Hoy es Petro mañana ellos

Columnista José Jairo Jaramillo.

El presidente Juan Manuel santo no solo actuó contrario a la ley, sino que a mi entender actuó en contra de lo que puede ser su legado para la historia, la paz con las FARC.

Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, ha destituido alrededor de 331 funcionarios de elección popular (9 senadores, 3 representantes a la cámara, 288 alcaldes y 31 gobernadores) ¿Pero por qué solo hasta ahora se cuestiona sobre la competencia del Procurador para destituir e inhabilitar a funcionarios electos por voto popular?

La respuesta es que “le decretó la muerte política” a Gustavo Petro, a uno le puedo gustar o no este dirigente, lo cierto es que él representa en el imaginario colectivo lo que no representan los cientos de otros líderes políticos del país. Desenmascaro la parapolítica, arriesgando su vida con ello, destapo el carrusel de la contratación en Bogotá, y es un ex guerrillero que dejo las armas y se la jugo por la democracia, Samuel Moreno, responsable del saqueo a la capital colombiana solo fue sancionado con 1 año de inhabilidad, Petro quien denuncio ese robo es castigado con 15 años ¡que contradicción!

El problema de fondo, es jurídico más que político, veamos. El ordenamiento jurídico interno reconoce las facultades del procurador de inhabilitar y suspender a funcionarios públicos (artículo 277 de la Constitución). Por otro lado la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23 establece que solo un juez a través de un proceso penal puede limitar los derechos políticos. Muchos dirían que prima la Constitución pero el asunto no es tan sencillo. La misma carta política en su artículo 93 establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno, tal es el caso de la Convención Americana.

La procuraduría cuando destituyo e inhabilito a Petro no actuó como juez sino como organismo de control y no lo hizo dentro de un proceso penal sino disciplinario, lo que a todas luces pone de manifiesto que estas facultades del ministerio público son contrarias al derecho interamericano.

Ante su sanción el ahora ex alcalde de Bogotá recurrió a las tutelas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las primeras fracasaron ante las cortes colombianas, mientras la CIDH solicito al Estado suspender la destitución del alcalde hasta que la Corte Interamericana resolviera el asunto de fondo. Como ya todos saben, el Presidente Santos, decidió que no eran vinculantes y por tanto no eran de obligatorio cumplimiento.

La misma corte constitucional en sentencia T-558/03 considero que tales medidas si son obligatorias, y no solo en casos en los que este la vida en peligro, como dijo la canciller, sino…EN TODOS. El jefe de Estado actuó más por cálculo político que jurídico, pero creo que le puede salir caro, pues lo que podría ser su mayor obra de gobierno, el proceso de paz con la guerrilla, se ve afectado. Petro un ex guerrillero que gano el poder en democracia fue destituido he inhabilitado 15 años. Eso mina la confianza pues los subversivos pensaran que no hay garantías, hoy es Petro mañana ellos.

Lo que importa es Bogotá

Por Jhosef Eduardo Meza Cuesta.
Estudiante de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá D.C.

Bogotá está polarizándose por la situación del alcalde Gustavo Petro. En el fondo lo sé, porque situaciones como esta hacen que la gente no tenga más opción que escoger entre uno u otro bando, a pesar de que hay alternativas como la abstinencia –aunque Néstor Morales diga que es solo otra expresión de apoyo a Petro-. Ahora, con la estancada revocatoria de la Procuraduría General de la Nación y el referendo próximo, la gente de esta ciudad se está dividiendo entre los petristas, quienes consideran que el alcalde ha hecho una buena gestión y que la “oligarquía” lo quiere tumbar por ayudar a los más pobres; y los antipetristas, quienes dicen que ha sido uno de los peores alcaldes, y cuyo gobierno se caracteriza por la improvisación e ineficiencia a la hora de aplicar sus políticas, y para algunos, la intransigencia del burgomaestre.

De todos los debates que se han hecho en torno a este evento queda una simple pregunta: ¿quién tiene la razón? Ambas partes esgrimen buenos argumentos porque se basan en hechos y en el derecho interno e internacional. Sin embargo, están marcadas por cierto orgullo que se manifiesta por las connotaciones de cada una de ellas: por un lado, los defensores de Petro cometen el mismo error que él, y es atar su destino político al proceso de paz –algo que, de por sí, es grave- y al buen desarrollo de la ciudad y de la democracia; su catalizador es la visión de “mártir” –por cierto, de izquierda- que ha transmitido a través de sus discursos. Y por otro, los que están en contra suya también exageran en algo: afirman que Bogotá está en la peor crisis en muchos aspectos aparte de los anteriores –improvisación, ineficiencia e intransigencia-, de los que resaltan la seguridad –exageración porque, según un informe de la periodista mexicana Carmen Aristegui que salió el año pasado, la ciudad no está ni siquiera entre las ciudades más peligrosas del mundo- y la movilidad –exageración porque no es culpa exclusiva del actual mandatario, sino de alcaldes anteriores, empezando por Samuel Moreno-, entre otros. Ambos comparten una equivocación y es que consideran, respectivamente, que su expulsión o su permanencia en el Palacio Liévano implicará una situación muchísimo más crítica a la que, en verdad, considera cada parte. Por eso, especialmente, dicen firmemente que tienen la razón.

Alguna vez, hablando con una amiga, me dijo que temía que, por esta situación, hubiera otro bogotazo como el del 9 de Abril, pero se retractó de sus palabras. Estas no dejan de ser inquietantes porque el referendo revocatorio se acerca cada vez más, a pesar de que será el 6 de Abril, y las campañas respectivas ya empezaron. Puede que haya algunos roces o enfrentamientos entre los contrincantes, pues ambos defenderán su posición a capa y espada, pero esto no debe ir más allá llegando, incluso, a la violencia –no faltan los radicales que siempre hay dentro de estos grupos…-. Menos mal, hasta ahora, nadie ha hecho un llamado al desorden y la persecución aunque, por lo álgido del evento que en sí mismo se caracteriza así, algo podría ocurrir, así no pase de los insultos mutuos en las redes sociales.

Por ello, y como ciudadano bogotano, hago un llamado a las partes y a los conciudadanos a que voten en la revocatoria si lo desean, pero que no piensen en hacerlo por Gustavo Petro, ya sea porque lo aman o porque lo detestan, ni mucho menos creyendo que su caída será el punto final del proceso de paz o que su continuidad será peligrosa para la institucionalidad del Estado y el cumplimiento de las leyes, como lo consideran algunos de sus contradictores. Y además, que generen debates civilizados en torno al tema, sin generar violencia o actos de intolerancia de ningún tipo. Lo que importa es Bogotá, y las personas, adeptas o no, opositoras al alcalde o no, en sí, los que voten, deberían tener eso en cuenta y ver este referendo no tanto como un campo de batalla entre la oligarquía y la izquierda, sino como una oportunidad para decidir que es lo que quieren para la ciudad.