Casas completamente desocupadas, barrios parcialmente desplazados y controlados por grupos criminales, jóvenes masacrados, y mujeres intimidadas, son algunas de las frases características de los titulares de prensa que han hablado últimamente de Buenaventura. Además, las movilizaciones, las denuncias, los informes, los testimonios y las miles de voces de miedo y resistencia que han hecho visible la realidad del puerto, ponen ante el estado y la sociedad civil, escenarios de un conflicto cambiante, que exige a gritos llevar a cabo procesos y acciones de inversión social de corto y largo plazo que son mucho más complejas que las etapas de militarización que la población del puerto vive hoy.
Buenaventura es hoy un territorio de fronteras políticas, culturales y económicas, producto de años de migración e importantes desplazamientos poblacionales. Los escenarios de violencia que hoy caracterizan a esta ciudad, representan los límites ente la violencia y la convivencia, la ruralidad y la urbanidad, la ilegalidad y la legalidad, la destrucción y la conservación, y la pobreza y la riqueza. Entender los escenarios de violencia en Buenaventura como una reacción a las condiciones estructurales que le han acontecido históricamente, terminaría por respaldar una versión que se queda corta para entrever la complejidad de las dinámicas coyunturales en virtud de todos los elementos que coexisten en escena. Como elemento de poder, es necesario explorar más allá del ejercicio físico directo de la violencia y comenzar a indagar por gramáticas, estéticas y lógicas particulares que se desprenden del acto violento.
Una mirada al pasado
No fue hasta comienzos del XIX que el estado inicia algunos cambios importantes que transformaron la realidad de Buenaventura. La reactivación de la ruta Cali-Buenaventura, el nombramiento de un alcalde, notario, registrador, y del decreto que oficializó la apertura del puerto, permitieron demostrar el interes para darle un impulso economico al puerto que jugara un papel muy importante en las exportaciones de café durante todo el comienzo del siglo XX. Sin embargo, desde este momento la situación socio-económica de la ciudad comienza a dejarse de lado, situación que se perpetúa hasta el presente. Esto permite entrever una falta de voluntad política por mejorar la situación de la población en contravía al comercio portuario que empieza a presentar importantes resultados de bonanza económica. Diferencia que se acentúa, aún más, luego de la privatización del puerto el 21 de diciembre de 1993.
Su cercanía a Panamá y proximidad a países del Asia-pacífico y ciudades del este los Estados Unidos, ha convertido a Buenaventura en el puerto geoestratégicamente más importante del país. En congruencia con lo anterior, en Buenaventura se empiezan a dar dinámicas delictivas que la van convirtiendo en un caldo de cultivo para diferentes formas de expresión de la ilegalidad, desde la emergencia de grandes capos responsables de la exportación de las drogas ilícitas del Cartel de Cali a los Estados Unidos en los 80 y 90, hasta la conformación de pequeños traficantes locales, herederos del negocio del narcotráfico luego de la entrega de los grandes cabecillas de dichos carteles. A partir de 2000 suceden, por un lado, la mayor etapa de fragmentación del tráfico de drogas en la que se fortalece la articulación de actores nacionales e internacionales que participan de manera independiente y diferenciada en cada eslabón de la cadena productiva, y por el otro, una expansión de la siembra de coca y la arremetida de los paramilitares en la zona. Así, además de actores que hacen parte del proceso de producción, en Buenaventura también hacen presencia actores que actúan de intermediarios, encargados de hacer funcionar la red de transacciones, que en este caso no sólo son de orden internacional sino que involucra, también, a la primera etapa: el cultivo de la hoja de coca.
Como un fenómeno macro de transformación de las estructuras criminales, en Buenaventura se produce un fenómeno de expansión de las denominadas bandas criminales o neo-paramilitares (La Empresa, Los Urabeños), que nacen con el proceso de desmovilización del 2005, y que se expresan en una nueva forma de apropiación y adaptación de la violencia, y unas formas de control territorial que visibilizan procesos transitorios de re-territorialización de la misma. Los actores armados de los grupos criminales no son externos a estos territorios, sino que es a diferencia del paramilitarismo contrinsurgente, en esta fase sera la misma población de estas ciudades la que se está vinculando a las dinámicas del narcotráfico. Lo anterior, a través de un proceso de reconfiguración de las estructuras organizacionales del tráfico de drogas que hoy han llegado a presentar una cara cada vez más relacionada a formas de outsourcing criminal.
Violencia en Buenaventura
Buenaventura se configura como lugar de interés estratégico, pues su área marítima une al norte y sur del Litoral Pacífico y dentro del territorio colombiano este puerto es considerado como punto final de las rutas de exportación de la producción nacional de la droga ilícita proveniente, principalmente, de los departamentos de Cauca y Tolima. Así pues, Buenaventura se constituye como un lugar de conflicto en donde tienen lugar fuertes disputas por el control territorial por parte de varios actores armados ilegalmente; los cuales luego de cierta permanencia en este territorio, expanden sus repertorios de acción con tal de obtener mayor control sobre todas las actividades ilícitas que van desde narcotráfico hasta el cartel de robo y el contrabando de gasolina. La diversificación de las fuentes de financiación, además, es una de las características de las bandas criminales que ocupan los vacíos de poder que dejó, en distintas zonas del país, el proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración realizado durante una de las administraciones de Álvaro Uribe. Esto coincide con que desde los últimos diez años, Buenaventura se ha caracterizado por sufrir recurrentes episodios de violencia cargada, cada vez más, de barbarie y sevicia.
Claramente es un territorio de frontera, una puerta para la importación y exportación, lo cual se presta, infaliblemente, para el contrabando que va desde exportaciones ilegales hasta la entrada de insumos químicos para la industria ilegal, relacionadas al comercio de drogas ilegales, pero también al comercio de armas para la guerra y las redes de protección a la industria, y los bienes utilizados en los procesos de lavado de activos. Por lo tanto, el Pacífico terrestre de Buenaventura, así como su extensión marítima, se configura como un lugar de interés no sólo para el Estado y demás actores políticos, sino también para el narcotráfico en general que vincula bandas criminales (Paisas, Urabeños, Rastrojos, Empresa) y guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
Esta confluencia de intereses, hace de Buenaventura una población con indicadores de pobreza, marginalidad y violencia que se expresa entre 2003 y 2010, en cifras de aproximadamente 1900 personas muertas, de las cuales más de 1300 son jóvenes entre 15 y 35 años, es decir que el 67% de la población total víctimas son estas generaciones de jóvenes. Desde el 2000 se presentan denuncias, reportes de prensa, e informes de medicina legal que indican un aumento considerable de asesinatos, desplazamientos, masacres colectivas, amenazas y desapariciones forzadas que incluyen personas tanto inocentes como pertenecientes a los grupos criminales, o a las fuerzas armadas. Además de las víctimas que han sido líderes comunitarios, periodistas, activistas, etc. De hecho, durante el 2014, se han presentado más de 50 personas asesinadas y la Armada Nacional ha capturado a 41 personas de las cuales 12 son menores de edad y la Policía ha capturado a 60 miembros de las bandas criminales.
Impactos y cambios sociales
Por un lado, el descuartizamiento que se viene llevando a cabo hace varios años en Buenaventura, se hace público con la puesta en evidencia de las casas de pique. El aumento significativo de los desmebramientos, decapitaciones y torturas, hacen parte de técnicas del terror que deshumanizan al enemigo, pues más allá del ejercicio de matar, se expresan sistemas de normas y valores internos trasgredidos, manifestados en la corporalidad mediante la tortura, que anulan la subjetividad de la víctima. Por demás la agresión no va dirigida únicamente sobre quien se ejerce la acción; más bien se configura como un mensaje emitido, al resto de la población con el fin de hacer patente una advertencia para implantar terror colectivo, dejando en manos de cada individuo la responsabilidad de la existencia propia, nunca será culpa del verdugo. La violencia y la muerte dejan de ser elementos instrumentales que suprimen el obstáculo que el enemigo representa en la consecución de un fin, para demostrar un ejercicio de poder sobre el cuerpo hasta denigrarlo. También debe reconocerse que esta dinámica obedece a un cambio de repertorios que se inaugura con la llegada y arraigo del neoparamilitarismo que con el narcotráfico, involucran la disputa territorial por rutas estratégicas de tráfico de drogas.
Así, el narcotráfico ha gestado lógicas diversas de crimen. Una de ellas es la forma en que se racionaliza la violencia mediante la tercerización de la misma, como si se tratase de la prestación de un servicio. El ejercicio de la violencia se ha descentralizado dando lugar a pequeños focos de control, para regular la competitividad y especialización en la prestación de un servicio susceptible de ser contratado. En ese escenario, el papel del narcotráfico se expresa en tanto consumidor de ese tipo de violencia, representada en Colombia por las “oficinas de cobro” y los llamados sicarios a sueldo, sector que en general, contrata y coopta jóvenes de barrios marginales como ha venido dándose en aumento en Buenaventura. La tecnificación y la instrumentalización de la violencia, dejan ver que su ejercicio como práctica performativa ya no justifica un ideal político, la defensa de los propios, o una motivación emocional, sino que se vuelve un fin en sí mismo al estar mediada por una transacción económica.
Por ello, la situación actual de Buenaventura no se puede entender sin hacer una lectura adecuada de los elementos históricos mencionados y del contexto social y económico atravesado por dinámicas del narcotráfico, el conflicto armado y el capital privado. El gran ausente ha sido el Estado como protector de la población y principal combatiente de la pobreza, la escasez de oportunidades económicas, la negación o restricción de los servicios públicos, los conflictos y la represión del Estado mismo. Con todo y eso, la precariedad de las condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura ha sido una constante histórica y aunque desde los años 70 se vienen estipulando políticas que ayuden a cambiar este panorama, la efectividad de dichas políticas, sin embargo, quedan en entredicho al ver la situación social en que está sumida la totalidad de la población. Recordemos dque de acuerdo al Dane el 80,6% de la población del puerto viven en condiciones de pobreza.
Finalmente, otra forma de dar cuenta de esa racionalización de la violencia, viene desde la idea de seguridad como política estratégica del Estado, que en nombre de la protección a la población despliega un proceso de militarización del espacio como una forma de control sobre el mismo. Se desconoce así que lo que se ataca es la consecuencia de un abandono histórico de la población, que permitió la emergencia de poderes y legitimidades locales. Por otra parte, las políticas de seguridad expresadas en la militarización dan cuenta de técnicas de gobernanza, que involucran variables económicas, pues recordemos el lugar estratégico que representa Buenaventura para la economía del país.
En virtud del neoliberalismo y la protección de las élites políticas y económicas en juego, se despliega todo un andamiaje político-militar, que desconoce las implicaciones sobre la población misma, pues su cotidianidad es invadida por un ambiente de intimidación que impide el desarrollo de las prácticas diarias a plena cabalidad, y que ya no es sólo ejercida por los actores armados al margen de la ley. A mayor escala, las implicaciones económicas y políticas rebosan las agendas de seguridad y económicas; a menor escala las repercusiones de la violencia en la sociedad civil inmediata a estos enfrentamientos está cobrando cada vez más la tranquilidad de muchos habitantes.
Militarización: ¿solución?
A corto plazo, son preocupantes todas estas generaciones de jóvenes que proyectan su vida a través de formas de ascenso social y económico asociadas a su interés por la vinculación formal o informal a las empresas criminales. Desde una perspectiva tanto individual como colectiva, su identidad se construye política, económica y socioculturalmente a través de lenguajes, relaciones de poder, prácticas económicas y saberes, que se expresan a través de los diversos repertorios de violencia que se han mencionado. Sin embargo, a mediano o largo plazo, la población de Buenaventura a futuro estará mayoritariamente constituida por aquellos niños que hoy incluyen en su memoria colectiva los gritos de las casas de piques y de torturas, que escuchan mientras intentan prestar atención al profesor(a) que enseña frente al tablero en su escuela.
Buenaventura no aguanta más. Mientras se militarizan los barrios, la sociedad es permeada por procesos de naturalización de la muerte a temprana edad, de transformación de las estructuras familiares en función de la deasparación y asesinato de los hombres jóvenes, de rupturas en la credibilidad de la población en las instituciones que representan autoridad y poder dentro de la sociedad, de reproducción de prácticas y relaciones sociales marcadas por la individualidad y de reproducción de factores de miedo dentro de la población.
A pesar de lo anterior, asesinatos como los de Luis Carlos Rentería de 29 años, las masacres y desapariciones colectivas de los jóvenes desde hace más de 10 años, están despertando movilizaciones y llamados de atención de la comunidad que sacrifica su seguridad y su vida, divulgando y denunciando los constantes crímenes, que hacen de uno de los puertos más importantes del país, un lugar de violencia invisibilizado y maquillado por discursos de securitización. Porque la violencia no son solo los asesinatos, violencia es la marginalidad y pobreza en que está sumida la totalidad de la población del Puerto colombiano más importante del país. Violencia es la indiferencia con la que el resto del país, se ha olvidado del Puerto.
* En este artículo colaboraron: Inge H. Valencia, Natalia Perez, Laura Torres, Olga Llanos, Cristian Erazo y Adolfo A. Abadia.
Enunciados como los anteriores invitan a repensar como a pesar de todas las celebraciones vinculadas al año internacional de la afrodescendencia, y de la asistencia multitudinaria al Festival de música del pacifico “Petronio Álvarez”, la estrategia racial opera como un recurso eficaz cuando el debate se desplaza de los espacios patrimoniales de la cultura hacia los escenarios efectivos del poder político. Este tipo de recursos, listos a ser utilizados, también nos invita a preguntarnos: ¿Cómo a pesar de 20 años de implementación de un estado multicultural, el racismo en tanto recurso político y social subsiste en los resortes imaginarios de la sociedad colombiana? ¿Qué papel juega la etnicidad en el escenario político caleño? ¿En este caso estaríamos hablando de fenómenos de oposición étnica, racial, o de clase social? ¿Cómo operan las estructuras del racismo, el getho y la exclusión en nuestros contextos contemporáneos? 
