Director del programa de Ciencia Política
Miembro de Redintercol
Universidad Icesi - Cali
marzo 8, 2012.
(Ver en Portafolio.co)
Las exploraciones petroleras han despertado más atención sobre el archipiélago.
Todos los años, con distinta intensidad, la cercanía del 2 de abril despierta en Argentina una serie de reclamos por la soberanía de Malvinas.
Este año, además, la conmemoración de los 30 años de la guerra de 1982, potencia el dinamismo de un gobierno argentino particularmente activo en ese campo y una sociedad que, independientemente de las diferencias políticas de sus partes, tiende a reaccionar frente al tema con posiciones escasamente reflexivas que repercuten en las decisiones del primero –pocos temas son tan susceptibles de manipulación demagógica como este.
Hacemos referencia a una sociedad que, hasta hoy, sólo mostró una autocrítica parcial con respecto a la inexplicable reacción manifestada tres décadas atrás, cuando asumió como una gesta patriótica el irresponsable arranque de un gobierno militar al que culpó por no haber ganado la guerra y no por haberla tenido.
Pero esta lógica de confrontación no se agota de este lado del Atlántico.
Se establece así, un juego de suma cero en el que Argentina sólo está dispuesta a negociar si sobre la mesa se pone el tema de la soberanía, mientras que Inglaterra únicamente lo haría si esto no se hace. De este modo, las políticas de ambos gobiernos, más que resolver un problema internacional, aparentan estar dirigidas a la opinión pública doméstica, frente a un tema que despierta una intensa irracionalidad, y que se ‘justifica’ bajo la premisa de una comunidad de sentimientos que impide desapasionarse.
Sin embargo, escondidos detrás de la demagogia y más allá del chauvinismo social y del debate abstracto relativo a la detención de soberanía sobre el territorio, hay diversos argumentos de peso que debieran discutirse.
El principal, las exploraciones petroleras que han despertado una mayor atención sobre el archipiélago.
Pero estas no sólo se proyectan en los yacimientos existentes alrededor de él, sino en el reclamo potencial sobre territorios submarinos de la Antártida, ricos en hidrocarburos, y que Gran Bretaña –usando las islas como plataforma– podría reclamar en el futuro. Recordemos que, en esa línea, existe un precedente cercano como consecuencia de los avances que ocho países del hemisferio norte realizaron sobre la división de una amplia proporción del subsuelo marino en el Ártico, en junio del 2011.
Respondiendo a esta situación, el Gobierno argentino desplegó una estrategia novedosa, y en varios aspectos inteligente.
La presidenta Cristina Fernández determinó el abandono de una posición estrictamente unilateral para enfrentar el problema de manera regional. En tal sentido, logró el apoyo de varios de los vecinos, legitimando su acción y contribuyendo simultáneamente a deslegitimar la británica, con el efecto negativo de aumentar los costos de la ocupación.
Aunque vale insistir que no existe un consenso al respecto. Mientras que varios gobiernos la han apoyado sin restricciones, otros se han mostrado dubitativos o, incluso, contrarios a acciones como el bloqueo de sus puertos a barcos con bandera de Malvinas.
A pesar de ello, no está claro que esto vaya a traducirse en resultados tangibles. Sobre todo por las posturas inflexibles basadas en una rígida –e inútil para el caso– idea de soberanía absoluta e indivisible.
Dentro de este marco de análisis, como se mencionó, ninguno de los dos está dispuesto a ceder algo de terreno, condición necesaria para la viabilidad de cualquier tipo de acuerdo. Mientras tanto, el statu quo continúa beneficiando a Gran Bretaña.
¿Pero a quién perjudica más intensamente la situación actual?
Son los kelpers –habitantes de las islas desde 1833 y primeros colonizadores civiles de las mismas– los principales afectados.
La falta de flexibilidad en las posiciones de ambas administraciones los mantiene atrapados en una tensa posición. Situación agravada por la presencia de un gobierno argentino que no los reconoce como sujetos de derecho al intentar forzarlos a aceptar una ciudadanía y un gobierno que no desean.
El resultado final es un círculo vicioso en el que ambos países le prestan una atención exagerada a una dimensión específica del asunto –de moderada importancia– quedando relegado el debate esencial y haciendo muy poco viable cualquier tipo de solución.
Con ello, estos últimos han buscado reafirmar la necesidad de efectuar cambios estructurales a los foros de decisión globales. Tal es el caso también de los órganos especializados de las Naciones Unidas, que deben reflejar, a su modo de ver, la nueva distribución de poder mundial.
