Legislando a la medida

Columnista José Jairo Jaramillo.

La movilización ciudadana respecto a la reforma a la justicia, responde a la indignación que ha generado en las mayorías nacionales el papel de los congresistas y del gobierno nacional en el proceso de aprobación del acto legislativo que reforma la justicia en Colombia. En 2011 el gobierno nacional le presento al congreso colombiano un proyecto de reforma a la constitución para “hacer más eficaz la administración de justicia, descongestionando los despachos judiciales”.

Mas el congreso dentro de su autonomía puede, a través de los ocho debates que requiere todo acto legislativo para ser aprobado, hacer modificaciones al proyecto inicial, fue durante este trámite que en ambas cámaras parlamentarias, el senado y la cámara de representantes, fueron incluyendo aspectos que más tenían que ver en la forma como se les juzga a ellos como congresistas en vez de buscar alternativas viables para hacer de la justicia un servicio más pronto y oportuno. Fue así como a través de la acción del congreso y la omisión del gobierno se introdujeron aspectos como:

• Quien denuncie a un congresista debe hacer pública su identidad (no se permiten denuncias anónimas) cabría la pregunta ¿denunciaría usted a un congresista por corrupción o vínculos con grupos al margen de la ley a sabiendas de que van a hacer pública su identidad?

• La fiscalía pierde la facultad de investigar a algunos aforados como: embajadores, gobernadores, ministros, generales, entre otros. Estas competencias pasarían a un nuevo tribunal (que aún no existe) por lo que en la práctica aquellos aforados que actualmente están siendo investigados solicitarían su libertad temporal y sus juicios volverían a comenzar ¿Qué opina usted de que Andrés Felipe Arias salga libre después del escándalo de agro ingreso seguro o Bernardo Moreno después de las chuzadas del DAS?

• Relativizaron las causales de pérdida de investidura (ejemplos de causales: tráfico de influencias, indebida destinación de dineros públicos, inasistir en un periodo a seis sesiones del congreso, etc.) cualquiera de ellas genera la pérdida del puesto en el congreso, esta “reforma a la justicia” es mucho mas bondadosa con los parlamentarios puesto que contempla: que incurrir en una de esas causales ya no necesariamente genera perder la calidad de congresista, puede dar lugar a una sanción, como la suspensión temporal (depende de la gravedad) que para el caso del senador Eduardo Merlano, famoso por haberse negado a practicar una prueba de alcoholemia por parte de la policía de barranquilla y por intimidar a los agentes del orden amenazándolos con poner la queja ante su superior valiéndose de su cargo como senador (causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias) ya no necesariamente, en caso de entrar en vigencia la reforma, va a perder su curul, podría ser solamente suspendido dos o cuatro semanas.

(Estos son sólo algunos de los Micos…)

La indignación ciudadana está totalmente justificada, pues es aberrante ver como parte de la clase política se vale de su poder y posición para beneficiarse. Por eso debemos apoya el referendo. Éste nos debería consultar sobre una posible revocatoria al congreso y sobre la derogatoria del acto legislativo 01 de 2011 que establece: “en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando congresistas participen en el debate y votación de proyectos de acto legislativos”. La existencia de este acto legislativo permitió que treinta congresistas en ejercicio actualmente investigados por la procuraduría y la corte suprema de justicia pudieran votar a favor de la reforma (ver), como quien dice fueron a la vez juez y parte… pusieron al ratón a cuidar el queso. En palabras de Cecilia Orozco (periodista): “la posibilidad de que los congresistas modifiquen la forma como a ellos se los investiga y juzga equivale a que un asesino pueda definir las reglas con que los juzgaran”.

Nos debemos seguir organizando para recoger firmas pero no contra la reforma a la justicia porque al no estar promulgada ni publicada jurídicamente no existe y no se puede derogar a través de referendo una reforma inexistente. Por eso digo SI a la consulta ciudadana, como una manera de decirle a los poderes públicos que ellos no pueden hacer lo que se les dé la gana, que hay una población y una democracia que se hacen respetar.

Reflexión: porque nuestra clase política pretende solucionar problemas nacionales, en este caso puntual: la congestión judicial a través de reformas a nuestra carta política ¿no bastaría una ley estatutaria? Reformar la constitución es un asunto de alto calibre pues es ella la que define la distribución de los poderes y competencias de las ramas del poder público ¿alguien duda acaso que a través de esta reforma lo que pretendía hacer el congreso en gran parte era blindarse del poder judicial, en otras palabras modificar facultades de la rama jurisdiccional respecto al poder legislativo?