Colombia… nos dejo el tren

Columnista José Jairo Jaramillo.

Sin lugar a dudas la política de seguridad democrática dio bastos resultados en cuanto al orden público y la lucha contra grupos al margen de la ley como las FARC y el ELN, ello se puede ver reflejado en la disminución de los homicidios y el secuestro, el promedio de homicidios en Colombia en el 2002 era de 79 diarios, mientras en el 2010 fue de 44 y pasamos de 1500 secuestros en 2002 a unos 100 el año pasado.

Mas la deuda más grande es la social, no nos podemos dejar llevar por los discursos que limitan los problemas de la nación al tema de la seguridad, sin lugar a dudas este es un factor a tener en cuenta y es un imperativo que el Estado a través de su poder legitimo imponga el orden y la autoridad. Mas la inseguridad no debe ser vista como la causa de los problemas de la nación entera sino como una consecuencia de las falencias estructurales de nuestra organización política y social.

Hoy Colombia es el país más inequitativo de Suramérica, el índice de Gini que se usa tanto para medir la concentración de la riqueza como la concentración de la tierra (el índice va de 0 a 1, entre más cerca a uno más inequitativa la distribución). El Gini de la riqueza en Colombia es de 0,585 en contraste con el 0,505 de América latina y el Gini de la tierra 0,875 solo superado en la región por Paraguay con 0,93. Si tenemos en cuenta que la economía durante el gobierno Uribe creció entre el 4% y 5% en promedio anual (cifra superior a la media nacional durante otros gobiernos) estamos ante un panorama donde las autoridades del estado no estuvieron a la altura de su responsabilidad a pesar de que se dieron las condiciones económicas para generar mayor bienestar a través de la justa distribución de la riqueza (que se puede canalizar a través de cobertura y calidad medica, educación, vivienda, subsidios, tributación diferenciada según estrato socio económico) y se dieron las condiciones políticas por parte del gobierno central como contar con mayorías suficientes en ambas cámaras legislativas o contar con un respaldo popular bastante amplio (lo que le facilitaba margen de maniobra y gobernabilidad) para entregar la tierra a quienes alguna vez perteneció antes de que paramilitares, guerrilleros u “otras fuerzas oscuras” les expropiaran sus propiedades a través de la intimidación de las armas…no se logro la tan necesaria reforma estructural .

En este caso, el Estado en vez de ser garante del bienestar general fue testigo impasible del deterioro del tejido social del país. “Antes de la revolución francesa, los nobles, que representaban el 1,5% de la población, eran dueños del 35% de la tierra cultivable. En Colombia no hay nobleza, pero la situación es peor que la del antiguo régimen. Tenemos cerca de 16.000 finqueros, que representan el 0,4% de los propietarios, que controlan el 62% de la tierra cultivable” (Leer: Mauricio García Villegas: Tierra y Bicentenario, El espectador 27 de agosto de 2010)

¿Mientras lo anterior se mantenga es posible hablar de justicia social en Colombia?