para lo cual se requiere una especie de plan para la paz, basado en un nuevo pacto fiscal distributivo en un sistema descentralizado, con una democracia local fuerte, pero también con un sistema robusto de corresponsabilidad y de compensación nacional de las asimetrías".^[5]

¿De dónde se van a obtener los 93 billones de pesos que según el Senado de la República se requieren como inversión para el postconflicto durante los próximos 10 años?^[6] se ha propuesto por el gobierno y el Congreso de la República diferentes fuentes como por ejemplo recursos de cooperación internacional, prestamos multilaterales, una reforma tributaria nacional que contemple (entre otros) el impuesto a los dividendos, la eliminación de exenciones tributarias a algunos sectores como por ejemplo el minero-energético, luchar contra la elevada evasión de impuestos, el denominado dividendo por la paz^[7], etc.

Creo que la firma de un acuerdo con las FARC es el escenario ideal para que el gobierno nacional en compañía de los gobernadores y alcaldes (recién electos) concierten una reforma tributaria que propenda por el fortalecimiento del sistema tributario municipal y territorial y les permita a estas entidades acceder a fuentes de financiamiento propias en aras de tener recursos para las inversiones necesarias en el postconflicto. Este breve escrito pretende abordar la necesidad de una reforma tributaria territorial que permita a estas entidades acceder a más recursos para profundizar la descentralización, y así poder financiar, en parte, las inversiones necesarias una vez si firme el acuerdo de paz.

Conforme a la Federación Nacional de Departamentos, de cada $ 100 que recauda el Estado Colombiano, $ 83,5 van para el gobierno nacional y entidades de orden central, $4,6 van a financiar a las 32 entidades departamentales y $11,9 van dirigidos a financiar a 1.123 municipios. (Ver gráfico 1)

Gráfico 1. Asignación según nivel de gobierno por cada $100 de impuestos (2012)^[8]
Fuente: Federación Nacional de Departamentos Julio 16 de 2015

La misma federación muestra como tras cada una de las reformas tributarias desde 1994 hasta el año 2012 los ingresos fiscales de la nación han aumentado considerablemente pasando de 8,8 billones de pesos de recaudo en 1994 a 95,1 en 2012 (es decir un aumento de 1.080%). Mientras los departamentos pasaron de 0,7 billones en 1994 a 5,3 en 2012 (es decir un aumento de 757%) y por último los municipios pasaron de 1,1 billones a 13,5 en el mismo periodo (es decir un aumento de 1.227% que en términos absolutos es precario si se tiene en cuenta que van a distribuirse entre 1.123 entidades municipales) (Ver gráfico 2).

Gráfico 2. Ingresos tributarios por nivel de gobierno en cada reforma tributaria (1994-2012)^[9]
Fuente: Federación Nacional de Departamentos Julio 16 de 2015



Lo anterior pone en evidencia la necesidad de una reforma territorial, que permita a estas entidades tener los recursos fiscales necesarios para financiar el plan de inversiones para la paz y el postconflicto. En este sentido abordare los cambios que deben darse en los dos impuestos territoriales más significativos (dado los limites de extensión de este ensayo), a saber el de predial y el de industria y comercio. Esa reforma territorial debe contemplar:

Respecto al impuesto predial: debe hacerse un compendio legislativo que facilite la comprensión normativa sobre el impuesto predial. Actualmente el IPU es regulado por las leyes 1430 de 2010, 1448 de 2011, 1450 de 2011 y la ley 44 de 1990, lo anterior en aras de dar seguridad jurídica a los sujetos pasivos del impuesto, a la vez que simplificar el pago del mismo y dar herramientas claras a las entidades territoriales para efectuar el cobro y recaudo del tributo, esto pasa por recopilar en un solo texto jurídico los elementos de la obligación objetivos y subjetivos de tributaria.

Por otro lado, la nación debe reconocer la autonomía catastral de los municipios en aras de permitir a estos realizar la actualización del catastro, a la vez que facilitar los recursos para que estos puedan contar con las herramientas técnicos e institucionales para adelantar dicha labor, o en su defecto (y en caso de no reconocerse la autonomía catastral) dar más recursos al Instituto Geográfico Agustin Codazzi para que pueda adelantar esa tarea. Cuya importancia radica en que la base gravable del Impuesto Predial Unificado según el artículo 3ro de la ley 44 de 1990: "será el avalúo catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado". Es decir, según el valor monetario del avalúo (cifra sobre la que se aplica la tarifa) se determina el total del impuesto a pagar por el contribuyente. Lo anterior se hace necesario pues según el IGAC solo el 62,3% de los municipios cuentan con un avalúo catastral actualizado, lo que interfiere notablemente en la gestión fiscal que tienen a cargo los gobiernos locales. (Ver gráfico 3)

Gráfico 3. Actualización de predios en Colombia IGAC^[10]
Fuente: Conpes 3630, DNP Reajuste a los avalúos catastrales para la vigencia 2010



Esto quiere decir que 37 de cada 100 municipios no tienen sus catastros actualizados por lo que a la hora de definir la base grabable del impuesto no cuentan con la información suficiente para poner al día el quantum impositivo, pues no tendrán información respecto al uso de los suelos (es decir la actividad productiva para la que se destina el predio), o el valor real de los predios, etc.

Adicional a lo anterior, que se circunscribe en el ámbito legislativo y administrativo, se hace necesario fortalecer la variable de confianza ciudadana, pues este es uno de los elementos claves para comprender la evasión. Cuando un ciudadano percibe que el gobierno es corrupto y no hay ningún tipo de retribución publica por la tributación se crea un desestimulo para cumplir con la carga tributaria, esto se resume en la pregunta ¿para qué pagar impuestos si no se recibe ningún bien público a cambio? lo anterior se puede hacer por ejemplo haciendo accountability sobre el uso que el gobierno local le da a los recursos obtenidos por el recaudo del predial, por ejemplo explicándole a contribuyente en la factura de cobro que se va a hacer exactamente con el dinero que el va a dar al fisco.

Respecto al impuesto de industria y comercio (ICA): al igual que con el impuesto predial, respecto del ICA, debe hacerse un compendio legislativo que facilite la comprensión normativa sobre este impuesto, que actualmente es regulado por las leyes L. 97 de 1913, L. 56 de 1981, L. 14 de 1983, D. 3070 de 1983, L. 14 /1915, L. 72 de 1926, L. 89 de 1936, L. 50 de 1984, L. 55 de 1985, L. 75 de 1986, D. 1333 de 1986, L. 49 de 1990, L. 43 de 1987, L. 223 de 1995, L. 488 de 1998, L. 633 de 2000, L. 716 de 2001, L. 863 de 2003, y L. 788 de 2002, lo anterior en aras de dar seguridad jurídica a los sujetos pasivos, a la vez que simplificar el pago del impuesto y dar herramientas claras a las entidades territoriales para efectuar el cobro y recaudo del mismo, esto pasa por recopilar en un solo texto jurídico los elementos de la obligación tributaria.

Por otro lado se hace necesario, con respecto al impuesto de industria y comercio, resolver los conflictos que se generan por la territorialidad del gravamen, en la medida en que algunas actividades están vinculadas a más de un municipio, lo que deriva en situaciones de doble tributación o conflictos entre administraciones por el cobro del impuesto a los contribuyentes^[11]. Por lo anterior, debe haber una reforma legislativa que permita dirimir estos conflictos jurídicos que muchas veces dificultan la determinación correcta del impuesto a pagar por el contribuyente y por tanto el cobro del mismo. Por otro lado, varios sectores, académicos y políticos, han propuesto que se incluyan medidas para facilitar el recaudo del tributo, como su unificación con el impuesto de avisos y tableros o la autorización para el cobro y liquidación bimensual (en aras de tener mayor control sobre el recaudo). Lo anterior ayudaría sustancialmente a aumentar los ingresos fiscales.

Adicional a lo anterior, que se circunscribe en el ámbito legislativo y administrativo, se hace necesario fortalecer la variable de confianza ciudadana, tal como se explico en el caso del impuesto predial. Otro asunto para debate, solo por mencionarlo, es el cobro de impuestos a bebidas no alcohólicas, como gaseosas, bebidas energizantes y afines, que tienen efectos negativos sobre la salud y por tanto deberían contribuir con recursos adicionales para las finanzas territoriales, en este caso, de los departamentos.

Es así como fortaleciendo los impuestos territoriales (y con ello la descentralización) se pueden crear las condiciones económicas propicias en los territorios para financiar la Colombia después de la guerra, esto pasa necesariamente, por la capacidad de recaudo para inversión (entre otro tipo de fuentes) que tengan las ciudades de nuestro país, he ahí la relevancia de la tributación local, pues:

"Después de los impuestos nacionales, los impuestos municipales son los que realizan un mayor aporte al recaudo tributario agregado del país, pues representan el 2.14% del PIB y el 11.8% del total del recaudo tributario. Con municipios debilitados, con escasos recursos propios para financiar autónomamente su funcionamiento y simultáneamente, la presión por el aumento de la inversión que demanda el desarrollo (y en este caso el posconflicto), es imposible superar los obstáculos que alejan a una gran parte de colombianos de mejores condiciones de vida".^[12]

Este es el reto que tenemos como país, empoderar mas institucional y fiscalmente a nuestras ciudades en aras de garantizar el goce efectivo de los derechos ciudadanos desde el primer escenario de vivencia y participación democrática, el municipio.

Notas a pie de página
[1] Tributación municipal para la equidad y el desarrollo,Federación Colombiana de Municipios (2010) Pag16,tomado:https://www.fcm.org.co/Publicaciones/Libros/Tributaci%C3%B3n%20Municipal%20para%20la%20equidad%20y%20el%20desarrollo2.pdf

[2] "La transición hacia la paz es una gran oportunidad para el cambio: Alto Comisionado para la Paz" tomado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/prensa/Pages/2015/mayo/la-transicion-hacia-la-paz-es-una-gran-oportunidad-para-el-cambio-alto-comisionado-para-la-paz.aspx?ano=2015#sthash.BJdWPUK1.dpuf

[3] Desafíos de la paz territorial (Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz - Universidad Nacional de Colombia)http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/desafios-de-la-paz-territorial.html

[4] Morales, Jairo "¿qué es el postconflicto? Colombia después de la guerra" 2015 Géminis Bogotá pag. 71

[5] Marco, Romero " Desafíos de la paz territorial" Unperiodico, febrero 7 de 2015 tomado de: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/desafios-de-la-paz-territorial.html

[6] Plenaria de Senado analizó financiación del posconflicto, 7 de octubre de 2014, tomado de: http://www.senado.gov.co/historia/item/20835-plenaria-de-senado-analizo-financiacion-del-posconflicto

[7] El presidente Juan Manuel Santos, ha mencionado que (según proyecciones de Min Hacienda) de llegar a concretarse la paz con la guerrilla el producto interno bruto del país estaría creciendo 2% adicional anual

[8] Amylkar Acosta Medina Director Ejecutivo Federación Nacional de Departamentos "MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS TERRITORIALES, IX Congreso de Nacional de Contabilidad Pública 2015" Julio 16 de 2015, diapositiva 10.

[9] Ibídem, diapositiva 11.

[10] Tributación municipal para la equidad y el desarrollo,Federación Colombiana de Municipios (2010) Pag34,tomado:https://www.fcm.org.co/Publicaciones/Libros/Tributaci%C3%B3n%20Municipal%20para%20la%20equidad%20y%20el%20desarrollo2.pdf

[11] Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (observatorio legislativo), reforma tributaria territorial, boletín 128, abril de 2009, tomado de: http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_128

[12] Tributación municipal para la equidad y el desarrollo,Federación Colombiana de Municipios (2010) Pag15,tomado:https://www.fcm.org.co/Publicaciones/Libros/Tributaci%C3%B3n%20Municipal%20para%20la%20equidad%20y%20el%20desarrollo2.pdf

Los Emberá y la tierra del olvido

Por Camilo Medina.

Mi padre hace algunas noches me permitió escuchar música hecha por la comunidad Emberá que durante uno de sus reportajes matutinos él había grabado. Personas pertenecientes a esta comunidad indígena estaban en el calvario, cantando para recoger recursos y quejándose de haber sido despojados de sus tierras por el conflicto armado.

Luego de comentar un poco sobre el asunto pensé en la dimensión tan terrible que tiene el desplazamiento por el conflicto en la periferia Colombiana. El desplazamiento, entre muchas otras consecuencias, genera un impacto en las prácticas culturales y sociales.

En mi ciudad natal, Cali, encuentro a diario personas que han sido desterradas de sus territorios y se han visto obligados a migrar hacia la urbe a causa del recrudecimiento del conflicto armado en nuestro país. Más de 6’000.000 de victimas, reporta el centro de memoria histórica, ha dejado el conflicto armado en nuestra nación; si tuviéramos la densidad poblacional de Dinamarca, todos hubiéramos sufrido la crudeza del enfrentamiento armado.

Por otra parte, según el informe “¡Basta ya!”, el 90% del conflicto armado se concentra en la periferia, lejos de los centro de poder. Lejos del palacio de Nariño, lejos de el club el nogal, lejos del congreso de la república. Muchos de los citadinos no sufrimos en carne propia lo que los Emberá y cientos de miles de personas han sufrido y sufren a diario. A los desplazados no se les vulnera únicamente al ser despojados de lo que construyeron toda una vida, sino al ser humillados, golpeados y por de bajeados por un conflicto que perdió sus causas, su razón de ser e ingresó a un plano meramente económico basado en las actividades ligadas al narcotráfico.

En otro escenario, Santos y Zuluaga se disputan ferozmente la presidencia de la república, con maniobras cada vez más sucintas pero efectivas llamando a las emociones y al sentimentalismo patrio. Todo lo anterior en el contexto de una segunda vuelta que promete dejar por el piso, aún más, la credibilidad de la clase política colombiana. Se ha visto de todo en los últimos dos meses, injurias, infiltraciones, videos comprometedores, acusaciones sin pruebas, entre otros elementos circenses que hacen parte de lo que hoy se ha convertido la política en Colombia. No obstante, hay que ser completamente realistas y tener en cuenta el contexto en el que se enmarca un momento coyuntural de prima importancia como este; un momento donde como país nos vamos a jugar no sólo la persona que nos dirigirá políticamente el próximo cuatrienio, sino el futuro de la resolución del conflicto que aqueja al país hace más de 50 años. Así Zuluaga haya cambiado de postura durante la semana pasada, creo que muchos sabemos que él se enmarca en una política guerrerista propia de su mentor Álvaro Uribe. Por otra parte el candidato Presidente Juan Manuel Santos le apostó a los diálogos hace dos años y los ha mantenido contra viento y marea así como también los convirtió en su caballito de batalla buscando la reelección presidencial. En materia Económica y social no se distinguen mucho, pero creo que el país hoy se está jugando la metodología para afrontar el problema que ha dejado más de 220.000 muertos y como ya lo comenté, millones de víctimas a lo largo del territorio nacional, sin contar los frenos a la economía y el desarrollo nacional.

La izquierda en cabeza de Clara López e Iván Cepeda por una parte y por otra de Jorge Robledo, claramente más radical, ha tomado rumbos distintos. López y Cepeda le apuestan a la paz de Santos y Robledo y la izquierda más radical al abstencionismo y al voto en Blanco.

Ambas posiciones son completamente entendibles y respetables. Pese a esto Robledo ha recibido un sin número de críticas por inconsecuente y dicen en algunas columnas que se pifió. Creo que lo que hace el senador es algo muy respetable, y por demás consecuente con su caudal electoral.

En ese orden de ideas, mi posición va más allá de filiaciones partidistas o alistamientos programáticos. Hoy soy crudamente pragmático. En contraposición a William Ospina que palabras más palabras menos dijo que, es preferible tener arriba al Ubérrimo Uribista porque es el “malo conocido” que a un camaleónico Santos que sería el “bueno por conocer”. Quiero decirle que también hay élites mafiosas que han querido gobernar las naciones y durante ocho años, Uribe, demostró, entre otras cosas, una marcada contravención hacia las leyes, la institucionalidad y los contrapesos políticos dejando muy frágil la institucionalidad de la nación.

Mi invitación es apostarle a la paz, apostarle a no ver más Emberá en las calles a causa del desplazamiento, fuera de sus territorios, desarraigados de sus prácticas y con un dolor de patria inconmensurable; un dolor que muchos de nosotros los citadinos no alcanzamos a sentir ni entender. Atado a esa invitación, les tengo otra aún más importante; ser políticamente activos y responsables durante el próximo cuatrienio. Así y sólo así vamos a empezar a recorrer un largo camino que apenas se está acordando en La Habana. Votar por la paz no es sinónimo de agachar la cabeza y someternos a las directrices Santistas, es apostarle a los diálogos, a una salida negociada a más de 50 años de dolor y comprometernos con nuestra nación, esta que sólo vamos a construir haciendo oposición efectiva, siendo activos y comprometiéndonos con nuestra tierra del olvido.

Carta a un(a) candidato(a) presidencial

Columnista José Jairo Jaramillo.

REF. Proceso de paz.

Señor candidato o candidata a la Presidencia de la República de Colombia.

La paz, va más allá de la dejación de las armas de los grupos al margen de la ley. Pero sin duda su desmovilización y reinserción a la sociedad civil es una condición necesaria para vivir en un clima nacional de mayor concordia y poder encaminar el futuro de la nación por sendas de progreso y desarrollo.

El conflicto armado nos cuesta, para este año (2013) más de 26 billones de pesos de las arcas del Estado, lo que representa alrededor del 14% del presupuesto general de la nación. (53.000.000 millones de pesos cada día, 40 millones de pesos por segundo). El fin del conflicto representaría un aumento del 2% del PIB (según Alfredo Rangel) a todas luces es más que deseable llegar al fin del conflicto desde el punto de vista económico.

Por otro lado y según el último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, los últimos 50 años del conflicto han causado la muerte de unas 220.000 personas, 25.000 desaparecidos y casi 5 millones de desplazados. Dentro de las víctimas esta mi padre, muerto hace mas de 20 años por una de las guerrillas…y lo puedo decir por la autoridad moral que me da ser hijo de una víctima: “el conflicto es más que números, más que cifras, es sentir la ausencia de tus seres queridos, es preguntarse día a día que sería de mi vida si mi papá estuviera vivo”.

El conflicto amputa familias, por ello apoyo el proceso de paz. ¿Para qué otros 50 años de guerra? ¿para qué más muertos, desaparecidos y desplazados?

La victoria militar es una ilusión que se soporta en el nacionalismo y deseo de triunfo sobre el enemigo, pero que tras más de medio siglo de conflicto demostró no ser viable pare ponerle punto final. Si hoy la guerrilla está sentada en la mesa de conversaciones de la habana, es porque la presión militar las llevo allá (y puso en ventaja para la negociación al gobierno) el Presidente Álvaro Uribe los diezmo, y el Presidente Juan Manuel Santos los sentó en la mesa a conversar y espero logre firmar un acuerdo. Porque es preferible ver a los guerrilleros defender sus ideas en el escenario democrático e institucional, porque es preferible que sus armas sean sus argumentos y razones y no…sus balas.

Creo en el proceso de paz, porque no es solo un imperativo ético, es un mandato constitucional (el artículo 22 de la Constitución Política establece: que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento).

El argumento de que el marco jurídico para la paz genera impunidad no es correcto, esta herramienta parte del reconocimiento de que el aparato de justicia del Estado no está en la capacidad de investigar los crímenes de 50 años de conflicto (ejemplo de ello es la ley de justicia y paz que por pretender investigar cada delito en la práctica ha emitido poquísimas sentencias, perpetuando así la impunidad).

Yo apoyo el proceso de paz, creo en él y discrepo respetuosamente de quien está en contra. Llegado el caso de que usted sea elegido o elegida Presidente o Presidenta de la República le pido que busque una salida política al conflicto y que nunca se le olvide que la guerra es más que cifras… son recuerdos, preguntas sin respuestas…es ausencia.

El conflicto armado colombiano desde una mirada transdisciplinar

Por Richard Benavidez. En colaboración con Trans-pasando fronteras.

Antes que todo, he de aclarar que el enfoque a desarrollar aquí no busca analizar en particular los elementos constituyentes del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC sino, más bien, brindar pista para nuevas formas de racionalizar el conflicto que usualmente ha sido pensado, con un pie, desde una dimensión geográfica, y el otro, anclada a la perspectiva de una disciplina en particular que por lo general tiende a ser un tanto excluyente frente a las propuestas de las otras disciplinas.

Para nadie es ajeno que durante la segunda mitad del gobierno de Santos ha habido un nuevo gabinete y se ha puesto en marcha un proceso de paz desde la Agenda Ejecutiva, la cual busca mediar el conflicto o, al menos, sentar unas buenas bases para encontrar la paz. Por tal motivo, dentro de este proceso se han tocado varios puntos fundamentales los cuales son: (1) desarrollo rural y acceso a la tierra; (2) las garantías del ejercicio de oposición política y la participación ciudadana; (3) el fin del conflicto armado y la reinserción de los guerrilleros en la sociedad; (4) la búsqueda de una solución al problema del narcotráfico y, finalmente, (5) los derechos de las víctimas. Claramente se distingue que son puntos con un alto nivel de complejidad de los cuales no se vislumbra una solución a corto plazo. Es un camino que se irá tejiendo con cuidado y con hilos muy fuertes.

Uno de los hilos fuertes que debe tejer este gobierno es desarrollar la capacidad institucional para conocer las dinámicas del conflicto en distintas zonas del país. Este es un punto bien importante pues se ha acostumbrado a rastrear el problema del conflicto desde el estudio de la historia bélica y militar de los distintos actores armados dejando de lado el hecho de que éstos actúan acorde a lógicas muy distintas. A partir de todo lo anteriormente dicho, se tratará de analizar el problema del conflicto en Colombia desde la base y no desde un plano general.

En mayor o menor grado, todos sabemos que las FARCs no son el único actor inmerso en el conflicto armado colombiano y aunque podamos considerar cierto debilitamiento en ellos, el conflicto se ha ido alimentando de la emergencia de nuevos accionares delincuenciales, representado, entre otras, en las denominadas “BACRIM”. Tal y como lo refleja un estudio presentado por la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá desde el Centro de Seguridad y Democracia (centro que se dedica a registrar información de los accionares violentos nacionales diarios), para el primer semestre presidencial de este año, en términos de violencia, se ha aumentado en un 25% los secuestros respecto al año anterior. Además, asegura el director del Centro de Investigación Fredo Rangel en una entrevista a NTN-24, que de este porcentaje, el 8% lo representan las FARC; igualmente han aumentado los retenes de presencia guerrillera en las zonas rurales que si bien habían estado controladas por las Fuerzas Armadas el año anterior, ahora se registra alrededor de 50 municipios que están siendo nuevamente copados por guerrilleros; además se incrementaron los atentados a centros petroleros en un 94%. Y, finalmente, se rescata el aumento de ataques violentos, de los 264 registrados por la investigación, el 89% son de las FARC. Por tanto, sentarse a negociar un proceso de paz en medio de un conflicto de esta envergadura, es un error aseguró Rangel. Esto debido a que en las zonas rurales hay un deterioro de la percepción de la seguridad. De este modo, el gobierno debe exigir el cese de hostilidades unilateral y no uno bilateral como proponen las FARC.

No obstante ¿es factible pensar que éste primer paso de acercamiento entre Gobierno y las FARC tendrá un proceso de negociación racional? Discutiblemente el proceso no es claro y se caracteriza por ser de muy largo alcance, y sin mayores resultados, más que los mediáticos. El Estado con un Marco Jurídico para la Paz, no ofrece las garantías legales para iniciar la negociación a las victimas del conflicto. Éste ha sido muy criticado por el Director de la Human Right Wach, José Miguel Vivaldo, quien estable que el Marco Jurídico abre un paso para la impunidad y a la no justicia para las victimas. Esto con un argumento base, y es que el marco realiza a los jefes guerrilleros cabecillas una especie de juico simbólico, pero no efectivo como sería una condena en prisión. Aspecto que puede traer problemas a Colombia ante la Corte Penal Internacional por concepto de amnistía condicional.

Asimismo, existen varios aspectos dentro de este proceso que deben ser tenidos en consideración. Y he aquí me preocupación ya que la propuesta se en ruta hacia una sola forma de mediar en el conflicto. Desde mi formación como politólogo y con el ideal trans-disciplinar, creo que existe una gran ansiedad para pensarse una solución a este conflicto que nos acecha ya con más de 50 años. Todas las áreas científicas son esenciales para generar una forma de racionalizar un proceso de diálogo de paz. Y este propósito es pensado bajo el reconocimiento que la sociedad Colombiana no es homogénea y la racionalidad del actuar de los actores es diferente en cada espacio geográfico.

Este proceso solo ha demostrado entablar un dialogo externo con actores armados que dominan ciertos territorios rurales en Colombia, dejando por fuera otros fenómenos sociales. Estos fenómenos sociales son entendidos como dinámicas violentas que se desarrollan en determinado territorio con miras a facilitar o proporcionar beneficio a cierto interés, con un motor como lo es el narcotráfico. Es decir, el gobierno tiene una mirada general en todo el territorio nacional para resolver el conflicto armado. Y esto se ha desarrollado sin la lógica de pensar que en distintos espacios geográficos la dinámica del conflicto cumple con cierta racionalidad diferente. Por ende, una puesta efectiva y eficaz de contra restar el conflicto será institucionalizando en zonas plenamente identificadas donde el conflicto armado es latente. Y no es solamente realizando trabajos de pie de fuerza, sino proponiendo nuevas dinámicas laborales, educativas, sociales entre otras.

Mi ambición es grande, pero creo en una nueva generación dentro del campo social que quiere una nueva visión de país, que se preocupa por un futuro y que quiere trascender en nuevos pensamientos. Y para esto se necesita de cierta dinámica tanto académica como estatal; desde las distintas ramas de las ciencias humanas para analizar una salida negociada al conflicto. Por ejemplo: desde el área de la antropología un estudio etnográfico del conflicto ayudaría a identificar zonas vulnerables; desde la sociología: los procesos de reinserción a la sociedad; desde el derecho: brindar las garantías y transparencias al proceso; desde la economía como vincular a los desmovilizados al mercado; desde la ciencia política fortalecer las instituciones para que el proceso de paz tenga diálogos que favorezcan la gobernabilidad con miras a construir una nación de nivel. En definitiva, y con una visón realista se está fortaleciendo un de los hilos principales dentro del conflicto; y es el acercamiento a presentar posturas y soluciones a un conflicto desconfigurado. Pero queda faltando un detalle, y es un llamado a las distintas ciencias a presentar un análisis sobre el conflicto armado colombiano, lo cual brindaría nuevas perspectivas para afrontar el proceso de paz.