martes, 13 de septiembre de 2016

La historia no se puede repetir

Por Sebastián Acosta Zapata.

Nuestra guerra, porque lo que hemos tenido durante décadas es una guerra de “baja intensidad y larga duración” -según la literatura de los conflictos y paz- llamada conflicto interno armado, no es nueva y se pueden rastrear puntos neurálgicos en la historia de Colombia en los que casi se acabó la violencia política.

En tan solo medio siglo hemos asistido a dos intentos muy importantes de solucionar el conflicto armado por medios políticos y a través de las negociaciones entre el gobierno nacional y los grupos insurgentes al margen de la ley.

El primero de ellos fue la Ley de Amnistía promulgada en 1953 por el presidente de la República de ese entonces, el General Gustavo Rojas Pinilla, hacia las Guerrillas Liberales conformadas en todo el país con principal presencia en el Tolima, Huila y los llanos orientales. José Guadalupe Salcedo, Jorge Enrique González, Humberto Paredes, Dumar Aljure, Rafael Calderón, Marco A. Torres, José Raúl Mogollón, entre otros, firmaron el documento que “deponía las armas de forma honrosa” ante el Estado colombiano. Entre las filas de estas guerrillas liberales había un hombre que aparecería en los libros del conflicto y la violencia del país, Pedro Antonio Marín Rodríguez, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo. Los acuerdos entre estas guerrillas y el Gobierno nacional se respetaron en alguna medida hasta 1957 cuando ya Rojas Pinilla no era presidente y asesinaron al comandante más notorio de este movimiento en otrora guerrillero, Guadalupe Salcedo. Así inició la espiral de asesinatos contra exguerrilleros, por parte de agentes del Estado y grupos vengativos.

Ante este panorama, varios exguerrilleros, entre ellos Tirofijo y Jacobo Arenas, se devolvieron al monte a seguir con la lucha armada, con la guerra. Y en 1964 fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo -FARC-EP-. Combatieron sin tregua con el Estado hasta 1982 cuando Belisario Betancur entabló negociaciones de paz con las FARC. Producto de ese proceso surgieron los Acuerdos de La Uribe que procuraban una tregua de un año con posibilidad de ser definitiva. Esos acuerdos lograron también la creación del partido político Unión Patriótica -UP-. Las FARC no se desmovilizaron como organización, pero varios de sus miembros cambiaron la lucha armada por la política.

El segundo caso, más reciente y relacionado con el anterior es el vinculado con el Movimiento 19 de Abril -M-19-. Este movimiento guerrillero surge por la exigencia de más democracia. El Frente Nacional, o sea, la oligarquía partidista, liberal y conservadora, había cooptado al Estado impidiendo que otras fuerzas políticas se concretaran. Y el hecho cumbre fue el manejo fraudulento que le dieron a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. El virtual ganador era Gustavo Rojas Pinilla, líder de la Alianza Nacional Popular -ANAPO- un movimiento donde convergían diferentes posturas políticas, no obstante fue declarado presidente Misael Pastrana Borrero (padre de Andrés Pastrana Arango, quien después desarrollaría una negociación fracasada con las FARC a finales de los 90). Esto motivó a que sectores de la izquierda, intelectuales, clase media se organizaran en una “democracia en armas”. El M-19 a diferencia de las FARC, era un grupo urbano y llevó a cabo acciones de mayor impacto tanto simbólicas, como el hurto de la Espada de Bolívar, como bélicas al tomarse el Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Por múltiples factores (narcotráfico, descrédito del Estado, violencia exacerbada, etc.), se desarrolló un proceso de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19 cuyo epicentro fue en Santo Domingo, Cauca. Que dejaría una imagen imborrable en los colombianos, aquella que muestra al comandante máximo de esa guerrilla, Carlos Pizarro León-Gómez, envolviendo su revólver en una pequeña bandera de Colombia. Luego de ese año memorable de 1989, no solo para Colombia sino también para el mundo, la agitación política llegó a un punto álgido, se convocó entre 1990 y 1991 a una Asamblea Nacional Constituyente y a mediados de 1991 se firmó la Constitución Política de Colombia.

No obstante, en medio de estos dos acontecimientos mataron, miembros del Estado en representación del Departamento Administrativo de Seguridad -D.A.S.- en concordancia con los paramilitares, a cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro León-Gómez y Luis Carlos Galán. Lastimosamente estos cuatro hombres, miembros de sectores socialdemócratas, de izquierda y representantes de la Unión Patriótica (los dos primeros), del Movimiento Alianza Democrática M-19 y del Partido Liberal Colombiano, respectivamente, hicieron parte de un plan sistemático de extermino de agentes del Estado, paramilitares y sectores de la extrema derecha contra miembros de la izquierda o figuras de la socialdemocracia. Se calcula que entre 1985 y 1995 fueron asesinados entre 3.000 y 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Se cometió un genocidio por razones políticas, hasta ahora único en el mundo. Muchos de los asesinados habían pertenecido a grupos subversivos.

No podemos permitir que la historia se repita. Ahora, más que nunca, vale la máxima “El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. No se puede repetir el asesinato de hombres y mujeres que quieren dejar la guerra. En una nación con una historia tan violenta y bélica como Colombia, incitar a la resistencia civil desde la derecha puede representar otro exterminio, como el de finales de los 50 o el de los 80 y 90, de los excombatientes, de los líderes sociales, de los líderes y defensores de derechos humanos, de líderes de base… y más cuando las fuerzas armadas paramilitares siguen vigentes y todavía hay reductos en el Estado que pueden vincularse con estas fuerzas armadas para eliminar la oposición política e ideológica. No es necesario dar la orden expresa para que se cometa una barbarie, solo basta con un gesto, con una señal, con un par de palabras: “resistencia civil”, y los violentos sobreentienden que se está incitando a la eliminación física del otro.

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