¿Es la impunidad el precio de la paz en Colombia?

Por Alejandra Galindo Ceballos.*

Como sabemos, la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado en Colombia ha sido una constante con poco éxito durante décadas, sin embargo, durante los últimos treinta años hemos sido participes de las distintas fases de negociación política que se han llevado a cabo con grupos guerrilleros y paramilitares. Al igual que en otros países, concretar un Acuerdo de Paz que involucre a todas las partes del conflicto, resulta ser una tarea ardua, aún más si se trata de definir las estrategias de justicia transicional; Colombia, podría decirse que cuenta con experiencia en la cuestión, debido a que entre el año 2005 y la fecha, se han formulado políticas públicas, expedidas leyes y puesto en práctica los mecanismos de justicia transicional en justicia penal y rendición de cuentas para la desmovilización ,en ese entonces de las denominadas “AUC” (Autodefensas Unidas de Colombia)

A pesar de lo mencionado anteriormente, el modelo de justicia transicional que se imponga en este proceso de paz debe acompañado por mecanismos que narren la verdad, así como defiendan la construcción de memoria histórica ,aunque el compromiso renovado por mejorar la gobernabilidad seguramente se verá nublado ante los intereses mezquinos y la controversia política.

Las FARC-EP han manifestado en varias ocasiones que no están en la Habana para ir a la cárcel, por lo que cabe preguntarse si ¿están preparados para asumir los costos de un modelo integral de justicia transicional?

En respuesta a este cuestionamiento , tenemos dos panaromas por lo pronto. De un lado, la agenda de negociación de la Habana, no menciona con claridad los aspectos claves en justica transicional, ni los mecanismos para establecer responsabilidad penal individual y reparación, ni mucho menos los estándares nacionales e internacionales para satisfacer los derechos de las víctimas.

Por otro lado, las FARC-EP han logrado que no haya privación de la libertad , lo cual pone en peligro la sociedad civil en la medida en que no entreguen las armas. Todo esto aludiendo al principio de “rebelión” el cual es legítimo; empero, dicho principio encierra a quienes estén armados y tengan una pretensión política de cambiar el estado de las cosas . Ahora bien, no logro recordar ¿Cuál ha sido la pretensión política de las FARC-EP durante décadas? , pero si tengo presente que se han valido del terror, la extorsión, el secuestro, narcotráfico y homicidios para sostenerse.

En este orden de ideas ,el Acuerdo de Justicia Transicional enviado por la Procuraduría a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en el mes de enero, demuestra que no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras que ponen a Colombia en un intercambio de delitos sin ninguna garantía. Queridos lectores, que no se les olvide que sin justicia es imposible alcanzar la paz, la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma por medio del cual se impongan penas equiparables a los delitos cometidos.

Ya sé, los colombianos estamos mal acostumbrados a transar con bandidos, permitimos que nuestro aparato judicial siga siendo socavado, que en nuestra cultura “el crimen page bien”, y que nos toque mamarnos a un montón de parásitos que jamás han contribuido al desarrollo de nuestro país, solo porque nos tienen convencidos de que la forma correcta de negociar es como se hace hoy en la Habana. La mentira tiene un gran poder de dominación.

* Publicado en el 10 de mayo de 2016 en ReEditor (ver)