Lunes 16 Enero 2012
La restitución es necesaria primero y ante todo por razones éticas. La mínima decencia nos obliga a hacer justicia a los millones de desplazados, que fueron despojados de sus tierras y vieron sus vidas truncadas. No podemos legitimar fortunas obtenidas a costa del sufrimiento de las víctimas.
La restitución es imperativa también por razones políticas: debemos privar de sus beneficios y sus bases económicas a las organizaciones criminales que impulsaron el despojo. Sólo podremos consolidar nuestra precaria democracia colombiana si esos poderes antidemocráticos son puestos en cintura.
Pero este proceso, tan importante, enfrenta enormes dificultades.
Las experiencias de restitución en otros países, como en Bosnia o Sudáfrica, se intentaron en general una vez terminado el conflicto armado o derribado el régimen opresor, lo cual no sucede en Colombia. La guerra continúa y muchos de los poderes que han estado detrás del despojo siguen dominando en muchas regiones. Los desafíos de seguridad son entonces enormes, no sólo para las víctimas, sino también para los funcionarios que adelantarán esos procesos.
Existen además problemas jurídicos serios. El proceso judicial de restitución, previsto en la Ley 1448, modifica muchas de las reglas clásicas del derecho civil, al establecer, por ejemplo, presunciones de ilicitud de las compras de tierras en ciertas zonas de violencia y desplazamiento. Estas modificaciones son necesarias, pero ¿será que nuestros jueces, que fueron formados en el respeto casi sacrosanto al Código Civil, podrán asimilar y aplicar este nuevo derecho civil transicional?
Pero seamos optimistas. Supongamos que los problemas de seguridad son resueltos y las autoridades están a la altura del desafío. Y que entonces, en pocos años, se logra la devolución de la casi totalidad de las tierras despojadas. ¿Podemos quedar tranquilos porque se hizo la tarea?
La respuesta es desafortunadamente negativa, porque antes del despojo de las últimas décadas, la propiedad agraria ya estaba muy concentrada y muchos campesinos vivían en la pobreza extrema. Colombia vivió entonces una verdadera contrarreforma agraria, pues eso fue el despojo, pero sin que previamente hubiera habido una genuina reforma agraria. Además, el modelo de desarrollo rural de los últimos años, fundado sobre todo en las empresas agroindustriales, no ha sido favorable al campesinado ni a los grupos étnicos. Existe entonces el riesgo de que muchos desplazados a quienes les retornen su tierra, puedan perderla, a la vuelta de algunos años, pero por razones económicas.
No basta entonces con borrar las consecuencias del despojo por medio de la restitución. Son necesarias medidas complementarias, que logren una mayor equidad; es, pues, imperativo que Colombia adopte una reforma rural integral, como la propuesta por el reciente informe de desarrollo humano del PNUD, que prevea un lugar productivo digno al campesinado y a los grupos étnicos. Pero desafortunadamente algunas de las propuestas gubernamentales parecen ir en la dirección contraria, pues refuerzan el papel de las empresas agroindustriales.
El gobierno Santos merece todo el apoyo por su compromiso con la restitución, pero también una vigilancia crítica para que no borre con el codo (el modelo de desarrollo rural) lo que pueda estar haciendo con la mano (la restitución).
*Director del Centro de Estudio “DeJuSticia”.
En este sentido...
Autor: Betto (ver más)
Título: Desalojos (21/01/2012)
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